Bruselas
El cambio de Gobierno en Polonia ha abierto una nueva etapa de relaciones con Bruselas y se perciben vientos de una incipiente y renovada paz. La Comisión Europea ha anunciado este lunes su intención de archivar el expediente sancionador que el Ejecutivo comunitario abrió durante el anterior Gobierno polaco, capitaneado por los ultraconservadores Ley y Justicia, por no garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho y garantizar la independencia del poder judicial.
La Comisión Europea considera que ya no existe un claro riesgo de vulnerar el Estado de Derecho en Polonia. Por tanto, desaparece la amenaza de activar el artículo 7 del Tratado, una fórmula por la que Varsovia podría haberse visto privada de voto en la toma de decisiones de la UE y que, hasta ahora, no obtuvo unanimidad por la falta de apoyo del Gobierno de Víctor Orbán.
"Hoy se abre un nuevo capítulo para Polonia. Después de más de 6 años, creemos que el procedimiento del artículo 7 puede cerrarse. Felicito al Primer Ministro Donald Tusk y a su Gobierno por este importante avance", ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y es que el hecho de que Tusk que fuera presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019 ha servido para suavizar las relaciones con entre Varsovia y Bruselas.
El Ejecutivo comunitario considera que las medidas legislativas y no legislativas que el nuevo Ejecutivo de Donald Tusk ha implementado permiten aliviar las preocupaciones sobre el sistema judicial. Además, ha asegurado que aplicará todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas con el Estado de Derecho, incluida la independencia judicial.
El Gobierno polaco se comprometió a abordar los antiguos problemas del Estado de Derecho, más allá del régimen disciplinario de los jueces, Durante el Consejo de Asuntos Generales de febrero, las autoridades polacas presentaron un ambicioso Plan de Acción. Algunas de las acciones incluyen sumarse a la Fiscalía Europea, separar las funciones del Fiscal General y del liderazgo de la cartera de Justicia o respectar las sentencias de la Justicia europea.
Bruselas da, de esta forma, el visto bueno al plan que presentó Varsovia el pasado febrero para subsanar las deficiencias para garantizar el Estado de Derecho. Un procedimiento en el que ha informado a los Veintisiete y a la Eurocámara para que evalúen su análisis. Si ningún país presenta reservas se cerrará el expendiente sancionador.
El anterior Gobierno ultraconservador polaco tensó la relación entre Bruselas y Varsovia. La Comisión Europea, en 2017, activó el artículo 7 del tratado de la Unión Europea y expedientó a Polonia por el deterioro del Estado de derecho, aunque no llegó a suspender su derecho a voto en la toma de decisiones comunitarias. Congeló también la partida de fondos Next Generation que le corresponden a Varsovia por no cumplir con la independencia del poder judicial.
En febrero, Bruselas desbloqueó los 137.000 millones de euros del Plan de Recuperación y de fondos de Cohesión que tenía congelados a Polonia y que abrió la puerta a los 6.309 millones de euros de la prefinanciación del Plan de Recuperación de Varsovia, que se desembolsó en abril.