Los ministerios de Hacienda y Trabajo cerraban esta mañana sobre la bocina un acuerdo para impedir que los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tuvieran que pagar por primera vez IRPF. Las dos formaciones que componen el Gobierno han cerrado un pacto para aplicar una deducción específica este año, como proponía el equipo de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en lugar del ajuste del mínimo exento que se había aplicado en los ejercicios anteriores. Unos términos que la también vicepresidenta Yolanda Díaz ha aceptado a cambio de poner a disposición de los negociadores de los convenios colectivos la información sobre los "beneficios empresariales reales", según ha explicado en una entrevista en La Sexta.
La responsable de Trabajo ha detallado que el acuerdo recoge el compromiso de que la Agencia Tributaria ponga a disposición de las mesas de negociación, conformadas por sindicatos y representantes empresariales, cuáles son los márgenes empresariales de ese sector económico. Díaz ha puesto el metal como ejemplo de convenio en el que los representantes de los trabajadores podrían amoldar sus reivindicaciones en función de cuál haya sido el desempeño de esa actividad económica en el último periodo. Esta cuestión fue demandada por CCOO y UGT en 2023 en plena discusión del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que coincidió con la puesta en marcha del Observatorio de Márgenes Empresariales por parte de la exministra Nadia Calviño, que en contra de las reivindicaciones de los sindicatos, se centró en la competencia y no trasladó la información a los convenios.
"Si el convenio del metal se está negociando, pues podemos saber de manera veraz cuáles son los beneficios que tiene ese sector del metal y, en la disputa que tengan en la negociación de los salarios, cuando el empleador le diga a los sindicatos voy a subir solo el 1,5% salarial de convenio porque tengo pocos beneficios, los sindicatos puedan disponer de esa información tan importante y digan que, si ese dato no es real, tienen que subir más los salarios" ha explicado. Por el momento, ninguna de las dos carteras ha trasladado más detalles sobre este punto al ser consultados por este periódico. Si bien, la responsable de Trabajo ha agradecido a la líder de Hacienda sus esfuerzos para llegar a un acuerdo que también incluyera este aspecto que había pasado desapercibido.
Hace casi dos años, cuando la entonces responsable de Asuntos Económicos anunció la creación del Observatorio de Márgenes Empresariales, Díaz lo tildó de "tibio" y defendió que era necesario desarrollar una herramienta que vincule el examen de los márgenes a las revalorizaciones salariales de los trabajadores y no a la competencia. El citado punto del acuerdo supondría un paso sólido en esta dirección, puesto que otorga a los representantes de los trabajadores una mayor capacidad de negociación en las miles de mesas abiertas en el país tras años en los que los salarios han avanzado más de lo que lo han hecho los precios en general, a excepción del año 2022 y a las puertas de que patronal y sindicatos tengan que iniciar la negociación del próximo AENC.
Además, la facilitación de esta información no solo podría tener efectos para las revisiones salariales, proyectadas en el entorno del 3% para el año 2025 sino también para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que el Ministerio de Trabajo llevará al Congreso de los Diputados en las próximas semanas. El motivo es que tanto el acuerdo con los sindicatos como el anteproyecto de ley reserva un margen hasta final de año para que la medida se adapte en los diferentes convenios colectivos, por lo que tendrán que abrirse las mesas de negociación de las empresas o sectores que se encuentren por encima de este límite en las que esta vez los representantes de los trabajadores podrían contar con esta baza, aunque aún se desconoce la fecha en la que se pondrá en marcha.
Lo cierto es que el contexto es completamente diferente al de finales de 2022 y comienzos de 2023, cuando se abordó por primera vez este debate. Entonces, los sindicatos se comprometieron a moderar sus reivindicaciones salariales en aquellos sectores en los que no se hubieran registrado buenos resultados, puesto que había miles de empresas afectadas por los efectos de la invasión de Ucrania y que no habían terminado de recuperarse de la etapa de la pandemia. No obstante, estos ofrecimientos no convencieron a los representantes de CEOE y Cepyme que en todo momento se mostraron reacios ante la posibilidad de difundir este tipo de información y tacharon de "intervencionista" la decisión del Gobierno de poner en marcha el Observatorio de sus resultados empresariales.
Entonces la inflación centraba las preocupaciones de los responsables económicos, los empresarios y el conjunto de los ciudadanos, por lo que existía un debate sobre la contribución de los salarios y los beneficios al avance de los precios que cada mes se hacía notar más en la cesta de la compra. En este marco, CCOO abanderó la puesta a disposición de los resultados empresariales y el cruce de los datos del Banco de España, la Agencia Tributaria y del INE con los que recopilan Seguridad Social y Trabajo como herramienta clave en la negociación colectiva y fuente de información en este debate. Y la consonancia con Díaz no es casual, ya que el equipo económico del sindicato de Unai Sordo estaba encabezado por Carlos Martín Urriza, el actual portavoz de Economía de Sumar.