El sindicato que encabeza Pepe Álvarez ha presentado este miércoles una queja al Defensor del Pueblo por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Lo hace unos días después de que los ministerios de Hacienda y Trabajo llegasen a un acuerdo para evitar que los trabajadores que se encuentran en este nivel de renta tuvieran que hacer frente al pago del IRPF correspondiente al año 2025. Las carteras de María Jesús Montero y Yolanda Díaz pactaron una deducción ad hoc por la que se devolverá lo aportado mes a mes al hacer la Renta y consensuaron que los sindicatos tuvieran acceso a la información de los márgenes empresariales al negociar los convenios. El problema, a ojos de UGT, es que lo han hecho a espaldas del diálogo social y sin trazar un horizonte que aborde el momento en el que este salario, que el Gobierno fija anualmente, empiece a tributar.
La organización sindical solicitó a mediados de febrero un encuentro con el Ministerio de Hacienda a través de una carta que no ha tenido respuesta. Entonces, el departamento de Montero se mostraba firme en su posición de que una parte de estos trabajadores -fundamentalmente solteros y sin hijos- pagasen por primera vez IRPF, algo que los negociadores sociales rechazaron con rotundidad. No obstante, no obtuvieron respuesta. "No nos han hecho caso en el sentido de diseñar una política fiscal justa con las rentas salariales, empezando por el SMI y además, se ha hecho a espaldas de los interlocutores sociales, a pesar de nuestra petición de que se convocara una mesa específica para decidir cuál era su tratamiento fiscal" ha denunciado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que asegura que este comportamiento vulnera el derecho a la libertad sindical que recoge la Constitución Española. "En este sentido va nuestra queja" ha explicado en la sede del órgano.
El escrito presentado, al que ha tenido acceso elEconomista.es denuncia que el acuerdo de Trabajo y Hacienda no "se ajusta a los imperativos sociales y jurídicos exigibles" tanto por el procedimiento por el que se ha alcanzado como por su contenido. El sindicato defiende que no se puede separar la fiscalidad del SMI de la fijación de la cuantía, que cada año se hace tras una consulta a los agentes sociales, puesto que fue el Gobierno el que decidió que la consonancia con la Carta Social Europea se midiera en términos netos. Además, UGT reprocha la imagen "épica" que se busca trasladar de un acuerdo in extremis que se traduce en "una enorme incertidumbre jurídica sobre el futuro tratamiento fiscal del SMI", dada la discrepancia entre las dos almas del Gobierno al respecto. "Ambos ministerios han elegido una vía unilateral, silenciando por completo la voz del diálogo social, lo que, sin duda, es contrario a la normativa nacional e internacional en la materia" argumentan.
Por ello, solicita al Defensor del Pueblo que requiera al Gobierno que apruebe las modificaciones normativas para excluir a estos trabajadores de esta obligación, tras negociar con los agentes sociales y que esta exención se mantenga hasta que el SMI alcance el 60% del salario medio con el objetivo de dar "más seguridad jurídica" en este debate. Si bien, el sindicato va un paso más allá. Busca abrir un diálogo más alto sobre la tributación de los salarios frente a las rentas del capital y en concreto, sobre los tipos marginales elevados que afectan directamente a los trabajadores con salarios reducidos que se encuentran por encima del SMI que no respetan la progresividad del impuesto y "reducen la eficacia de los aumentos logrados con el SMI".
El portavoz de UGT también se ha mostrado crítico con Trabajo, al insistir en que en opinión de este sindicato el SMI no ha alcanzado el 60% del salario medio al que dice vincula la Carta Social Europea ratificada por España, un hito que Díaz da por cumplido desde la subida de 2023. El departamento de Díaz nombró una Comisión de Expertos con el objetivo de que marcasen este nuevo umbral en el que participó un economista de este sindicato, sin embargo, UGT se aferra a los datos de Eurostat que situaron el salario medio por encima de los 32.000 euros en 2023 para argumentar que sigue sin alcanzarse este baremo de "suficiencia y dignidad", puesto que el SMI sigue lejos de los 1.396 euros brutos en 14 pagas a los que calculan que debería llegar, frente a los 1.184 euros actuales.
El sindicato, que participó en el acuerdo para elevar el SMI un 4,4% pese a las dudas de cómo iba a quedar la tributación, ha decidido llamar a la puerta de Ángel Gabilondo, el actual Defensor del Pueblo, para presentar una queja formal frente a lo que entienden que ha sido una violación del derecho a la negociación colectiva. "Tratar cómo va a finalizar la renta disponible de las personas más vulnerables se debe hacer en el marco del diálogo social, escuchando a los interlocutores, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales" explicaba Luján. Y lo hace unos días después de que su secretario general advirtiera que "el Gobierno tiene que acostumbrarse que esto del diálogo social no solo es cuando le interesa a él, hay que hacerlo siempre y en todo lugar". "Mantenernos al margen cuando hemos sido los protagonistas de los aumentos del SMI, no me parece lo correcto, creo que rompe en cierta medida un periodo largo de diálogo" reprochó Álvarez recientemente.