El pasado mes de septiembre se registraron 299.683 bajas de afiliación por renuncia, máximo de la serie histórica tras crecer un 7,8% en términos interanuales. De ellas, 225.224 correspondían a trabajadores con contrato indefinido. En los nueve primeros meses del año se acumula un total de 2,2 millones de renuncias, una cifra que supone un incremento del 3,3% respecto a hace un año y un 58% desde la reforma laboral. Las de los asalariados fijos se han disparado un 232% desde 2021, hasta los 1,7 millones, aunque las de temporales empiezan a cobrar fuerza en el último año. Todo ello dibuja un cambio en las reglas del juego del marcado laboral que agrava la carencia de falta de mano de obra que denuncian sectores como la hostelería, el comercio y la construcción.
Lo que en su momento se consideró un efecto colateral y temporal de la reforma laboral se confirma tres años después como uno de los ejes de las relaciones laborales en un mercado de trabajo con más paro de Europa, pero en el que cada vez más empresas dicen que faltan trabajadores, sobre todo de cara a la contratación de la campaña navideña.
En los primeros momentos, el auge de las bajas voluntarias se consideró coherente con el cambio legal pactado por el gobierno, patronal y sindicatos, que además se coincidía con un contexto de intensa reactivación del empleo tras la pandemia. Así, las mayores posibilidades de obtener un contrato indefinido explicaban que muchos temporales renunciaran a su trabajo sin esperar a que caducara, mientras los nuevos contratados fijos se veían con muchas más opciones para elegir otros empleos si las condiciones del que acababan de encontrar no les convencían.
Lo que no se produjo fue una 'fuga' de los trabajadores fijos con mayor antigüedad acumulada. Si bien su peso se ha visto reducido, lo que apunta a un cambio de composición en el empleo y el reparto de las oportunidades laborales, como hemos contado en elEconomista.es, siguen siendo con diferencia los trabajadores con mayor resistencia al cambio, lo que aleja al caso español de la idea de la 'Gran Renuncia' que entre 2021 y mediados de 2023 afectó a las principales economías del mundo.
Aunque la principal diferencia para España radica en su elevada tasa de paro. Esto hacía prever a los expertos que la escalada de dimisiones no solo se frenaría, sino que se revertiría, una vez que la actividad de los sectores afectados por la crisis sanitaria volviera a la normalidad y el mercado laboral se adaptara a la nueva legislación. A fin de cuentas, renunciar a un empleo (sobre todo indefinidos) en el país con una tasa de paro del 11,7% y en el que el 56% de los contratos que se firman son temporales no parecía una tendencia demasiado sostenible a medio plazo. Pero este pronóstico se ha visto desmentido por los datos.
En los nueve primeros meses del año, las dimisiones han crecido un 3,2% y un 4,3% entre los indefinidos. Es un repunte mucho más moderado que el de los ejercicios precedentes, pero está muy lejos del retroceso esperado desde hace tres años. Sobre todo, cuando las tendencias similares en otros países, como Estados Unidos, sí se han revertido hace tiempo ya. ¿Qué explicación hay entonces para que este fenómeno perviva en un país con una tasa de paro que casi triplica la estadounidense?
A lo largo de los últimos tres años se han buscado diversas explicaciones para un fenómeno sobre el que los datos son relativamente escasos –los publicados por Seguridad Social solo llegan a 2012– pero confirma que el punto de inflexión se da con el cambio legal a finales de 2021.
Entre 2012 y 2019 se registró un incremento continuado de las bajas de afiliación voluntarias, aunque en ese periodo vinieron protagonizadas por los asalariados temporales. Algo lógico si tenemos en cuenta que se trata de empleos con fecha de caducidad y que los empleados se sienten menos 'atados' por factores como la antigüedad en el puesto de trabajo que sí disuaden a indefinidos. Su incremento es coherente, además, con una senda de recuperación económica que pivotó sobre los empleos eventuales con mayor intensidad de lo que lo hizo con los indefinidos.
Aunque la pandemia frenó en seco esta evolución por la parálisis de la actividad y el empleo, la primera fase de recuperación permitió volver rápidamente a una situación que era exactamente igual a la de 2019, sin rastro de la inesperada oleada de renuncias que empezaba a salpicar a otras economías. El giro radical se produce a partir de diciembre de 2021.
La reforma laboral elimina la modalidad de los contratos temporales por obra y servicio y establece límites al encadenamiento de otras modalidades eventuales, lo que se traduce en un repunte sin precedentes de la contratación indefinida y un aumento de los afiliados con empleos fijos. Hay que tener en cuenta, que los datos de Seguridad Social funcionan como el reverso de los de contratación, ya que reflejan el 'stock' de asalariados, no las entradas y salidas que son mucho más volátiles. Antes de la reforma los indefinidos ya eran mayoría, con el 63,7% de los afiliados al Régimen general. Desde entonces se han disparado al 78,5%.
Sin embargo, los fijos nunca han sido los protagonistas de las dimisiones hasta 2022, lo que resulta especialmente chocante en un aspecto que desmonta una de las explicaciones iniciales al fenómeno: las renuncias de temporales no se incrementaron temporales. Lo que significa que las renuncias no se deben a temporales que buscan mejores empleos, sino a nuevos contratados temporales que no parecían estar satisfechos con lo que encontraban. ¿Pero significa que encontraban mejores empleos?
Un análisis del investigador de Fedea, Florentino Felgueroso, con datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de 2022, puso en duda este extremo: 6 de cada diez renuncias no se traducían en un cambio de trabajo y un 36% de los que lo hacían acaban con un sueldo peor. Cierto es que estos datos corresponden a un ejercicio complejo: sectores como la construcción y, sobre todo, la hostelería y el comercio, recuperaban la actividad tras la pandemia y se encontraban con que muchos de sus trabajadores 'habituales' habían migrado durante los años de confinamiento a otras actividades.
Además, tenían que lidiar con la complejidad de adaptar las características de su trabajo a la norma, que solo admite dos excepciones: el sector público (donde no se aplica) y el artístico (para el que se creó un nuevo contrato 'ad hoc'). La construcción cuenta con un contrato 'adscrito a obra' que facilita extinguir contratos cuando termina un proyecto y no se puede encajar al trabajador en otro, pero a un coste (una media de 25 días por año) más alto que un despido por causas objetivas (20 días) o que dejar que empleo temporal caduque (12 días por año).
La idea de que esta adaptación coincidió con cuestiones sociales (como la mayor conciencia de la conciliación) y demográficos (la mano de obra joven disponible, así como la inmigrante se había reducido) era coherente con los hallazgos de Felgueroso, así como la posibilidad de que muchos de estos trabajadores fueran fijos discontinuos que, simplemente, buscaban un empleo que garantizaba una actividad más duradera.
El desafío de retener trabajadores
Lo que no supone que esto se mantenga en 2023 y 2024, cuando la economía ha recuperado la actividad normal (incluyendo también la llegada de inmigrantes) y el mercado de trabajo debería haberse acostumbrado a las nuevas reglas del juego, legales y sociales. Y el problema es que las dimisiones de indefinidos vuelven a remontar. En septiembre se registraron un 13% más que hace un año. Esto apunta a un otoño para los sectores con un uso más intensivo de la mano de obra.
España registra un récord de ocupados, pero el paro está muy lejos de su mínimo. Esto significa que hay un gran porcentaje de mano de obra disponible que no encuentra hueco en el mercado laboral. Los registros que publica Seguridad Social no desglosan en qué sectores trabajan los asalariados que dimiten, pero teniendo en cuenta que hostelería, construcción y comercio concentran el 30% del empleo, se intuye que tienen un peso elevado. A ellos se suman sectores con duras condiciones laborales y bajos salarios, como los servicios auxiliares y las actividades sanitarias y sociales (no tanto entre los médicos o enfermeros, como entre los cuidadores, trabajadores sociales y orientadores).
Pero cuando se habla de este problema, el ejemplo más citado es el de los profesionales tecnológicos. Aunque tienen un peso en el empleo reducido (apenas el 3,9%, casi cinco veces menos que el comercio), son unos de los puestos más demandados en un acuciante proceso de digitalización. La falta de expertos hace que estos tengan mucho más poder para cambiar de trabajo si las condiciones no les convencen.
Sin embargo, los análisis de organismos como el Banco de España ponen el foco de la falta de mano de obra en construcción, hostelería y comercio. Actividades, sobre todo las dos últimas, con un marcado carácter estacional y que no se asocian a trabajadores cualificados.
Un informe del SEPE publicado en el primer trimestre de 2024 achacaba la falta de mano de obra en la construcción, hostelería y comercio a la "precariedad", definida no solo como bajos salarios, sino malas condiciones laborales: destacando los horarios y la 'penosidad' de los puestos como factores destacables. Este análisis no solo explica que un desempleado rechace ciertos trabajos, también que un trabajador, aunque tenga un contrato indefinido, sea más propenso a abandonarlo. Sobre todo, si no pierde nada por contar con una reducida antigüedad que ni siquiera le preocupe conseguir una indemnización por despido.
Aunque todos ellos han subido los sueldos desde 2022, en parte empujados por los incrementos del salario mínimo interprofesional, pero también por la actualización de los convenios colectivos, los problemas para encontrar trabajadores no se han reducido y esto también hace, como ocurre con los profesionales cualificados, que sea cada vez más difícil retenerlos. Ello a pesar de que el elevado desempleo debería desincentivar la marcha de trabajadores.
Un escenario inesperado para muchas empresas que han elevado la contratación indefinida, pero se encuentra con que ahora son sus asalariados los que se van. Una nueva realidad que revela el desafío que supone para las actividades que, históricamente, más han dependido para adaptarse a la nueva legislación es mucho más profunda que simplemente cambiar los contratos eventuales por fijos.
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