Madrid
El 'think tank' de economía aplicada, Fedea, sugiere que los últimos cambios pactados entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre pensiones, especialmente en lo que afecta a la jubilación demorada y activa, pueden terminar suponiendo un mayor coste para el sistema. En un análisis publicado este lunes sobre el último pacto en pensiones, Fedea apunta que "existen muchas dudas" de que las nuevas medidas no vayan a generar un mayor coste para el sistema respecto a la situación previa.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, comunicó el acuerdo al Pacto de Toledo a comienzos de septiembre y confía ahora en labrar el apoyo de los grupos parlamentarios que actualmente no tiene cerrados. El desarrollo normativo podría incluir una memoria económica que contenga la información financiera y el impacto económico de la reforma, aunque se desconoce hasta la fecha.
Miguel Ángel García, el investigador responsable del estudio, resalta que uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de combinar los beneficios de la jubilación demorada y la jubilación activa. En concreto, aquellos trabajadores que opten por la jubilación activa, lo que les permite seguir trabajando mientras reciben al menos una parte de su pensión, tendrán ahora derecho a los incentivos previstos por el retraso en la jubilación. Estos incentivos incluyen un aumento del 4% en la pensión el primer año o una prima única de entre 5.000 y 12.000 euros por cada año de demora.
Además, se incrementa el porcentaje de la pensión que perciben los trabajadores bajo el régimen de jubilación activa, a partir del segundo año de actividad tras alcanzar la edad legal de jubilación, lo que supone una mejora en las condiciones para aquellos que deciden seguir trabajando.
Fedea recuerda que el acuerdo aborda cuestiones que quedaron pendientes de la última reforma relacionadas con el acceso a la jubilación, su compatibilidad con el trabajo remunerado y el papel de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal. En concreto, y sobre los cambios para incentivar el diferimiento de la edad de jubilación, Fedea cree que no va a generar ahorros al sistema de pensiones sobre la situación actual sino que "más bien, los podría aumentar", según el investigador Miguel Ángel García.
Asimismo, señalan la parte positiva de la medida aunque la reforma en su conjunto les parece "insuficiente" al mantener "trabas innecesarias" para compatibilizar el trabajo remunerado con la pensión al limitar la jornada que se puede reducir. También cuestiona que no se haya aprovechado la ocasión para establecer "condiciones atractivas" para las empresas y señala la eliminación de los costes de despido para los trabajadores que continúen trabajando más allá de la edad legal de jubilación o la posibilidad de renegociar sus salarios y otras condiciones laborales.
Con la nueva normativa, una persona que tenga 66 años (un año después de su edad de jubilación ordinaria si ha cotizado más de 38 años y medio) o 68 años (si ha cotizado menos), y decida trabajar un año adicional, recibirá su salario, el 45% de su pensión y acumulará un suplemento del 4% en su pensión, que empezará a percibir una vez se jubile completamente. Si opta por trabajar dos años más, obtendrá su salario, el 55% de la pensión y sumará un 8% adicional a su futura pensión.
En caso de que prolongue su actividad laboral hasta cinco años más allá de la edad legal de jubilación, percibirá su salario completo, el 100% de su pensión, y acumulará un 20% adicional en su pensión, que recibirá de forma permanente durante su jubilación.
Sobre los cambios en el contrato relevo, cree que pueden deteriorar la equidad en el trato de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. En cuanto al papel de las mutuas colaboradoras, añade que podría suponer "ciertas ganancias en la eficiencia" de la gestión de la incapacidad temporal, pero ve "improbable" que pueda reducir significativamente el intenso crecimiento del gasto en esta prestación.
Por lo que respecta al papel de las mutuas, la institución admite que las reformas podrían aportar "cierta mejora en la eficiencia" de la gestión de la incapacidad temporal, aunque duda que esto logre frenar el fuerte incremento del gasto en esta prestación.
En términos económicos, concluyen que "existen serias dudas" sobre si las nuevas medidas evitarán un aumento de los costes del sistema de pensiones en comparación con la situación actual. Estaría motivado por la bonificación sobre la pensión (4% el primer año y un 2% cada seis meses desde el segundo año) y el pago parcial de la pensión durante ese periodo de empleo adicional (entre el 45% y el 100% de la pensión), aunque Fedea no descuenta los ingresos adicionales que generan las cotizaciones sociales de este colectivo. Si esta modalidad es adoptada por un mayor número de personas, el gasto agregado en pensiones podría aumentar aún más en el futuro, consideran.