Madrid
El Gobierno ha firmado hoy con los agentes sociales los últimos retoques del sistema de pensiones. El pacto incluye modificaciones en la jubilación parcial que permite compatibilizar salario y pensión, la jubilación anticipada por motivos de profesión, el papel de las mutuas colaboradoras en los diagnósticos por incapacidad temporal o la cotización de los fijos-discontinuos. El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, han certificado el acuerdo alcanzado a finales de julio con el consenso del diálogo social, pero se enfrentan ahora a las exigencias de los grupos políticos en una Cámara Baja fragmentada.
El Gobierno se ha citado con los negociadores de la patronal y los sindicatos esta mañana en el Palacio de La Moncloa, como viene siendo habitual al certificar este tipo de reformas en clave económica. La foto de los socialistas y el consenso del pacto podría representar una victoria política para Saiz, que heredó los retales de la anterior reforma que prácticamente finiquitó el exministro del ramo José Luis Escrivá. Nada más lejos de la realidad, el acuerdo no está para nada garantizado en el hemiciclo y la ministra deberá pugnar con los tradicionales socios del Gobierno y, por descontado, con la oposición.
Partidos nacionalistas como ERC, Bildu o BNG ya manifestaron sus diferencias a la ministra Saiz la semana pasada, cuando presentó al Congreso de los Diputados el contenido de la reforma. Catalanes, vascos y gallegos tienen la intención de retocar el desarrollo normativo de la reforma a cambio de votar a favor, mientras el PP hará lo propio y su voto ni siquiera está asegurado.
Los miembros del diálogo social temen, de hecho, que su negociación y fructífero pacto alcanzado sea insuficiente una vez la reforma llegue al terreno político. Fuentes sindicales y patronales muestran su preocupación por las modificaciones que puedan incorporar los grupos políticos en el trámite parlamentario, así como la incertidumbre que genera la minoría del PSOE y el bloqueo legislativo del Congreso, que podría tumbar la reforma.
Los grupos políticos tienen motivos y poder para retocar la reforma a través de las correspondientes enmiendas. En el juego político y el baile de apoyos, los nacionalistas suelen 'arañar' este tipo de medidas a cambio de su apoyo. Por ejemplo, el extinto PDeCat incorporó en la última reforma de pensiones tramos a la 'cuota de solidaridad' que pagarán los salarios por encima de la base máxima de cotización.
La celeridad con la que se ha querido abordar esta reforma es clave, pues ha impedido el 'trabajo político' previo. El contenido del acuerdo no había pasado por la Comisión Permanente del Pacto de Toledo hasta la pasada semana, cuando realizó la correspondiente ponencia la ministra Saiz.
Entre los aspectos que los grupos también echaron de menos está la ausencia de la memoria económica que recoge el impacto financiero de las medidas propuestas sobre las cuentas públicas. Por ejemplo, el acceso a la jubilación anticipada por motivos profesionales, de peligrosidad o penosidad supone que un determinado número de trabajadores abandone el mercado laboral a partir de los 60 años, con los correspondientes ingresos en cotizaciones que deja de recibir la Seguridad Social y la pensión que abona antes de la edad ordinaria.
Reacciones al acuerdo
El presidente ha celebrado los "21 grandes acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno de España. Acuerdos cruciales". "El valor de todos estos acuerdos va más allá de lo oportuno de las medidas que incluyen. La gran virtud es el valor real del acuerdo, porque radica en lo que se acuerda, que está destinado a perdurar. Esas creo que son las reformas que hacen país, que unen al país, las que ofrecen solidez al sistema y permanencia en el tiempo", ha enfatizado.
CCOO ha manifestado tras la firma del acuerdo que "espera una pronta puesta en marcha de las medidas acordadas que requieren actuaciones directas del Gobierno o desarrollos reglamentarios de normas ya aprobadas por las Cortes". El sindicato confía en que las modificaciones parciales de la Ley General de Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores que se derivan de este acuerdo "puedan ser aprobadas en las Cortes Generales y entrar en vigor en el menor plazo posible".
El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que le costaría entender que los grupos parlamentarios no dieran el visto bueno a medidas tan importantes como las mejoras introducidas en el contrato de relevo o en las condiciones para la jubilación de los fijos discontinuos.
"Que sepan los grupos parlamentarios que vamos a defender nuestro acuerdo de pensiones. España no puede ser rehén de las diferencias políticas que hay en estos momentos. El Parlamento no puede secuestrar los derechos de los trabajadores impidiendo que normas avaladas por los sindicatos y la patronal no vean la luz sencillamente porque el clima político no lo permite", ha enfatizado.
Claves del acuerdo
La reforma de pensiones gira sobre cuatro puntos: la mejora de la compatibilidad de pensión y trabajo; la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la jubilación en actividades con alta peligrosidad; el mejor aprovechamiento de los recursos asistenciales de las mutuas en procesos traumatológicos; y la mejora de los coeficientes de cotización para las jubilaciones de los trabajadores fijos discontinuos.
Gobierno y agentes sociales han diseñado un nuevo marco para hacer compatible el cobro del salario con un determinado porcentaje de pensión que llegará al 100% si el trabajador demora su jubilación cinco años. Además, ofrece un 2% adicional en la pensión por cada seis meses de demora, cuando antes era el 4% por cada año; o bien un cheque al contado.
Uno de los puntos más difíciles de trasladar a los ciudadanos es el nuevo sistema de acceso a la jubilación anticipada en trabajos peligrosos o penosos, con el que se ha tratado de definir las causas objetivas para que un trabajador se pueda beneficiar de esta modalidad más allá de los grupos profesionales que ya tienen acceso.
El Gobierno ha abierto la puerta a derivar los procesos traumatológicos de trabajadores en incapacidad temporal a las mutuas colaboradoras para así aliviar las listas de espera de la sanidad pública. Las mutuas podrán realizar diagnósticos en procesos traumatológicos siempre y cuando tengan el consentimiento del trabajador.
Los trabajadores fijos-discontinuos recuperan el coeficiente de 1,5 en sus días cotizados para proteger a los trabajadores estacionales, de sectores como el campo o la hostelería, y facilitar su acceso a la jubilación.