España se muestra incapaz de reducir su tasa de paro por debajo del 12%, a pesar del impulso que el empleo lleva mostrando desde la aprobación de la reforma laboral. El Banco de España advierte de que el nivel de desempleo estructural no podrá caer por debajo de esa cifra, si el Gobierno no acomete medidas de modernización dentro de las políticas de empleo. El paro tocó suelo a finales de 2023, cuando su tasa cayó al 11,8%, para volver a subir hasta el 12,29% en el primer trimestre, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Un poso que permanece adherido desde el estallido de la crisis financiera de 2008, y que -a pesar de ser la cifra más baja en décadas- supone el doble que la del conjunto de la Unión Europea.
"Esta diferencia es especialmente acusada en lo que respecta al desempleo juvenil, la incidencia del paro de larga duración y la situación laboral de los trabajadores con edades cercanas a la jubilación", afirma el organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos, que recuerda que la incidencia del desempleo en España es el factor que impide que la renta per cápita de nuestro país no haya logrado converger en las últimas décadas hacia la de otros estados de nuestro entorno. Consciente de los desequilibrios del mercado laboral, el Ejecutivo ha comenzado a impulsar medidas para atajar el paro de larga duración. El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana un plan por el que cada desempleado contará con un perfil individualizado y un itinerario para procurar su reincorporación al mercado. La norma pone plazos estrictos al SEPE, al que da un mes para trazar esa estrategia que procure el hallazgo del empleo.
La preocupación es compartida por Gobierno y organismo, especialmente en lo que respecta al paro de los menores de 25 años. Su tasa de desempleo cerró 2023 en el 28%, casi el triple que la del conjunto de la OCDE y alrededor del doble que la media europea, del 14,9%. Lo mismo ocurre con aquellos que llevan más de un año sin empleo, del 39% en España, frente al 25,4% del conjunto de los países desarrollados. "Estos indicadores de la elevada magnitud del desempleo de la economía española, incluso en períodos de intensa recuperación económica, y su desigual distribución por grupos de población sugieren que una buena parte de este es de carácter estructural", afirma el Banco de España en su Informe Anual.
El organismo considera que la brecha que el paro abre entre España y el resto de países comunitarios se debe "las propias instituciones y políticas que afectan directamente al funcionamiento del mercado laboral". En concreto, advierten los de De Cos, es preciso un rediseño de las políticas activas, cuyo objetivo principal debe estar centrado en aumentar la empleabilidad de los parados, y de las políticas pasivas de empleo, que han de ofrecer un nivel adecuado de protección a los desempleados, al tiempo que deben proporcionar los suficientes incentivos para el retorno al empleo.
La institución demanda una reforma -también- de otros aspectos, como el nivel de los costes de despido o los múltiples factores que condicionan la negociación colectiva. A ello, se suman dos desequilibrios adicionales. La falta de mano de obra es percibida por las empresas. En particular, el porcentaje de sociedades que declaran que la falta de mano de obra es un factor que limita la actividad empresarial pasó del 25% a principios de 2022 al 42,5% a finales de 2023.
Por otro lado, se presentan los indicios que apuntan a una escasez de oferta de trabajo en varios sectores de actividad y ocupaciones, como la hostelería y el comercio. En todo caso -afirma el Banco de España- para el conjunto de la economía, tanto en España como en la Unión Europea, la tasa de vacantes ha aumentado en los últimos años a medida que disminuía la tasa de paro. Para solventarlo, el organismo propone aprovechar la innovación y las nuevas tecnologías para adecuar la oferta y la demanda, mejorando los índices de empleabilidad a través de las oficinas públicas de empleo, el sistema educativo y la formación ocupacional.