La precariedad laboral se intensifica: el 61,7% de los jóvenes en España tiene un contrato temporal

En 2023, el 17,08% de los asalariados en España contaba con un contrato temporal. Sin embargo, este porcentaje se dispara entre los trabajadores más jóvenes. Un 61,7% de los empleados de entre 16 y 19 años tenía un contrato temporal, seguido por un 46,4% entre los de 20 a 24 años y un 27,6% en aquellos de 25 a 29 años, según el informe de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, titulado "España no es un país para jóvenes", apoyado en cifras de la OCDE, del Banco de España, del INE y de aquellos organismos que miden la Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión Social, el de Carencia Material y Social Severa o el Informe Mundial de la Felicidad 2024. Además de la predominancia del empleo a tiempo parcial, los jóvenes también enfrentan una mayor temporalidad, lo que según el Gobierno es una muestra clara de la precariedad laboral.

Las consecuencias de esta situación no se limitan solo a la estabilidad en el empleo. Los trabajadores jóvenes de entre 16 y 29 años perciben salarios un 35% inferiores a la media, y su crecimiento salarial a lo largo de la vida laboral es más lento que el de generaciones anteriores. Mientras que la cohorte nacida en 1955 alcanzó la base media de cotización a la Seguridad Social a los 27 años, los nacidos en 1985 no lo habían logrado a los 34 años. Esto indica que la juventud española tarda más en alcanzar el nivel salarial medio de cualquier profesión.

A este escenario se suman dificultades para acceder al mercado laboral y una elevada tasa de desempleo. Los jóvenes representan una proporción mucho mayor entre los desempleados que entre los empleados, reflejando las barreras que enfrentan para encontrar trabajo. La precariedad salarial se traduce también en menores ingresos familiares. Los hogares con sustentadores entre 16 y 29 años tienen una renta por unidad de consumo de unos 16.000 euros anuales, un 15% inferior a la media nacional, y este descenso es más pronunciado en hogares cuyos sustentadores no tienen formación superior, donde la renta anual cae hasta los 11.000 euros, un 40% por debajo de la media.

Menor peso demográfico

El debilitamiento de la situación de los jóvenes no solo se da en el ámbito económico, sino también en el político. Su peso demográfico ha caído notablemente, pasando de representar el 21,11% de la población en 1980 al 14,81% en 2023. Mientras tanto, el segmento de la población mayor de 65 años ha crecido significativamente, del 11,05% en 1980 al 20,61% en la actualidad. Este envejecimiento de la población reduce la capacidad de los jóvenes para influir en las políticas públicas, ya que los intereses de las personas mayores prevalecen en una sociedad cada vez más envejecida.

Este declive demográfico también se refleja en la baja natalidad. En 2023, solo nacieron 322.075 niños en España (1,16 hijos por mujer), una cifra que contrasta con los 688.711 nacimientos (2,88 hijos por mujer) que se registraron hace 50 años. Esta caída en los nacimientos ha reducido el porcentaje de la población de entre 0 y 29 años del 49,1% en 1980 al 29,5% en 2023, consolidando un envejecimiento sin precedentes.

Los jóvenes no son felices

Por primera vez, el informe analiza la felicidad en diferentes etapas de la vida y concluye que la satisfacción vital de los jóvenes entre 15 y 24 años ha caído drásticamente desde la pandemia, especialmente en América del Norte, donde las personas mayores son ahora más felices. España, que ocupaba el puesto 24 en 2021, ha descendido al 36 en 2024. En términos generacionales, las personas nacidas antes de 1980 son más felices que los millennials y la Generación Z. Los menores de 30 años en España se sitúan en el puesto 55 del ranking de felicidad, mientras que los mayores de 60 años ocupan el 29.

La situación financiera de los jóvenes es igualmente preocupante. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, los hogares más jóvenes han sufrido una notable caída en su renta y riqueza neta, con un descenso del 37,5% en la propiedad de viviendas entre 2011 y 2022. Esto refleja un empobrecimiento significativo en un sector que considera la vivienda su principal activo.

Los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social también son alarmantes. En 2023, el 31,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años se encontraba en riesgo de pobreza, y el 11,5% enfrentaba carencia material y social severa. Este deterioro no es solo coyuntural, sino estructural, resultado de la degradación de la educación pública y un mercado laboral ineficiente con un sesgo anti jóvenes.

Si esta tendencia continúa, España podría enfrentar un estancamiento en la calidad de vida de las nuevas generaciones, que corren el riesgo de emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y salarios. Esto podría resultar en un empobrecimiento de la clase media y un aumento de la inestabilidad social y política.

El informe de Freemarket Corporate Intelligence destaca que el declive para la generación más joven no es coyuntural, sino estructural, causado principalmente por el deterioro de la educación pública y un mercado laboral ineficiente con sesgo anti jóvenes. Si no se corrige esta tendencia, podría producirse un estancamiento y retroceso en el nivel de vida, una polarización social entre una mayoría con baja productividad y una minoría con alta formación e ingresos elevados. Además, el éxodo de jóvenes altamente cualificados hacia el extranjero está reduciendo el capital humano y limitando el desarrollo económico del país.

Además, se plantea en este estudio un futuro preocupante para la clase media tradicional en España, que podría enfrentar un empobrecimiento y un aumento de la inestabilidad social y política debido a la falta de oportunidades para los jóvenes. El mal funcionamiento del sistema educativo público es uno de los principales factores que obstaculizan el progreso de los jóvenes, evidenciado por la alta tasa de abandono escolar y el elevado porcentaje de "ninis" (jóvenes que ni estudian ni trabajan). España tiene una de las peores posiciones en estos indicadores dentro de la Unión Europea, lo que resalta la urgencia de abordar este problema para garantizar la cohesión social y la prosperidad futura.

La calidad educativa: un obstáculo para el empleo de los universitarios

Según los últimos datos de Eurostat, las carreras universitarias elegidas por los estudiantes en España no difieren significativamente de las cursadas por sus homólogos en la zona euro. Esta similitud en las preferencias educativas sugiere que no es la elección de carrera lo que explica las diferencias notables en las tasas de desempleo entre los titulados españoles y los del resto de la Unión Europea (UE). Sin embargo, las cifras del mercado laboral revelan una realidad preocupante: los licenciados españoles enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos cualificados y presentan una tasa de paro superior a la media de la UE-27.

¿Qué está detrás de esta situación? Los expertos apuntan a un factor clave: la calidad de la educación superior en España. A pesar de que el sistema universitario español forma a un número considerable de graduados, su inserción en el mercado laboral, especialmente en empleos de alta cualificación, es inferior en comparación con otros países europeos. Esto sugiere que la educación universitaria en España no está logrando preparar a los estudiantes para competir de manera efectiva en un entorno laboral cada vez más exigente y globalizado.

El déficit de calidad educativa se refleja no solo en las tasas de paro, sino también en la proporción de titulados que logran ocupar puestos de alta cualificación. En muchos casos, los graduados españoles terminan en empleos que no requieren el nivel formativo que han alcanzado, lo que genera una sobrecualificación y limita su desarrollo profesional. En contraste, en otros países de la zona euro, como Alemania o los Países Bajos, los graduados tienen más probabilidades de acceder a empleos acordes con su nivel educativo, lo que mejora su situación laboral y reduce las tasas de desempleo.