La ministra de igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves en el Congreso que el Gobierno enmendará "rápidamente" el error 'técnico' introducido en la Ley Orgánica de Paridad y que desde el pasado 22 de agosto permite despedir a quien solicite o esté disfrutando de una adaptación de jornada –como el teletrabajo– para poder conciliar. "Estamos preparándolo ya para la semana que viene", aseguró. La rectificación se introducirá en una enmienda a una norma actualmente en tramitación parlamentaria, aunque no ha precisado cuál ni si se hará en el Congreso o el Senado, con lo que la fecha de su entrada en vigor aún no está clara.
Redondo hacía este anuncio en su comparecencia en la Cámara baja para rendir cuentas por este error, que también perjudica a quienes se acojan al permiso de cinco días para atender a un familiar enfermo. Estos ´blindajes' fueron introducidos hace un año y fijaban que el despido de las personas acogida a estos supuestos –o que, simplemente, lo hubiera solicitado- seria declarado nulo.
Con ello se clarificaba la situación judicial de estos ceses y, según el Ministerio de Trabajo, se garantizaba el derecho a la conciliación. Aunque muchos juristas advirtieron de unauge de la 'picaresca' de personas que solicitaban dicha adaptación para evitar ser despedidos. Este debate se vio cortado en seco por la derogación de la disposición, en una enmienda introducida en el trámite parlamentario de la Ley de Paridad.
Este cambio fue impulsado por Igualdad, que pretendía corregir otro error anterior que había eliminado otro blindaje, el de las víctimas de una agresión sexual, introducida en la Ley del Solo sí es Sí de 2022 pero borrada en la Ley Trans de 2023. Pero Igualdad presentó un texto que eliminaba para protección para los trabajadores que solicitan conciliar.
Un error garrafal
Una modificación que pasó todos los filtros del Gobierno y de los grupos parlamentarios, ya que la enmienda fue firmada por PSOE y Sumar, votada en Congreso y Senada y nadie detectó el problema hasta que la ley llegó al BOO el pasado 2 de agosto y fueron los propios abogados los que dieron la voz de alarma.
La derogación entró en vigor el pasado 22 de agosto y ha abierto la incertidumbre entre los trabajadores y las empresas. Ana Redondo ha reconocido en los últimos días como "un error indeseable" lo sucedido. "No se va a producir ninguna indefensión a los trabajadores", comentó en declaraciones recogidas por Servimedia, porque además de la nueva norma, hay recursos como el Estatuto de los Trabajadores, el "principio de indemnidad" y "jurisprudencia muy garantista" a la que se pueden acoger los trabajadores.
El problema de esta tesis es que la realidad de la jurisprudencia es mucho más compleja y los jueces hacen interpretaciones diferentes. Precisamente, la disposición se introdujo para garantizar una 'nulidad objetiva' fuera de toda discusión. Esto es lo que los trabajadores han perdido, al menos hasta que el Gobierno subsane definitivamente el error, a ser posible sin introducir otros.