Madrid
El sistema de pensiones es uno de los pilares del Estado de Bienestar que ha construido España durante las últimas décadas. Como tal, de su salud y previsiones a futuro dependerá la tranquilidad financiera de los españoles y extranjeros que sostienen en la actualidad el sistema y esperan percibir su prestación llegada la jubilación. Este pacto implícito es el motor de un sistema como el español: aportas a través de cotizaciones sociales y recibes a cambio una prestación. Si su carrera laboral es demasiado corta o sufres imprevistos, la Seguridad Social le garantizará una renta mínima. La población activa financia las pensiones actuales y espera que las próximas generaciones hagan lo propio... ¿qué pasa con el inevitable peso demográfico? Las previsiones a futuro proyectan un importante aumento del gasto que está por determinar a ciencia cierta debido al retiro del baby boom. La realidad, lo que ya ha ocurrido, es que desde 2010 la factura de las pensiones ha crecido en 3 puntos del PIB, pasando del 10,1% hasta el 13,1%, mientras los ingresos por cotizaciones se han estancado en el 9%.
Miguel Ángel García Díaz, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha analizado recientemente la evolución y situación financiera de la Seguridad Social. El análisis se ofrece en el momento en el que se empiezan a retirar los primeros miembros de la masiva generación del baby boom. En otras palabras, revela el deterioro de la salud de las cuentas de la Seguridad Social antes de que el proceso de envejecimiento haga mella por el retiro promedio anual de medio millón de trabajadores en dos décadas.
Primero, reflexiona acerca de los puntos básicos que giran sobre un sistema de pensiones ideal: que garantice una renta digna, lo más parecida al salario antes de la jubilación, consiguiendo el menor coste y la mayor seguridad posible a los pensionistas. Pero también debe existir una equidad en el trato entre generaciones que "permita o no entorpezca un crecimiento dinámico de la economía mediante el uso eficiente de los factores productivos".
El coste de oportunidad de las pensiones, aquellos que deja de invertir, producir o mejorar un país si desequilibra la balanza en beneficio de una partida de gasto. En palabras de García "conseguir una determinada cuantía de la pensión para unas personas puede venir acompañado de esfuerzos excesivos para el resto de la población, con incluso pérdidas potenciales (menos renta creada) y reales (menor renta disponible) para ella", tal y como avisaba la OCDE en un reciente informe.
En cuestión de 13 años, España ha visto incrementada su brecha en las pensiones y, en consecuencia, la fortaleza de su sistema. El incremento del gasto ha rebasado los 3 puntos del PIB, hasta el 13,1% del PIB, principalmente por las pensiones contributivas y otras prestaciones de la Seguridad Social (2,6 puntos) y las del régimen de los funcionarios (0,5), mientras las pensiones no contributivas se han mantenido en el mismo nivel de gasto. Pero este mayor desembolso no se ha acompañado de un mayor nivel de ingresos respecto al PIB, que se ha estancado en el entorno del 9% del PIB.
¿Cómo se financian, entonces, las pensiones? En este periodo ha habido una transformación en la fórmula que nutre la caja de la Seguridad Social. El grueso que suponen las cuotas que abonan las empresas y los trabajadores ha pasado de ser indudable fuente de financiación: antes generaba más del 90% de los ingresos de la Seguridad Social y ahora supone del 70%.
La hucha se dilapidó durante la pasada década para hacer frente a los sucesivos déficits del sistema. Este Fondo de Reserva se está volviendo a nutrir con una cuota adicional que financiará una parte de la jubilación del baby boom en la década de 2030 y 2040. Por su parte, la inyección de dinero generado con impuestos que recibe la Administración de la Seguridad Social –las denominadas transferencias del Estado- se ha multiplicado por cinco, impulsada también por motivos legislativos y para pagar las pensiones no contributivas, principalmente. Estas transferencias financian casi uno de cada cinco euros de la factura de las pensiones y han aumentado por valor del 2,4% del PIB desde hace algo más de una década.
El efecto de las últimas reformas
Llegados a este punto, el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges, reflexiona: "¿Se están adoptando medidas realmente eficaces y adecuadas a la magnitud de los desafíos?".
Desde 2011, las pensiones han sufrido reformas con medidas de calado que se han mantenido —el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 sería la medida estrella que culmina esta década— y otras, como la revalorización por debajo de la inflación si existía déficit o el cálculo de la pensión considerando la esperanza de vida (Factor de Sostenibilidad, que no se aplicó) que suponía un recorte del gasto y de las pensiones.
En el último proceso reformista, abordado por el antiguo ministro José Luis Escrivá, se apostó por tratar de generar más ingresos a la población activa, en vez de actuar en busca de una moderación del gasto. Ello se refleja en la revalorización automática de las prestaciones con la evolución de los precios, que blinda el poder adquisitivo de los jubilados. Pero también se ha apostado por mantener el bienestar de los jubilados con la generosidad más alta de la Unión Europea (el 77% del último salario), elevando porcentaje de salario que paga las pensiones.
"Implica ya un gran esfuerzo para la sociedad que será más exigente en el futuro con la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom a partir de 2024", explica García. Todo ello, a costa de generar un déficit (saldo básico del componente contributivo) equivalente al 3,8% del PIB, frente al 0,4% observado en 2010. Entonces, en plena crisis económica, las pensiones se financiaban casi por completo con los ingresos de las cotizaciones sociales. Ahora, el Gobierno subirá progresivamente las cotizaciones sociales a través de varias palancas para generar mayores ingresos sin ofrecer una mayor pensión a cambio, penalizando a la población activa sobre jubilados.
"Resaltaría la conclusión del informe de que la opción elegida en la última reforma de mantener un sistema con una tasa de reposición muy superior a la media de la Unión Europea, así como el mantenimiento de la cuantía inicial de pensión actualizándola con el IPC, todo ello sumado a la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom a partir de este 2024, implica un ingente esfuerzo que parece difícilmente afrontable en las presentes y las esperadas condiciones", declara Méndez Baiges.