Economía

El Congreso debate que policías nacionales y guardias civiles puedan jubilarse desde los 59 años sin recorte de pensión

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en una imagen de archivo. EE
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El Congreso de los Diputados tiene en su mano un importante cambio legislativo para ampliar el catálogo de las jubilaciones anticipadas de forma paralela a la última reforma. El Senado aprobó antes de verano una iniciativa del PP para que los policías nacionales, los guardias civiles y los funcionarios de vigilancia aduanera puedan acceder a la jubilación anticipada a partir de los 59 años sin merma de pensión, como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra.

De esta forma, quedarían asimilados a las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos, así como a la Policía Local, que ya pueden beneficiarse de los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación. La escueta iniciativa está en fase de enmiendas en la Cámara Baja y el objetivo es sellar un pacto político a través de los Presupuestos paralelo al desarrollo del reglamento que acogerá a más colectivos en el catálogo de jubilaciones anticipadas por motivos profesionales.

La propuesta del Grupo Popular, que en su día contó con la abstención del PSOE, ha tomado un nuevo rumbo por la alianza de los de Feijóo con uno de los sindicatos nacionales más representativo, UGT, que va de la mano del sindicato policial Unión Federal de Policía (UFP).

La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, ha liderado la postura del sindicato en la Cámara Baja y explica a 'elEconomista.es' que los socialistas estarían ahora abiertos esta reforma. El sindicato ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos políticos -excepto Vox, que no reconoce al sindicato, explica Estévez- para explicar la propuesta y conocer las peticiones de cada partido. Tienen pendiente una cita con Sumar y con el Ministerio de Seguridad Social, de quien depende esta legislación.

La iniciativa que consiguió sacar adelante el PP en el Senado apenas contenía ciertos detalles. El contenido más importante era la propuesta para que los funcionarios de la Policía Nacional, Guardia Civil y Aduanas puedan beneficiarse de un coeficiente reductor del 0,2%, similar a aplicar un adelanto de hasta seis años sobre la edad de jubilación ordinaria, por su condición de profesión de riesgo.

El agravio comparativo

Pero lo que motiva esta reforma es que otras fuerzas y cuerpos de seguridad de las autonomías cuentan con este 'beneficio' y se produce un agravio comparativo. Son los Miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, Policías Locales, Miembros del Cuerpo de Mossos d´Escuadra y de la Policía foral de Navarra.

La Seguridad Social recoge además en este catálogo de profesiones con acceso a la jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional bajo una serie de requisitos y, en todo caso, siempre a partir de los 52 años: mineros, personal de vuelo, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de la administración y organismos públicos.

El agravio comparativo es lo que motiva al PP y ambos sindicatos a plantear una El agravio comparativo es lo que motiva al PP y ambos sindicatos a plantear una reforma del catálogo de ocupaciones de riesgo con acceso al retiro anticipado bajo esa justificación. Por ello, Estévez aclara que esta iniciativa recorre la vía política de la que ya se han beneficiado otros colectivos previamente: un acuerdo recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con un pacto entre partidos, en vez de recorrer la fórmula del reglamento que exige presentar una serie de informes de justificación. Es la fórmula con la que el PNV consiguió incluir a los 'ertzainas' en los Presupuestos de 2010 gracias a un pacto con el PSOE a finales de 2009.

Los grupos han ampliado el plazo de enmiendas varias veces desde que la iniciativa entró al Congreso. En esta fase, cada partido puede realizar sus aportaciones para nutrir el texto. De hecho, deben ampliar la propuesta para detallar cuántos años de servicio cotizados exigirían a los policías nacionales, guardias civiles y aduaneros a cambio de la jubilación anticipada –por ejemplo, los policías locales deben acreditar 36 años y seis meses de cotización efectiva en esa ocupación para poder jubilarse a los 59 años–; o el recargo adicional en forma de cotizaciones sociales para soportar el coste de estas salidas prematuras –unos 10,6 puntos más sobre las cotizaciones sociales por contingencias comunes–.

Bomberos y agentes forestales, kellys...

Hace unas semanas, el Senado dio luz verde a un caso similar. Los bomberos y agentes forestales fuera del sector público serán reconocidos como profesión de riesgo con acceso a la jubilación anticipada por motivos profesionales en unas condiciones similares a la de los bomberos públicos.

Esta iniciativa prevé retocar la Ley general de la Seguridad Social de forma paralela al nuevo reglamento que desarrolla el Ministerio para la jubilación anticipada. En todo caso, se acogerá a la normativa vigente en el momento de presentar los informes y requerimientos pertinentes para argumentar el anticipo del colectivo.

Las camareras de piso -denominadas comúnmente 'kellys', los recolectores de residuos urbanos que trabajan en condiciones insalubres durante la noche, los conductores de transporte por carretera o las personas que atienden a dependientes con movilidad reducida están en la terna de profesiones que optan a la jubilación anticipada con el nuevo reglamento.

"Habría que revisar el conjunto total de actividades y priorizar objetivamente para incluir solo las que verdaderamente estén justificadas. Y la lista no puede ser ni larga ni poco detallada", reflexionaba Manuel Álvarez, colaborador honorario de Ocopen y exasesor de Escrivá en una tribuna de elEconomista.es. Los grupos profesionales que acceden al retiro anticipada suelen ser colectivos organizados de forma efectiva para hacer presión y, primordialmente, del sector público.

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