La patronal, los sindicatos y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cerraron un acuerdo en julio que abría la puerta a que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social asumieran el tratamiento de las bajas por causas traumatológicas, con el fin de agilizar su atención y reducir la incidencia de las bajas por incapacidad temporal. Ocho meses después de la firma con el presidente del Gobierno, ninguna de las comunidades autónomas ha empezado a aplicar el nuevo sistema, a la espera de que se formalicen los convenios de colaboración entre los gobiernos regionales, las mutuas y el INSS.
Desde el departamento que dirige Elma Saiz se muestran prudentes y evitan señalar un plazo concreto en el que esta fórmula pueda a comenzar a aplicarse en algún territorio, pese a haber anunciado hace un mes que Baleares llevaba la delantera y había suscrito el primer acuerdo. "Hay algunas muy avanzadas y esperamos que pronto se empiecen a firmar los convenios" apuntan fuentes del Ministerio de Seguridad Social, que cuentan con que este paso se haya dado en todo el territorio para el final de mayo.
Inicialmente no se contempló ninguna fecha concreta para su puesta en marcha, dado que se pactó un modelo común sobre el contenido de estos convenios, al que después podían sumarse cuestiones que respondieran a la situación concreta de cada territorio, con el objetivo de que los acuerdos pudieran aplicarse con carácter inmediato, una vez otorgada la firma al convenio. Esta demora, por tanto, responde a cuestiones de voluntad política o a las diferencias que puedan existir entre los representantes de los empresarios y de los trabajadores al respecto en alguna zona.
Las fuentes consultadas esperan que tenga una implementación progresiva en la segunda parte del año y que los convenios queden cerrados antes del verano. Después, tendrán que ser los médicos de atención primaria los que decidan derivar a un paciente -con su consentimiento previo- a la mutua que haya firmado el convenio, si aprecia que la Seguridad Social acumula largas listas de espera para el tratamiento o las pruebas diagnósticas que requiere. Si bien, esta cesión de las bajas laborales por lesiones físicas es parcial, puesto que después, el trabajador volverá al sistema público para que sea este profesional el que decida si le da o no el alta.
La explicación es que el acuerdo fue el resultado de una larga negociación entre el Gobierno y CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en la que los empresarios y los sindicatos partieron con posturas distanciadas. Desde el ámbito empresarial, dada la preocupación por el problema de absentismo, que no solo se reduce al aumento de las bajas, pero en el que estas juegan un papel clave, se buscaba que las mutuas pudieran tratar cualquier tipo de baja de los trabajadores, incluidas las de salud mental en las que se ha localizado el repunte en los últimos años.
La patronal también buscaba ceder a las mutuas la capacidad de dar el alta al trabajador. Sin embargo, los sindicatos se negaron a ambos puntos por considerar que estas podían recibir presiones por parte de las empresas para agilizar los procesos y adelantar su incorporación, en vez de poner en primer lugar la salud. Los representantes de los trabajadores entienden que la situación responde a un problema de falta de financiación de los servicios públicos de salud y se negaron a dar más margen a las entidades colaboradoras.
No obstante, todos los negociadores estaban de acuerdo en que en los últimos años se había registrado un problema en esta materia que no dejaba de crecer, como prueba el hecho de que todas las partes lo incluyeran como uno de los puntos a abordar antes de 2025 en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en 2023.
Comisión de seguimiento
En los próximos meses, se tendrán que conformar las diferentes comisiones previstas en la reforma de la Ley de Seguridad Social para seguir la evolución de estos acuerdos y el funcionamiento de la cesión a las mutuas. Una de ellas tendrá carácter nacional y estará integrada por la Seguridad Social, las mutuas y los representantes de la patronal y los sindicatos. Asimismo, se formará una por cada comunidad autónoma, en la que estará representado el servicio público de salud regional.