A medida que pasan las semanas tras el fin del Tercer Pleno del Partido Comunista de China (PCCh), se van desgranando y anunciando las diferentes medidas que el Politburó ha tomado en materia económica para apuntalar el crecimiento del país y conseguir su objetivo de una expansión del PIB del 5%. De esa reunión ya se conoce que van a hacer políticas moacroeconómicas contundentes para abordar los más de 116 billones de yuanes (unos 15 billones de euros) de deuda oculta a los que se enfrentan los gobiernos locales a través de sus vehículos de financiación (LGFV, por sus siglas en inglés).
En el Politburó son conscientes de que el crecimiento económico del país continúa en fase de recuperación y que, para que se produzcan los niveles de crecimiento de etapas anteriores, tienen que hacer frente a los lastres del PIB, entre los que está una baja demanda, una deuda oculta de los gobiernos locales, recomponer un maltrecho sector inmobiliario y resolver la escasa demanda interna.
En esta última reunión hablaron de la necesidad de establecer políticas macroeconómicas que, junto con las vigentes, ayuden a apuntalar la economía. Establecieron este criterio como "urgente" y, en particular, se habló de una nueva política fiscal que revierta esta tendencia de endeudamiento de los gobiernos locales para poder ofrecer los servicios públicos que tienen transferidos.
La clave de esta medida en que, a pesar de que la mayoría de gobiernos locales tienen las competencias para proporcionar gran parte de los servicios públicos, no tienen capacidad recaudatoria para ingresar fondos para pagarlos a través de los impuestos, lo que les obliga a recurrir a métodos de endeudamiento.
La deuda pública del conjunto de ayuntamientos y regiones de China ascendió a finales de 2023 a un 31% del PIB, según los datos que maneja el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esa deuda, los LGFV representaban el 48% del total y otros fondos públicos el 13%. Actualmente, el FMI calcula que la deuda pública local de China asciende a unos 116 billones de yuanes, unos 15 millones de euros, lo que supone el 116% del PIB. Esto supone un incremento del 35% con respecto al año 2018.
Los vehículos de financiación de los gobiernos locales (LGFV) son empresas estatales creadas para pedir préstamos en nombre de las autoridades locales. Generalmente, este tipo de deuda se contrae para invertir en proyectos públicos como carreteras y puentes.
El Gobierno central aprobó una serie de medidas en la segunda mitad de 2023 para ayudar a esos gobiernos locales a que intercambien o reestructuren sus abultados pasivos no registrados. Todo esto en un intento de controlar el riesgo de la deuda adquirida.
Los expertos aseguraban por aquel entonces que las medidas eran poco adecuadas para el problema real que representa la deuda oculta de estas administraciones. Reiteran que, como mucho, "proporcionarán un alivio" temporal, pero que esto ya es "un problema inminente de crisis de liquidez para las autoridades regionales chinas".
Si bien los planes anteriores para resolver el problema de la deuda oculta tenían un enfoque gradual, las medidas más recientes tomadas por el Gobierno central, en el mes de julio, llevó a ciudades y provincias a emitir un billón de yuanes en "bonos especiales de refinanciación" para pagar parte de su deuda no registrada.
Hasta el 26 de julio, de los 3,8 billones de yuanes (unos 490.000 millones de euros) de la nueva cuota de bonos especiales de los ayuntamientos para 2024, todavía faltaban por emitirse cerca de 2,1 billones de yuanes, según las estadísticas de Zhongtai Securities recogidas por Caixin.
Desde el Politburó propusieron la emisión de bonos especiales de "ultralargo plazo" para apoyar la creación de capacidades en las principales estrategias nacionales y áreas clave, y mayores esfuerzos para promover la modernización de equipos y el intercambio de bienes de consumo duraderos. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Finanzas emitieron el 25 de julio directrices para asignar 300 mil millones de yuanes de fondos mediante la venta de bonos especiales de ultralargo plazo para esta iniciativa.
Asimismo, también anunciaron una reforma fiscal que radica en una posible redistribución de la gestión de la recaudación hacia los gobiernos locales por parte del Estado. Esto resulta importante, ya que muchas provincias y municipios no tienen fondos para darle un impulso al crecimiento económico, lo que les obliga a endeudarse.
