El Partido Popular inició la pasada semana una estrategia parlamentaria contra la Ley de Vivienda del Ejecutivo, que concluirá en septiembre con la presentación su propio texto en el Congreso. La pasada semana, los de Núñez Feijóo registraron una proposición no de ley que establece las líneas maestras de la política de vivienda popular. La principal, es la derogación de la norma que permite a los municipios declarase como zona tensionada y activar el límite de precios al alquiler. Los populares instan -en su iniciativa- a "derogar cualquier normativa y revertir cualquier política que genere efectos negativos en el mercado de vivienda". La responsable del área del PP, Paloma Martín, considera que la iniciativa impulsada desde Moncloa "está provocando la huida del mercado del alquiler permanente al alquiler temporal, para eludir el riesgo del control de precios".
El pulso entre PP y PSOE por la vivienda, no obstante, se juega en el seno de la Federación de Municipios (FEMP), donde se agrupan los ayuntamientos. A ellas se han dirigido ambos partidos con la intención de hacer calar sus propuestas. Génova insiste en que ha mantenido "una treintena de reuniones" con la asociación de municipios, con consejeros autonómicos y diversas organizaciones del sector. También el PSOE trata de atajar el encarecimiento del mercado inmobiliario a través de la mesa de los ayuntamiento.
Los socialistas madrileños trasladaron hace unos días a los municipios dela Comunidad la necesidad de adherirse a la posibilidad que les brinda la ley. "No es justo que sean los madrileños y madrileñas los que tengan que pagar el sectarismo del PP de Ayuso", Maite Mellado Suela, vicepresidenta de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación de Municipios Madrileños. Mellado demandó a los gobiernos municipales que sufren problemas de acceso a la vivienda a votar en pleno la declaración de zona tensionada. "El PP pretende dar una bofetada al gobierno de España en la cara de los madrileños y madrileñas", insistió Mellado.
Okupación, jóvenes e incentivos fiscales
Génova ha construido su estrategia desde las corporaciones locales. Ha vetado la ley del Ejecutivo en aquellos municipios en los que cuenta con el gobierno, y en aquellas autonomías que preside. Una vez el PP ha logrado anular la efectividad de la norma en buena parte de España, presentará en septiembre su modelo. Más allá de pedir la derogación, los de Feijóo ponen el acento en la okupación, en los jóvenes y en la fiscalidad. El texto que la bancada popular defenderá tras el verano plantea rebajas de impuestos y deducciones fiscales para los tenedores de viviendas que quieran destinarla al alquiler de los jóvenes. También agita el temor a la ocupación ilegal, que ya han exprimido otros grupos como Vox. "Se producen 17.000 delitos relacionados con la okupación, algo intolerable en una Democracia avanzada y el Gobierno utiliza la vivienda como comodín electoral", denunció Martín. El PP -no obstante- no desvela que medidas incluirá para reducirlos.
A ello, el PP añade un gran protagonismo de los jóvenes en su propuesta. Génova ya trató de poner el foco sobre la emancipación en la pasada campaña de las europeas. De hecho, la única medida sobre papel con la que Dolors Montserrat se presentó al 9J giraban en torno a los menores de 35 años. Proponían un plan fiscal para bonificar el pago del IRPF de los jóvenes -con sueldos de hasta 45.000 euros- durante los primeros cuatro años de carrera laboral. La intención era procurarles un ahorro de unos 10.000 euros, que estarían obligados a utilizar al pago de una entrada para la compra de una vivienda, emprender un negocio, formarse o tener hijos, según explicaron fuentes populares.
El PP retoma ahora la esencia de la medida para imprimir en su futura ley la promesa de elevar el parque de vivienda en régimen de alquiler asequible para jóvenes. El artículo, es un calco al Plan VIVE aprobado por Isabel Díaz Ayuso en enero de 2021. De hecho, Paloma Martín fue consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2023. Sin embargo, la estrategia madrileña, que prometía "sacar al mercado" 15.000 viviendas antes de mayo del año pasado, tan solo consiguió iniciar los trámites de licitación de 6.600, de las 25.000 prometidas antes de 2029.
