Madrid
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, prevé que en febrero de 2025 estará vigente el nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad. El real decreto pasó la fase de audiencia pública a finales de octubre y el reglamento se debe desarrollar en los próximos meses.
"Esta normativa va a aportar certidumbre y va a ampliar derechos (...) para que cualquier colectivo que considere que tiene derecho a una jubilación anticipada lo solicite y lo pueda resolver con objetividad atendiendo a situaciones de exigencia física o psíquica, particularmente a partir de una determinada edad y por supuesto con perspectiva de género", ha explicado la ministra respecto a una medida acordada con los agentes sociales el pasado mes de julio.
Los bomberos y agentes forestales han sido los últimos en ser reconocidos por ley para tener acceso a la jubilación anticipada a partir de los 59 años si cumplen el periodo de cotización exigido. Así, UGT y el Partido Popular también se reunieron para tratar el acceso a este tipo de retiro para los funcionarios del servicio de vigilancia aduanera, policías y guardia civiles, incluido en una proposición de Ley del PP que pasó este verano por el Congreso de los Diputados aprobado en el Senado.
Ha sido en respuesta a la pregunta de la diputada del PNV Maribel Vaquero sobre cuándo pensaba el Gobierno cumplir su palabra de que las personas que han compatibilizado su trabajo con el cuidado de grandes dependientes puedan acceder a una jubilación anticipada.
La diputada vasca ha dicho que no le quedaba claro si este supuesto entraría en el nuevo procedimiento anunciado por la ministra, que no ha dado respuesta a esta cuestión.
Saiz ha dicho en su intervención que la atención a las personas con dependencia incumbe a todas las administraciones y "hay que dar una respuesta firme sostenida y adaptada a la figura del cuidador y de la persona cuidada".
Además ha hecho referencia a la reciente ley ELA que "contempla una protección muy favorable para las personas cuidadoras de estas personas en situación de gran dependencia".
La diputada del PNV le ha recordado, por otra parte, que también está pendiente el reglamento que permitirá a los afectados por el amianto cobrar una prestación reconocida por ley.
"Las víctimas del amianto hoy por hoy están a la espera también de un desarrollo reglamentario que no llega y que es el paso indispensable para que se les reconozca una compensación aprobada por ley en esta Cámara proveniente del Parlamento vasco", ha explicado.
