El Gobierno aprobará mañana un decreto que obliga a los empleadores a llevar a cabo una evaluación de los riesgos que se presentan en el lugar de trabajo de sus trabajadores domésticos, según adelantó el diario El País. El texto encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Trabajo (INSST) desarrollar una herramienta online sencilla, que facilite la evaluación de los posibles riesgos a los que se enfrentan las empleadas domésticas. En caso de que exista un peligro para la seguridad del trabajador, el empleador deberá facilitar equipos de protección de uso individual. Si la seguridad no estuviera garantizada, las empleadas deberás paralizar su actividad. La iniciativa contempla que el recargo de las prestaciones en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional por falta de medidas de prevención de riesgos "no será de aplicación a las personas empleadas del hogar". Además, una vez aprobado el decreto, se distribuirán normas de prevención para reducir los peligros e indicar protocolos de actuación en casos de violencia o acoso en el lugar de trabajo.
Por otro lado, Trabajo pondrá a la disposición del colectivo la posibilidad de someterse a reconocimientos médicos gratuitos por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS).También impulsará cursos de formación financiados por el Sepe y que serán ofertados por la Fundación para la Formación en el Empleo (FSP). La normativa llevaba meses gestándose entre varias plataformas de trabajadoras y el ministerio que lidera Yolanda Díaz. Es más, la equiparación de derechos de las empleadas domésticas es uno de los objetivos que la vicepresidenta segunda se marcó desde su llegada al Ejecutivo.
No obstante, el texto no cuenta con el aval de los sindicatos, que se muestran en contra de la evaluación se realice por el propio interesado, sin que existan mecanismo de inspección por parte de la Administración Pública con capacidad de acceso a los domicilios. Cabe recordar que el artículo 18 de la Constitución establece que el domicilio es inviolable, y que "ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". Está previsto que el Gobierno ofrezca detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se validará la norma.
España cuenta con más de 600.000 personas dedicadas al empleo en el hogar, según la Encuesta de Población Activa (EPA), de ellas un 90% son mujeres, en su mayoría extranjeras. Además, se calcula que un tercio de las empleadas domésticas trabajan sin contrato de trabajo. Un punto, este último, que Moncloa trató de corregir a través de ayudas a la contratación para empleadores. Entre ellas, destaca la bonificación del 80% en la cotización al desempleo y del 20% en la contribución al Fogasa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló -el pasado mes de febrero- en contra del sistema español, al considerarlo discriminatorio al negar a las empleadas el derecho a cotizar por desempleo y por tanto el cobro del paro.
