El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, jugó deliberadamente a la ambigüedad esta semana en cuanto a los plazos y las cuantías con las que se plantea incrementar el gasto militar español. Ahora bien, la propuesta inicial de Bruselas sobre los parámetros a los que deben aspirar los Estados miembro, recogida en el llamado Libro Blanco sobre Defensa, se muestra mucho más clara. El esfuerzo demandado por el Ejecutivo comunitario equivaldrá, en el caso español, a un total de 24.000 millones de euros desde ahora hasta el año 2029.
El cálculo no deja lugar a dudas. La directriz comunitaria establece que el objetivo es que cada uno de los países sume, al nivel de gasto militar que presentaba en el año 2021, el equivalente al 1,5% de su PIB. El punto de partida español se muestra especialmente reducido dado que, en aquel ejercicio, desembolsaba partidas por valor del 1,2% del PIB.
En otras palabras, la hoja de ruta marcada para Moncloa tiene como objetivo alcanzar el 2,7% del PIB en el año 2029. En términos absolutos, el desembolso extra asciende a los mencionados 24.000 millones o, expresado en términos anuales, prácticamente 6.000 millones en cada ejercicio.
Una meta del 3% del PIB, o incluso superior en este caso, entra igualmente en la hoja de ruta que la OTAN, presionada por EEUU, está también definiendo para sus integrantes, por lo que resultaría muy difícil que España pueda eludirla. Igualmente difícil se antoja la estrategia del jefe del Ejecutivo español de ponerla en marcha sin someterla al control del Congreso de los Diputados.
El escepticismo es el sentimiento más generalizado entre los partidos de la oposición ante el propósito que Sánchez, expresó tras su última ronda de reuniones con los portavoces en el Congreso.
Las fuentes parlamentarias consultadas por elEconomista.es, entre los partidos que ya expresaron su rechazo a esa fórmula en Moncloa, coinciden en juzgar "poco realista" que un aumento del desembolso de 6.000 millones de euros anuales "pueda conducirse a través de créditos de Hacienda, redenominación de partidas ya existentes o liberación de recursos del Fondo de Garantía".
A su juicio, todos los caminos conducen a Sánchez y su equipo a tener que recurrir a Decretos Ley o a poner fin a la prórroga presupuestaria y aprobar unas nuevas Cuentas del Estado para 2025 o, dado que el tiempo ya apremia, para 2026. En cualquiera de esos dos casos, la aprobación de la mayoría del Congreso de los Diputados resulta imprescindible para que el aumento del desembolso tome forma.
Ahora bien, resulta también generalizada en la Cámara, incluso entre los oponentes más firmes del Gobierno, la impresión de que la total ambigüedad mostrada por Sánchez en cuanto a sus planes en este ámbito puede darle margen para apurar al máximo los plazos, y evitar grandes desembolsos acumulados en un periodo reducido de tiempo.
No obstante, por mucho, que el jefe del Ejecutivo juegue con los tiempos y las cuantías, lo cierto es que los recursos extraparlamentarios a su alcance presentan ya importantes limitaciones.
Es el caso de la reformulación de partidas ahora destinadas a determinados ministerios para destinarlas a Defensa. Según las fuentes consultadas, una estrategia de este tipo llevará a "dejar prácticamente descapitalizados" departamentos enteros, previsiblemente los ahora gestionados por Sumar.
La segunda posibilidad, aumentar a los créditos ya previstos en los apartados 8 y 9 de los Presupuestos Generales de 2023, los únicos actualmente en vigor, amenaza con un fuerte aumento de la deuda, peligroso no tanto en lo que respecto al cumplimiento de las reglas fiscales europeas, sino a ojos de los inversores internacionales.
Por último, la vía del Fondo de Contingencia está prácticamente cerrada debido a la sangría de recursos que ha sufrido con objeto de compensar los destrozos provocados por la DANA. Además, las políticas ahora denominadas de mantenimiento de la paz ya hacen un uso intensivo de los recursos de este Fondo.
El crecimiento del PIB es ahora un factor en contra
El esfuerzo que recaerá sobre España hasta 2029, en materia de incremento de su gasto destinado a las Fuerzas Armadas, es especialmente intenso, debido al modo en que juega en su contra la actual coyuntura económica.
En otras palabras, en términos de referencia para medir el desembolso militar, el PIB, crece ahora a tasas casi sin parangón en la eurozona, lo que diluye el avance que dicho desembolso presenta en términos absolutos, expresado en millones de euros. Además, el punto de partida de nuestro país se muestra notablemente bajo dado que, aun cuando esta partida presupuestaria se ha duplicado desde 2014, continúa siendo la segunda más reducida de los integrantes de la Alianza Atlántica.
En términos absolutos, justificaba Sánchez en rueda de prensa tras la Cumbre de líderes de la UE de inicios del presente mes que tenía lugar en Bruselas, "somos víctimas del crecimiento potente de la economía española".
Cómo explicar el desfase
Una alusión con la que se refería a ese desfase a la hora de alcanzar el objetivo del 2% del PIB de inversión en defensa y que contraponía a otra cifra: "Somos el décimo contribuyente de la OTAN en términos absolutos de una alianza de 32 países", añadía.
Ante estas dificultades, no puede extrañar que varios Gobiernos, como el de Francia o España estén a la vanguardia a la hora de abogar por crear un instrumento con deuda común. Se abre la puerta, así, a una nueva emisión de eurobonos o a una fórmula similar a la de los fondos Next Generation que se dispusieron durante la pandemia a través de la emisión de deuda mancomunada del bloque. El Ejecutivo de Emmanuel Macron planteaba, como añadido, la creación de una tasa digital que permita recaudar financiación a nivel europeo para destinarla a esta partida.
De momento, los recursos que Bruselas pone a disposición de los Estados miembro recaen especialmente por el lado de los presupuestos propios de cada economía, dando más permisividad en el cumplimiento de las reglas fiscales.