Bruselas
Bruselas pospone sine die la evaluación, y por tanto el pago, del quinto tramo del Plan de Recuperación español, dotado de 25.000 millones en fondos Next Generation. Las fuentes consultadas por elEconomista.es en el Ejecutivo comunitario dejan claro que, actualmente, "no hay una fecha tope" para llevar el cabo el examen necesario para poner en circulación las transferencias a fondo perdido y créditos, que nuestro país tiene pendientes de recibir.
Más concretamente, dichas fuentes explican que "la evaluación formal ha sido pausada para completar los necesarios intercambios" –de información– "entre la Comisión y las autoridades españolas". Bruselas evita así fijarse nuevos tiempos para dar el placet a Moncloa debido a las actualizaciones en el plan de cumplimiento de hitos que España aún tiene pendientes, en especial, la subida fiscal al diésel. No obstante, el Ejecutivo comunitario evita referirse explícitamente a ese cambio tributario, cuyo futuro está más en el aire que nunca, dada la división que presenta el Congreso de los Diputados. En su lugar, Bruselas argumenta que "la petición de pago presentada es de gran envergadura y requiere un intercambio exhaustivo con las autoridades españolas".
Pese a la diplomacia que caracteriza a las palabras de los funcionarios europeos, lo que resulta ya innegable es que España acumula un retraso significativo en el calendario del plan de Recuperación. Inicialmente, el quinto pago estaba previsto para el segundo semestre de 2023, aunque no ha sido hasta diciembre de 2024 que el Ejecutivo de Sánchez remitió la solicitud de pago a Bruselas.
En las últimas semanas, el único avance registrado se limita al sí dado por la Comisión, en la noche del pasado día 11, a la solicitud de Moncloa de hacer modificaciones en su solicitud.
Lo que no se podrá cambiar es el deadline fijado para agosto de 2026, el mes límite para que los países soliciten la financiación del plan de salida de la pandemia. Y a España se le acumulan los retrasos y le queda mucho camino por andar.
Una vez evaluada en este mes la última adenda remitida del plan de Recuperación, aún queda que los Estados miembro le den también el visto bueno. Lo que con toda probabilidad retrasaría el pago a cerca del verano, como muy pronto, en caso de tener todos los parabienes de las instituciones comunitarias.
Con todo, las demoras podrían tener su (relativo) lado bueno para Moncloa. Al amparo de este quinto pago, Bruselas debe evaluar el cumplimiento de un hito que está en el aire: el impuesto al diésel. La incapacidad de conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante la medida aboca, por el momento, a España a recibir un pago parcial. Es el mecanismo que aplica la Comisión Europea cuando considera que no se han cumplido todos los hitos y objetivos agendados en un tramo.
Por tanto, este derrape temporal inducido por la evaluación de la última adenda, podría beneficiar mucho al Ejecutivo de Sánchez. Le daría tiempo para convencer a Podemos de respaldar la medida, cuyo rechazo ha estado siempre sobre la mesa. Pero, además, tendría que enfrentarse, con probabilidad, a la oposición de partidos de la derecha. Por eso el Gobierno no lo lleva aún a la Cámara, porque está abocado a perder. Por eso, es uno de los hitos todavía pendientes de cumplir con la Comisión Europea.
El impuesto al diésel constituye uno de los elementos clave del quinto desembolso, que incluye la reforma fiscal comprometida con Bruselas y sobre la que la Comisión Europea realizará un escrutinio exhaustivo. Esta reforma debe generar un incremento de la recaudación del 0,3% del PIB.
Un total de 84 medidas
El quinto tramo consta de 25.000 millones, al adelantarse 55 hitos y objetivos de los siguientes tramos al considerar el Gobierno que ya se han cumplido. El quinto desembolso de transferencias y los dos primeros de préstamos pasarán de tener 32 medidas a recoger un total de 84 y la cuantía total asciende a 25.000 millones de euros, entre 9.100 millones en fondos Next Generation y 16.000 millones en préstamos en condiciones favorables.
El ultimo pago que ha recibido a España ha sido en junio de 2024. Ha sido también con retraso de medio año respecto al calendario inicial. El problema aquí, en la misma línea, fue el incumplimiento de otro hito: el del subsidio por desempleo tras la no convalidación en el Congreso en el arranque del año. El Gobierno remitió a Bruselas la petición a finales de 2023 y sucesivas prórrogas y concesiones de la Comisión Europea permitieron al Ejecutivo español sacar a tiempo esta medida a tiempo. De manera que no se quedó sin parte del pago
La reforma fiscal ha protagonizado uno de los tira y afloja entre Bruselas y el Gobierno español este año y esta área es la que sigue dándoles dolores de cabeza al Ejecutivo español.