Economía

CEOE y sindicatos negocian subir el límite de horas extra de 80 al entorno de 150 al año

  • La ley española es una de las más restrictivas para trabajar más allá de la jornada ordinaria
  • La cotización del tiempo adicional es del 2% para el empleado y de hasta el 23,6% para la empresa 
  • Las centrales se posicionan con Díaz: exigirán un control horario digital y multas de la Inspección
Antonio Garamendi, presidente de CEOE, Unai Sordo, secretario general de CCOO y Pepe Álvarez, su homónimo en UGT. EFE
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La negociación entre la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos por la reducción de la duración de la jornada laboral aspira a ser uno de los grandes cambios legislativos del año en materia laboral. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, permitió una negociación a dos bandas a sabiendas de la complejidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. No obstante, según revelan fuentes cercanas al diálogo social a elEconomista.es, en las escasas reuniones mantenidas durante los últimos meses no se ha tratado únicamente la reducción de la jornada laboral, también se ha abordado un aumento del límite de 80 horas extraordinarias que se pueden trabajar al año en España. Sobre la mesa está el propósito de tender hacia la referencia de Europa, que permite realizar hasta 150 horas anuales.

No es solo una propuesta: los empresarios y los sindicatos, cada representante del diálogo social con sus condiciones, están dispuestos a abordar ese cambio, según confirman fuentes de la patronal y Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Para ambos es una herramienta que puede dotar de flexibilidad al mercado laboral en determinadas circunstancias, aunque los sindicatos marcan como 'línea roja' la fiscalización y el control horario efectivo. También exigen que los trabajadores perciban un salario por hora más alto en aquellos periodos extraordinarios que sobrepasan la jornada laboral ordinaria. Los empresarios, por su parte, afirman que sería un recurso útil en determinados sectores con dificultad para cubrir puestos, como el de la construcción, que no encuentra candidatos pese a los empleados que afirman necesitar para cubrir su actividad.

La legislación española establece que las horas extra son voluntarias salvo que su realización esté pactada en los convenios colectivos –tal y como como lo quiere abordar UGT, a través de los acuerdos colectivos a nivel estatal– o en los contratos individuales. El citado límite de horas extra, aquellas en las que el trabajador presta servicios más allá de lo establecido en la jornada laboral establecida en cada caso, es de 80 horas anuales actualmente. Como explican desde UGT, la heterogeneidad entre los países de la Unión Europea se hace más evidente en las horas extraordinarias y no tanto en la jornada laboral máxima, en nuestro caso de 40 horas.

La comparativa internacional o comunitaria, llevada al extremo con países como Hungría o Eslovaquia que disparan el límite de horas extra anuales y permiten realizar hasta 400, deja mal parada a España. Las 80 horas anuales, según el juicio de Luján y citando a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), convierte a España en uno de los países "más restrictivos para permitir hacer horas extra". Con todo, fuentes de la patronal trasladan sus dudas sobre cómo encajaría el Gobierno esta propuesta.

Compensación y control de las horas extra

Las horas 'extra' deben ser compensadas con un salario por hora que, como mínimo, iguale al de una hora ordinaria. Los convenios colectivos regulan esta remuneración que, en caso alternativo, debe ser compensada con periodos de descanso remunerados.

A efectos de cotización a la Seguridad Social, el coste para el trabajador siempre será del 2%. Para la empresa, estas horas adicionales cotizan un 12% si son por fuerza mayor (por un motivo de extrema urgencia derivado del trabajo que pone en riesgo las materias primas) y un 23,6% si es por horas extras estructurales (por imprevistos o picos de producción, por ejemplo).

La compensación de los periodos fuera de la jornada ordinaria es una de las reclamaciones de los sindicatos, que hacen fuerza para igualar las horas trabajadas con las horas realmente comunicadas. Hace unas semanas, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) admitió a trámite la reclamación colectiva que presentó UGT contra el Reino de España argumentando que la legislación no estipula la obligación de pagar una prima por la realización de las horas extra, lo que consideran que vulnera la Carta Social Europea. El baremo que maneja el sindicato y que defenderán en la mesa de negociación con la patronal es una prima adicional del 25% sobre el sueldo por hora ordinaria.

Más puntos sobre la mesa: el control y el registro de las horas extra. "Hay que incentivar controles, facilitar los registros por parte de la Administración y aumentar las sanciones para que al incumplidor no le merezca la pena", defiende Luján, que apuesta por endurecer el control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como efecto disuasorio para las empresas.

El registro horario digital, con acceso por parte de la Administración, es uno de los puntos en los que coinciden los sindicatos y el Ministerio de Trabajo pero no la patronal. Luján considera que en las horas trabajadas hay un amplio margen para 'falsificar' las horas reales de trabajo, no computarlas y, en definitiva, no compensarlas.

¿Cómo están los apoyos?

Las diferentes posturas expuestas sobre las horas extra, dentro de un potencial acuerdo por reducir la jornada laboral, revelan varias líneas rojas y una voluntad compartida por dar más flexibilidad al mercado laboral.

Por otro lado, en vistas a sellar la firma de todas las partes por la reducción de la jornada laboral, las posibilidades de acuerdo son débiles. Los empresarios están molestos con la ministra Díaz por sus últimas maniobras normativas 'por la puerta de atrás', como la modificación del reglamento del Consejo Económico y Social (CES) o la imposición del plan de igualdad LGTBi a todas las empresas con más de 50 empleados.

En el plano político, las perspectivas de que el recorte de jornada salga adelante son todavía más escasas considerando la falta de apoyos del Gobierno en un Congreso de los Diputados que ya le ha tumbado a Díaz importantes reformas, como la del subsidio: Podemos obligó a la vicepresidenta a recular.

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