Economía

Los fondos 'Next Gen' solo llegan al 25% de la economía real, según un informe

  • El gobierno afirmó que los fondos incrementarían el PIB anual en 2,5-3 puntos, pero el efecto real fue cinco veces menor
  • El 80% de los 'Next Gen' han ido a instancias del Estado, mientras que menos del 20% fueron a empresas privadas
  • Piden que la ejecución de los fondos esté en manos de las empresas para mejorar su eficiencia y efectividad
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El estudio del Instituto Juan de Mariana (IJM) pone la lupa en el programa NextGeneration EU y su desarrollo entre los años 2021 y 2023, así como los primeros meses de 2024, revelando varias deficiencias significativas en la gestión y ejecución de los fondos europeos en España. Según el informe, España recibirá 163.000 millones de euros del programa NextGeneration EU. Sin embargo, solo el 45,5% de los pagos se realizaron en 2021, el 39,6% en 2022 y el 27,3% en 2023. De estos fondos, apenas 20.000 millones han llegado a la economía real, una cifra que representa un 75% menos de lo esperado.

Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revelan que las autorizaciones del Gobierno han disminuido progresivamente (91,4 por ciento en 2021, 88,3 por ciento en 2022 y 79,2 por ciento en 2023). Este descenso se ha traducido en una reducción de los fondos comprometidos (86,7 por ciento en 2021, 76 por ciento en 2022 y 65,5 por ciento en 2023) y una caída de las obligaciones reconocidas (82,8 por ciento en 2021, 68,9 por ciento en 2022 y 57,3 por ciento en 2023).

El informe destaca una serie de problemas, incluyendo la ejecución ineficiente de los fondos, la falta de transparencia, la excesiva burocracia, el reducido impacto económico, las distorsiones económicas y las contrarreformas.

Esta institución revela que el manejo del gobierno de los fondos asignados por Bruselas ha estado lejos de ser eficiente. La opacidad ha sido una característica constante del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El informe critica la falta de desglose de los fondos invertidos y la ausencia de reuniones de la Conferencia Sectorial, que han generado críticas tanto nacionales como internacionales.

Desde el verano de 2021, la Intervención General de la Administración del Estado no ha desglosado los fondos realmente invertidos. Además, la Conferencia Sectorial encargada de la coordinación del programa con las comunidades autónomas no ha celebrado una sola sesión en más de tres años denuncian desde el IJM.

Crecimiento económico a medio fuelle

El informe señala que los numerosos procedimientos burocráticos han resultado en cuellos de botella y parones administrativos, condenando el modelo de gestión por diseño. Aunque el gobierno prometió que los fondos europeos elevarían el crecimiento del PIB anual en 2,5-3 puntos, el efecto real, denuncia el IJM, fue cinco veces menor en los primeros años de desembolso y, a medio plazo, será más de un 50% más bajo de lo esperado. Además, el 60% del aumento del PIB en 2023 se explica por el incremento de la deuda pública.

En cuanto al empleo, el informe muestra que los niveles efectivos de ocupación son hoy más bajos de lo esperado antes de la aprobación de los fondos europeos. A pesar de la promesa del gobierno de crear 800.000 empleos, el paro efectivo ha aumentado de 3.773.000 a 3.790.500 personas entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023.

La inversión privada, medida como la formación bruta de capital fijo, se situó en el primer trimestre de 2024 un 2,16% por debajo de los niveles alcanzados en el mismo periodo de 2019. La inversión extranjera también ha disminuido notablemente; según datos de DataInvex del Ministerio de Economía, se redujo un 20% en 2023. Comparado con los niveles de inversión extranjera cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia, el descenso es de aproximadamente un 50%.

Otro aspecto que el gobierno destacó como positivo en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue la mejora en los niveles de actividad e inversión privada inducida por los fondos comunitarios. No obstante, el informe compara las cifras alcanzadas a finales de 2019 con los registros del primer trimestre de 2024, y la inversión está un 2,2% por debajo, con una caída del 6,2% en la formación bruta de capital fijo en maquinaria y bienes de equipo, y un descenso de 2,6 puntos porcentuales en la inversión en el sector de la construcción.

El informe también señala que, aunque los gastos de las administraciones aumentaron un 11,3% al final del primer trimestre de 2024 respecto a 2019, el PIB solo subió un 3,7% en el mismo periodo, lo que se traduce en una tasa de aumento anual muy baja, cercana al 0,8%. El gasto en I+D se sitúa un 50% por debajo de la media europea y la inversión extranjera cayó un 20% durante 2023, alcanzando registros hasta un 50% menores que al inicio de la Administración Sánchez.

El sector público copa los fondos

La inyección de fondos públicos trae consigo distorsiones en los procesos de mercado, desplazando al sector privado y promoviendo un preocupante aumento en el gasto estructural. La intervención estatal ha crecido, mientras que la inversión privada ha disminuido, con todo lo que esto implica para la economía y nuestro modelo de crecimiento. El grueso de los fondos europeos ha ido a parar al sector público, con el 80% de los recursos destinados a distintas instancias del Estado y menos del 20% a empresas privadas. Frente a un presupuesto de casi 80.000 millones comprometidos en ayudas a fondo perdido, el gobierno ha planteado 37.000 millones en nuevos gastos estructurales, subsidios y subvenciones. Además, las reformas aprobadas para desbloquear los fondos, como la Ley de Vivienda, los cambios en el sistema de pensiones y los nuevos modelos de medición del empleo, han tenido efectos negativos en la economía española.

El Instituto Juan de Mariana recomienda bloquear los fondos europeos que aún no se han comprometido y poner en marcha un programa masivo de incentivos fiscales para devolver recursos al sector privado, dejando la ejecución de los fondos en manos de las empresas. Hasta ahora, el gobierno solo ha comprometido 483 millones de euros en una pequeña línea de incentivos fiscales en I+D, que representa un 0,6% del total de ayudas a fondo perdido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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