La agencia de calificación financiera Standard & Poor's (S&P) mantiene por segundo año consecutivo el rating de Andalucía en A- (equivalente a un notable bajo) con perspectiva estable. La comunidad accedió a el año pasado a esta calificación desde un BBB+, su mejor nota de solvencia financiera internacional desde 2012.
Ahora Andalucía ha revalidado esta nota, situándose entre las comunidades con mayor capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
Según indica en la red social X la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, esta decisión supone "la renovación de la confianza de la agencia en la política económica del gobierno de Juanma Moreno. Somos un gobierno responsable y serio, que trabaja por desarrollar un ecosistema estable para la inversión", subraya la consejera.
La consejera se ha referido también a otro informe publicado el pasado viernes, esta vez por el Instituto Nacional de Estadística, que refleja un aumento del Indicador de Confianza Empresarial del segundo trimestre del pasado año, que subió un 3,5% en Andalucía respecto al anterior trimestre, ocho décimas por encima de la media en España, que se situó en el 2,7%. "Que los empresarios confíen en Andalucía es de las mejores noticias que podíamos recibir, ya que muestra que vamos por el buen camino", ha añadido Carolina España.
Éxito en los mercados
La solvencia de las finanzas públicas andaluzas ha sido también bendecida por los mercados en las ocasiones en las que ha emitido deuda. La última, el pasado mes de marzo, cuando colocó fácilmente 750 millones a diez años con un tipo de interés nominal de 3,4%
Desde 2021 la administración andaluza ha salido al mercado cinco veces para financiarse y ha logrado por esta vía 3.500 millones de euros.
El Gobierno andaluz informó recientemente de que en el periodo 2019/2023, el déficit y la tasa de referencia de Andalucía acumulados --cuando han estado suspendidas las reglas fiscales-- eran del -2,3%. El déficit de 2023 fue de 2.210 millones de euros, equivalente al 1,13% del PIB, pero 'dopado' por lo que la Junta consideró "superejecución" de fondos europeos, ya pagados pero aún en proceso de certificación y retorno al estar en el último año del periodo.
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