Barcelona
El Govern de Salvador Illa echó a andar el año pasado gracias a los votos de ERC y los comunes, las mismas fuerzas con las que el PSC quiere negociar los presupuestos autonómicos de 2025. Pero ambos partidos empiezan a poner precio a su apoyo a las cuentas públicas.
En la primera reunión mantenida entre la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y la formación que lidera Jèssica Albiach, los comunes han exigido que se apruebe en menos de un mes un régimen sancionador de la ley de vivienda. En concreto, estas sanciones irían encaminadas a perseguir el uso fraudulento del alquiler de temporada para esquivar los topes de la renta del alquiler convencional.
Los comunes también piden una campaña informativa "ambiciosa" y "clara" para que la ciudadanía conozca sus derechos como arrendatarios. Si no se aprueba el régimen sancionador, el socio del PSC no está dispuesto a seguir negociando los presupuestos, que actualmente están prorrogados.
De su lado, la consejera ha trasladado el compromiso del Govern para cumplir el acuerdo de investidura, "muy especialmente en aquellas medidas que hacen referencia a la regulación y promoción de vivienda", según han subrayado fuentes del Departamento de Economía y Finanzas.
La consellera también ha expresado la necesidad de que se convalide el decreto ley de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria, de incremento del indicador de renta de suficiencia --que de rebote aumentará un 3% la renta garantizada de ciudadanía-- y de medidas en el ámbito de las prestaciones sociales.
La propuesta del régimen sancionador no supone una novedad. De hecho, Illa aseguró en el último pleno del año pasado que Cataluña sería la primera comunidad en disponer de este instrumento. Se estima que para poner en marcha los castigos se necesitará un cuerpo de unos 100 inspectores.
Tanto el PSC como los comunes se han emplazado a seguir negociando en las próximas semanas.