Bruselas
El cambio en el Gobierno de Polonia se deja sentir en su relación con las instituciones comunitarias. La llegada al Ejecutivo polaco de Donald Tusk, dando el relevo a los ultraconservadores Ley y Justicia (PIS), incluía la promesa de rehacer el Estado de Derecho en Polonia. Una intención que le ha valido que Bruselas haya descongelado 137.000 millones de euros del Plan de Recuperación y de fondos de Cohesión. Una financiación que la Comisión Europea había bloqueado por la deriva autoritaria del gobierno ultraconservador anterior.
Por lo pronto, Varsovia podrá recibir 6.309 millones de euros de la prefinanciación del Plan de Recuperación aunque se liberarán un total de 137.000 millones de euros en fondos de Cohesión y Next Generation que Bruselas tenía congelados, en línea con las buenas noticias que hace una semana que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llevó a Varsovia. Un mensaje con el que busca avalar a Tusk en medio de la presión de las protestas de los agricultores, los polacos especialmente afectados por las exportaciones de grano de Ucrania.
En su evaluación, presentada este jueves, la Comisión Europea ha concluido que Varsovia ha cumplido satisfactoriamente con dos de los superhitos requeridos para acceder al primer pago del Plan de Recuperación que buscan fortalecer la independencia del poder judicial a través de la reforma del régimen disciplinario de los jueces. Además, el Ejecutivo de Tusk se ha comprometido a utilizar la herramienta tecnológica, Arachne para realizar la auditoría y control de fondos contra el fraude.
Con esta decisión, y tras el visto bueno de los Estados miembro, la Comisión Europea podrá desembolsar a Polonia 6.300 millones de euros en concepto de prefinanciación del Plan de Recuperación, de un total de 59.800 millones de euros del plan polaco. Además, el Ejecutivo comunitario considera que Varsovia cumple con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y le permitirá acceder a 76.500 millones de euros del programa 2021 a 2027 de la Política de Cohesión, la Política Marítima, de Pesca y Acuicultura Europea y Asuntos de Interior.
La trayectoria de Varsovia con el Gobierno ultraconservador precedente al frente tensionó la relación con Bruselas. La Comisión Europea decidió, en 2017, activar el artículo 7 del tratado de la Unión Europea y expedientar a Polonia por el deterioro del Estado de derecho, aunque no llegó a suspender su derecho a voto en la toma de decisiones comunitarias. Congeló también los 59.800 millones de euros de fondos Next Generation que le corresponden a Varsovia por no cumplir con la independencia del poder judicial.
En este sentido, y según informó este jueves, la Comisión Europea acogió con satisfacción el compromiso del Gobierno polaco de abordar los antiguos problemas del Estado de Derecho, más allá del régimen disciplinario de los jueces, teniendo en cuenta las recomendaciones de Bruselas. Ya el pasado 20 de febrero, durante el Consejo de Asuntos Generales, las autoridades polacas presentaron un ambicioso Plan de Acción sobre el Estado de Derecho en Polonia para abordar las preocupaciones de la Comisión Europea relativas al procedimiento del artículo 7.
Tusk, que fue presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019, mantiene su cercanía con la UE. Uno de sus propósitos al frente de ejecutivo polaco es la difícil quimera de rehacer el Estado de derecho sin romper el Estado de Derecho. Fue una de las promesas elucubradas por el nuevo ejecutivo, conformado por una coalición de partidos de centro derecha el pasado diciembre.
Uno de los principales puntos de fricción con Bruselas se erigía en torno a la falta de independencia del poder judicial. El plan polaco para restituir las garantías judiciales ha sido pactado con la Comisión Europea. Si bien ya se han ejecutado algunas acciones como sumarse a la Fiscalía Europea, separar las funciones del Fiscal General y del liderazgo de la cartera de Justicia o respectar las sentencias de la Justicia europea, el Ejecutivo comunitario insiste en la necesidad de ver que se dan pasos más allá para restituir por completo las garantías judiciales.