Un tercio de los despidos colectivos incluye prejubilaciones a los 55 años

Las prejubilaciones se han convertido en el 'elefante en la habitación' cuando se habla de las políticas de empleo dirigidas a los trabajadores de mayor edad. Una figura que 'premia' la salida del mercado laboral de los trabajadores varios años antes de alcanzar su edad de jubilación, casa bastante mal con el rechazo social cada vez mayor del 'edadismo' o la apuesta por la prolongación voluntaria de la vida laboral que defiende el Gobierno. Aun así, es una medida recurrente que, según un estudio de Cuatrecasas se incluye en un 30% de los despidos colectivos, con el foco puesto en los trabajadores a partir de los 55 años.

Un 62% de los procesos que ha analizado el despacho, antiguamente conocidos como expedientes de regulación de empleo (ERE), incluye un porcentaje de prejubilados de entre el 16% y el 24 % del total de afectados. Otro 31% sitúa la cifra por debajo del 15% de la plantilla despedida. Solo en un 8% de los casos analizados, el volumen de prejubilados superó la cuarta parte del total de trabajadoras afectados. Así las cosas, se puede estimar que las prejubilaciones alcanzan, de media, a dos de cada diez de los trabajadores que pierden su empleo en los despidos colectivos donde se incluyen.

Cuando hablamos de prejubilaciones, hablamos de una figura que no está regulada como tal, y sobre la que no existen estadísticas públicas (las cifras de regulaciones de empleo que cada mes publica el Ministerio de Trabajo ni siquiera clasifican a los afectados por edad), pero tiene un innegable peso en los procesos de ajuste de plantillas.

Lo confirma el estudio de Cuatrecasas, que tampoco ofrece cifras de trabajadores, pero sí estima la frecuencia con la que las empresas recurren a una fórmula con la que buscan "facilitar la salida ordenada y menos traumática de las personas trabajadoras más senior", al tiempo que favorece la "renovación generacional" y la "adaptación de la plantilla" a las necesidades productivas y organizativas de la empresa.

Un 19% de empresas despide a seniors sin prejubilar

Aunque este impacto puede parecer incluso menor del que sugieren los propios anuncios de acuerdos de despidos colectivos: a fin de cuentas, las empresas y los sindicatos destacan el peso de las prejubilaciones más que el de los ceses ordinarios porque son más 'defendibles'. La razón son las ventajas para los afectados, aunque no todas las empresas tienen las mismas capacidades para ofrecer prejubilaciones en las condiciones más atractivas.

De hecho, las prejubilaciones se presentan como una "adscripción voluntaria" del trabajador al proceso de despido colectivo a cambio de una "compensación económica" que, más allá de la indemnización propiamente dicha, les permite mantener "un cierto nivel de ingresos" hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria o anticipada. Esta insistencia en el carácter voluntario busca quizá asimilarlas a los planes de "bajas incentivadas", que también son prejubilaciones, pero no se enmarcan en procesos de despidos.

Cuando una prejubilación se enmarca en los antiguos ERE contemplan un 'plan de rentas' que garantiza un porcentaje de salario neto "en torno al 80% de media en todos los casos". En muchos casos, este compromiso viene apoyado por el encadenamiento de prestaciones y subsidios por desempleo al trabajador abonados por el SEPE. Y es que estos prejubilados se consideran parados.

Junto a este plan, se incluye la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social que "garantiza que las personas prejubiladas podrían mantener sus cotizaciones y sus derechos de jubilación futuros". Este convenio puede combinarse con la cotización del 125% de la base mínima que aporta el SEPE para los beneficiaros del subsidio especial para mayores de 52 años, lo que mejora aún más la futura pensión de los prejubilados.

La edad media de acceso al programa se sitúa en torno a los 55 años "de media" (son raras las prejubilaciones que se produce antes) y se extiende hasta los 63 años en todos los casos. Este margen permite que los afectados por la prejubilación puedan acceder a la jubilación anticipada "involuntaria", la que deriva de un despido colectivo y se hace en condiciones más ventajosas que la voluntaria, como una penalización menor en su pensión. Una ventaja de la que no disfrutan los prejubilados que no han pasado por un despido (ya que no tienen derecho a paro).

Sin embargo, conviene recordar que los convenios son obligatorios para todos los despidos colectivos de mayores de 55 años, aunque no se vean acompañados de un 'plan de rentas'.

El informe de Cuatrecasas revela que en un 49% de los despidos colectivos se suscriben convenios de este tipo, lo que se traduce en que un más de la mitad de los procesos de despido colectivo afectan a trabajadores seniors, pero en un 19% de los casos no se incluyen prejubilaciones. Aunque también es habitual que muchos procesos combinen ambas posibilidades, con lo que puede que el porcentaje de despidos sea aún mayor.

El peso de la cláusula Telefónica

"Este dato pone de manifiesto la recurrencia con la que, entre las personas trabajadoras afectadas por despidos colectivos, suele incluirse a personas trabajadoras con una edad de 55 años o superior", explica el informe, que señala que el cálculo de afectados tiene en cuenta el "impacto que puede tener que se alcance la desproporción desencadenante de la obligación de aportación económica al Tesoro Público". Es decir, la conocida 'cláusula Telefónica', que se aplica desde 2013.

La cláusula se aplica si, aunque la empresa cumple los requisitos de causas económicas, técnicas, de organización o productivas, ha registrado beneficios en un determinado período de referencia, e incurra en una "afectación desproporcionada" de personas trabajadoras con una edad de 50 o más años. El importe abonado equivale al coste de la protección por desempleo de cada persona trabajadora que supere dicha edad.

Como hemos contado en elEconomista.es, desde 2013 a 2023, el Estado ha ingresado 997 millones (aunque la cuantía reclamada asciende a 1.040 millones) de 102 empresas que han despedido a más de 31.000 trabajadores mayores de 50 años (aunque la edad media se acerca más a los 55 años).

La cuantía parece reducida comparada con el coste general de los programas de ajuste de las empresas y no parece haber disuadido a las empresas de esta práctica. De hecho, la propia Telefónica, que abonó 305 millones por su ERE de 2011, volvía a presentar un proceso a finales de 2023. Pero Cuatrecasas sí aprecia este efecto disuasorio al advertir que "el importante impacto económico que puede tener esta obligación hace que sea necesario analizarla con cautela antes de acometer una restructuración de plantilla".