Valencia
Se cumple un año de las elecciones que forjaron el "Gobierno del cambio", el término utilizado por el presidente valenciano Carlos Mazón para definir su nuevo Ejecutivo, y con él es hora de hacer balance de las primeras medidas y la gestión de la coalición de PP y Vox. Entre los compromisos electorales que el líder popular ha materializado destaca las medidas de rebaja fiscal, que el propio Mazón ha convertido en una de sus grandes banderas.
No en vano anunció como primera medida la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los familiares directos con efectos desde la misma fecha de las elecciones autonómicas, el 28 de mayo. Otra de las medidas que el nuevo Gobierno valenciano impulsó sin demora fue la derogación de la tasa turística que el Botànic había dejado como herencia para entrar en vigor en enero de este año. Precisamente el sector turístico es sin duda uno de los que ha ganado relevancia y peso político de la mano de Nuria Montes, la exsecretaria general de la patronal Hosbec, como consellera de Inovación, Industria y Turismo.
Precisamente la rebaja de la presión fiscal es uno de los aspectos más positivos que reconocen al actual Ejecutivo autonómico desde los empresarios valencianos. El propio presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro valoraba que en este primer año de legislatura se ha cumplido con algunas de la cuestiones fundamentales que llevaba en su programa electoral, como la derogación de la tasa turística y la reducción de impuestos recogidas en su programa electoral. Con todo, Navarro también recordó que aún se debe avanzar en las medidas fiscales, como la eliminación del Impuesto de Patrimonio. Además, el PP incluyó en su programa una ambiciosa reforma en el tramos autonómico del IRPF que aún debe llevar a cabo en su mayoría.
El propio Mazón ya ha anunciado que también se tumbarán los impuestos verdes que aprobó el Botànic en la Ley Valenciana del Cambio Climático y que entrarían en vigor el próximo año. Se trataba de un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono en los vehículos de tracción mecánica, el impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera de la industria y el impuesto ambiental sobre los grandes establecimientos comerciales, que grava en función de las plazas de aparcamiento por el impacto generado por el tráfico rodado a esos establecimientos.
Entre los logros económicos de estos meses, el avance en la nueva terminal del Puerto de Valencia tras años de bloqueo es otro de los aspectos que más valora el presidente de CEV, que también considera que hay avances para ampliar los aeropuertos de Valencia y Alicante.
Apenas avanzan las renovables
Mazón también ha presentado otro de sus grandes proyectos estrella, el Plan Simplifica, para reducir la burocracia y agilizar los trámites administrativos, aunque sin establecer un presupuesto económico para llevarlo a cabo. A la espera de su ejecución, lo cierto es que algunos de los cuellos de botella que el PP denunciaba cuando era oposición del Botànic se mantienen. El ejemplo más significativo es el de la instalación de nuevas plantas de energías renovables, donde se sigue a la espera de la enésima reforma de la normativa para la tramitación.
En los últimos 12 meses apenas se han conectado 17 MW de potencia renovable en la Comunidad Valenciana, frente a los más de 5.358 MW de toda España según los datos oficiales de Red Eléctrica. La patronal Avaesen la región representa el 3% de la potencia eólica y fotovoltaica conectada a red en España y al ritmo actual serían necesarios 150 años para lograr el objetivo planteado para 2030, según la patronal Avaesen.
Sin noticias de la reforma de la financiación
En el propio balance realizado por Mazón de sus primeros 12 meses en la Generalitat destacó el "papel reivindicativo" frente al Gobierno central de Pedro Sánchez. Y ese choque se ha agudizado en la que sigue siendo la gran asignatura pendiente, la financiación autonómica, que sigue sin avances y siendo motivo del continuo choque entre las dos Administraciones de distinto signo político.
"La financiación nos tiene que garantizar una sanidad digna porque no tenemos las mismas armas para hacer sanidad pública que el resto de comunidades autónomas, ni para hacer políticas sociales o para defender a los dependientes porque no lo tenemos", volvía a reclamar Mazón al repasar este año. Ahora la esperanza es que las últimas elecciones catalanas puedan facilitar algún movimiento.
El otro gran punto de fricción es el agua. A la polémica por los recortes en el trasvase del Tajo-Segura que afectan a Alicante se ha sumado las reclamaciones del Gobierno valenciano para que llegue más agua a La Albufera. Un continuo cruce de acusaciones, reproches y todo apunta a una nueva guerra judicial que llega cuando se extiende la prealerta por sequía en varias zonas de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de nuevo parece que se depende más del cielo que de las infraestructuras y la gestión para garantizar el líquido elemento.
Este primer año también ha servido para asentar la coalición PP-Vox y dar estabilidad a un Ejecutivo, pese a algunos exabruptos entre los socios en aspectos como la política cultural, la violencia de género o la lengua valenciana. Mazón ha querido marcar el giro político respecto al Botànic con cinco nuevas leyes en las que ha quedado patente la sintonía entre los populares y el partido de Santiago Abascal, lo que parece asegurar la estabilidad pese al continuo ruido y opiniones divergentes. Se trata de proyectos como el de Libertad Educativa o la Ley de Concordia que sustituye a la de Memoria Histórica que han levantado ampollas con la oposición. Además de las que atañen a la televisión autonómica A Punt, la de Transparencia y la nueva ley Antifraude.
