Bruselas
España se ha librado de un procedimiento por déficit excesivo de Bruselas, en parte, porque el Ejecutivo comunitario ha decidido ser flexible. Sin embargo, la Comisión Europea ha dado varios toques de atención al Gobierno de Pedro Sánchez. En sus recomendaciones, Bruselas ha advertido a España de que tiene todos los números para desviarse de la senda de gasto que hace un año le fijaba. En 2023, la Comisión Europea recomendaba a España que el techo de gasto no superara un incremento del 2,6% en 2024. Sin embargo, las previsiones de Bruselas apuntan a que se elevará un 3,8%, por encima del máximo recomendado por el Ejecutivo comunitario.
En 2023, recomendaba que España mantuviera una política fiscal prudente, en particular, que limitará el incremento en el gasto primario neto en 2024 a no más del 2,6%, recuerda el Ejecutivo comunitario en su análisis de este miércoles. "Según las previsiones de primavera de 2024 de la Comisión Europea, el gasto primario neto de España aumentará un 3,8% en 2024", apunta Bruselas, un incremento que se corresponde con el 0,5% del PIB en el 2024.
Fuentes comunitarias consideran que España tiene capacidad para poner en marcha medidas para cumplir con los requerimientos de Bruselas, bien sea incrementado los ingresos o recortando el gasto.
Menciona también Bruselas las medidas que el Gobierno puso en marcha para paliar la crisis energética. Si bien la Comisión Europea estima que su coste presupuestario descenderá del 0,9% del PIB en 2023 al 0,2% en 2024 y al –0,1% en 2025, lanza un aviso al Ejecutivo de Sánchez: "no se prevé que el ahorro correspondiente se utilice en su totalidad para reducir el déficit público".
Hace pocos días que el Gobierno avisó de su intención de prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos pese a que, en la información remitida a Bruselas en abril, apuntaba a que retiraría tal medida. Estaba previsto, a priori, que estas ayudas expiraran en poco menos de dos semanas, el próximo 30 de junio, en línea con la extensión concedida por la Comisión Europea para mantener las medidas anticrisis. Y aunque todo apunta a una prórroga de las medidas, el Gobierno ha supeditado finalmente la decisión a la evolución del ICP.
Reforma fiscal
La reforma fiscal enmarcada en el quinto desembolso del Plan de Recuperación ha sido otro de los tirones de orejas que Bruselas ha dado a España. No necesitó una gran retórica. El Ejecutivo comunitario ha indicado que "la reforma fiscal debe ser parte de la estrategia de consolidación fiscal de España". En este marco, instó al Gobierno a ejecutar las reformas comprometidas en el marco del Plan de Recuperación para modernizar el sistema tributario, hacerlo más efectivo y adaptarlo a las nuevas tendencias.
Bruselas ha apuntado que España tiene margen para generar más ingresos fiscales vinculados con el medio ambiente aplicando fórmulas similares al principio de "quien contamina paga". En este sentido, ha recordado que, de media, suponen el 1,5% del PIB en 2022, frente al 2% del resto de la UE. También ha puesto sobre la mesa la posibilidad de incrementar los impuestos sobre el consumo, protegiendo a los más vulnerables con medidas compensatorias.
La avanzadilla que tomaba España en los primeros pasos del Plan de Recuperación ha ido dejando paso a un retraso en el calendario. Con un cuarto pago, agendado para el pasado año, aprobado todavía este mes, la Comisión Europea ha apremiado a España a avanzar en el Plan de Recuperación para cumplir todas las reformas e inversiones comprometidas antes de 2026.
Además, el Ejecutivo comunitario ha instado a España a "mejorar la gestión del agua para abordar mejor la adaptación a los efectos presentes y futuros del cambio climático y garantizar la resiliencia económica, social y a largo plazo". Una de sus recomendaciones pasa por mejorar la coordinación entre Gobierno y administración y ampliando las soluciones existentes para la gestión sostenible del agua en la agricultura, la eficiencia hídrica y las inversiones en infraestructuras.