El SEPE francés ofrece 2,7 millones de puestos de trabajo a sus parados, 21 veces más que el español

En el tercer trimestre del año, France Travail, el servicio público francés, publicó 2,68 millones de nuevas ofertas de empleo entre los desempleados del país vecino. Una cifra que multiplica por 21 la que el Servicio Público Estatal (SEPE) acumuló en el mismo periodo, 126.993 (44.952 altas de puestos de trabajo en julio, 34.885 en agosto y 47.156 en septiembre). La discrepancia entre las cifras revela la gravedad de un 'apagón' informativo que se se convierte en un lastre para la eficacia de las claves políticas activas de empleo y hunde la reputación de las oficinas públicas que las ejecutan. De hecho, solo un 4% de los parados que consiguen encontrar empleo lo hace gracias a ellas. Suman poco más 33.000 al mes, con lo que su número apenas llegan al 1,3% del total de los registrados.

La diferencia entre España y Francia no solo se aprecia en los datos trimestrales, también en el tiempo real: en el momento de escribir estas líneas la página del organismo francés recoge 1,3 millones de ofertas activas. Su equivalente español, el portal público Empléate, solo recoge un total de 51.530 puestos de trabajo.

Francia no está en su mejor momento económico, de hecho, el PIB español crece con más intensidad y la ocupación está en cifras históricas, muy por encima de los 21 millones de trabajadores. En este contexto, las ofertas del France Travail han caído un 2,9% en el último año. Pero la tasa de paro francesa es del 7,4%, frente al 11,2% de nuestro país.

Hay que recordar que la competencia de las políticas para encontrar empleo a los parados es autonómica. Es decir, reside en los servicios públicos de las comunidades, no directamente en el SEPE, que, sin embargo, sí registra las ofertas que estos organismos le trasladan. Pero este matiz no altera los datoEn el pasado mes de noviembre se firmaron 1,3 millones de contratos en España, lo que implica que la inmensa mayoría de las ofertas pasa bajo el radar de los servicios públicos. Esto limita mucho su capacidad de llegar a los 4,3 millones de demandantes de empleo inscritos en ellos, de los que 2,6 son parados, que deben repartirse una media de 40.000 vacantes.

En noviembre se registraron 809.000 colocaciones de demandantes por desempleo, pero solo 33.000, un 4,07% lo fueron gracias a esas ofertas gestionadas por las oficinas públicas. Teniendo en cuenta que el total de parados registrados alcanza lo 2,56 millones en ese mes, el porcentaje de personas que encontraron trabajo gracias a estas vacantes se desploma al 1,27%. Algo que explica que explica que muchos desempleados las consideren inútiles. Los responsables del SEPE y los servicios autonómicos recuerdan que las políticas activas van mucho más allá de esta intermediación directa y abarca muchas otras medidas para preparar y ayudar a los parados en la búsqueda de empleo.

Pero son conscientes de que esta falta de información sobre las vacantes es un problema para desarrollar su labor y hunde la valoración por parte de las personas a las que debe atender. Por ello, en los últimos quince años ha aprobado sucesivas reformas para resolverlo, sin haber obtenido grandes resultados hasta ahora.

¿De dónde saca France Travail sus ofertas? Un 35,1% (unas 940.000) son comunicadas por las empresas, mientras el 65,9% restante son facilitadas por sus 'socios' y colaboradores. En el caso de las contabilizadas por el SEPE, se trata puestos de trabajo ofrecidos por los empresarios y registradas en los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas "con objeto de que gestionen la cobertura con el trabajador más idóneo". Aunque Empléate también recoge ofertas de empleo de otros portales privados, así como las de empleo público.

¿Por qué no funciona en España?

Entonces, ¿cómo se explica esta diferencia tan desproporcionada en las vacantes comunicadas en España y en Francia? Una de las claves es el reparto político de las competencias. El servicio público de empleo estatal galo se encarga de gestionar las políticas pasivas de empleo (el abono de las ayudas económicas y prestaciones por desempleo) pero también tiene competencias en las activas, las que se encargan de gestionar las demandas, es decir, las inscripciones de personas que buscan trabajo, pero también formar, orientar y apoyarles en ese camino.

En España, este segundo bloque de competencias reside en las comunidades autónomas y sus diecisiete servicios públicos de empleo, aunque el Gobierno se reserva un papel de coordinador de esos esfuerzos, que cuentan con una importante inyección de fondos estatales. Aunque la recopilación y gestión de las ofertas depende, en su mayoría, de las comunidades, aunque se difunda también por el SEPE en el marco del Sistema Nacional de Empleo a través de Empléate.

En julio de 2014, el Ejecutivo del PP, con Fátima Báñez al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, lanzó una reforma de las políticas activas de empleo que condujo a la creación de este nuevo "Portal de Empleo y Autoempleo", que tenía como referencia el modelo francés. Así, sumaba tanto las ofertas que recopilan los servicios públicos autonómicas como las de entidades privadas y fundaciones. En el proyecto participaron inicialmente Obra Socia La Caixa, junto a siete portales privados: Infoempleo, Monster, Tic Job, Trabajando.com, Universia, FSC Inserta de la Fundación ONCE y Hazloposible.

En su estreno contó con casi 23.000 ofertas, que ponen a disposición de los ciudadanos al menos 85.000 puestos de trabajo vacante. Descontando la volatilidad mensual en el empleo, más de una década después sus cifras se mantienen en niveles levemente por debajo. Eso a pesar de que miles de empresas se quejan de las dificultades para encontrar trabajadores. Uno de los problemas es que grandes portales privados de empleo y las ETTs no participan en Empléate, ya que consideran que supone una competencia a su propio negocio.

Una reforma failida

Ante esta situación, en 2023 el Gobierno del PSOE y Sumar, con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, lanzó una nueva reforma, mucho más ambiciosa (al menos sobre el papel), que afectaba a la estructura de los servicios públicos de empleo y en particular al SEPE, que pasaría a convertirse en una Agencia Nacional de Empleo para agilizar la prestación de servicios y ahondar en la transformación digital.

Además, la nueva de Ley de Empleo establecía que las empresas, para poder acceder a los "servicios garantizados" por los servicios públicos de empleo debían comunicar los puestos vacantes. Pero este aspecto, al igual que la nueva Agencia, no se ha desarrollado reglamentariamente aún, un año y nueve meses después de la aprobación de la norma, que ni ha mejorado la intermediación de los servicios.

La duda es si cambiaría algo, ya que seguiría sin incluir las ofertas de las empresas que no recurren a los servicios públicos de empleo y la colaboración con los portales privados para que compartan sus datos sigue brillando por su ausencia, un extremo que Un extremo que hace unos días confirmaba la a jefa de área del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE Ana Laseca, en unas jornadas organizadas por CSIC y Fedea sobre las estadísticas del mercado laboral.

Laseca abogaba por poner en marcha un registro estatal a partir de un compromiso de comunicación de vacantes genérico "o al menos obligatorio" para agencias privadas de empleo y empresas de trabajo temporal y portales, así como de información de las propias empresas sobre sus puestos vacantes "al menos a efectos estadísticos". Pero la idea de convertir Empléate en una especie de LinkedIn público parece muy lejana por ahora.

Los dos problemas destacados desde Trabajo son corregir la duplicación de ofertas y evitar el sesgo que ofrecen los datos recopilados en portales y ETTs. Y es que muchas vacantes, sobre todo en pequeñas empresas, no se cuelgan en internet y se comunican y se cubren directamente a través del 'boca a boca'.

Trabajar en este ámbito para contar un sistema parecido al de France Travail exigirá un esfuerzo conjunto sin precedentes por parte del SEPE y las comunidades autónomas para convencer a las empresas y las entidades privadas (portales y ETTs) de la necesidad de una medida clave para conectar a muchos parados con el mercado laboral. Y, de paso, mejorar el dañado prestigio de los servicios públicos de empleo.