Madrid
La prórroga de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2024 paraliza la intención de resucitar el plan de pensiones colectivo de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE). Uno de los objetivos del Ministerio de Seguridad Social pasaba por "reactivar las aportaciones a los planes de empleados públicos y generalizar los planes entre entes locales y autonómicos". Este objetivo de la cartera de las pensiones necesitaría del visto bueno de Hacienda vía Presupuestos. Este vehículo de ahorro complementario a la pensión pública no incorpora nuevas aportaciones de las Entidades Públicas en beneficio de los trabajadores de la Administración desde 2011, cuando se paralizaron en la época de austeridad, aunque los trabajadores públicos sí pueden realizar aportaciones voluntarias.
El promotor de este Plan, que nació en 2004, es la propia Administración y los diferentes organismos y entidades dependientes de la misma y otros entes públicos, en favor de todos los trabajadores que adquieran la condición de empleados públicos. Su gestora y entidad depositaria es la rama de fondos de inversión y planes de pensiones de BBVA. Unos tres millones de trabajadores podrían optar a este vehículo de ahorro que cuenta en la actualidad con medio millón de partícipes (el plan colectivo más grande de España). En el aire quedan ahora, otro ejercicio más, las aportaciones del Estado en su condición de empleador.
Este proyecto arrancó con el objetivo establecido de aportar al fondo el 0,5% de la masa salarial de los funcionarios y personal contratado, para 2010 se inició la austeridad con aportaciones por valor del 0,3% que se recuperarían en 2013. Sin embargo, en 2011 definitivamente se cerró el grifo. En el proyecto de Presupuestos de 2018, el Gobierno abrió la puerta a reactivar las aportaciones a planes de pensiones (o retribución por productividad) por valor del 0,2% de la masa salarial, pero no despegó.
Desde el sindicato representativo de los trabajadores de la Administración, CSIF, lamentan convencidos que no habrá tal resurrección de las aportaciones del Estado al plan de pensiones colectivo de los funcionarios. "Estamos casi seguros de que no habrá plan, lo cual es una incongruencia: mientras el Estado anima a varios sectores a crear sus propios planes de empleo e incentiva su propio fondo pensiones de empleo de promoción pública, no aporta ni ejerce su condición de empleador", indican fuentes de CSIF.
"La renuncia del Gobierno a elaborar los PGE para 2024 dificulta la reanudación de las aportaciones de las Administraciones Públicas a los planes de empleo existentes y que se encuentran suspendidas desde 2011", explica Mariano Jiménez Lasheras, presidente de los consultores de pensiones (Ocopen). La noticia de que el Ministerio de Seguridad Social se lanzara a tratar de resucitar este plan tuvo buena acogida entre los empleados públicos. Desde el sindicato son claros: "Queremos y exigimos que se reactive", explican.
La parálisis presupuestaria, además, tiene otra derivada. "Aleja también la promoción de nuevos planes de empleo simplificados para entidades públicas que todavía no contaban con estos instrumentos. Es una mala noticia que se mantenga la contradicción existente entre la voluntad de impulsar los planes de pensiones de empleo por un lado y por otro que la propia Administración Pública, en su condición de empleador, mantenga suspendidas las aportaciones a los empleados públicos", explica Jiménez Lasheras.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, tampoco hizo mención a la recuperación de este plan de pensiones cuando la pasada semana presentó un ambicioso plan para reformar la Administración en el Senado. Igualmente, en la subida salarial pactada y aprobada en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI tampoco se incluyó la recuperación de esta palanca de ahorro complementario.
La iniciativa de recuperar las aportaciones, movilizando y agitando el ahorro y la inversión en el negocio de los planes de pensiones, sería acogida con los brazos abiertos por parte del sector financiero. El paso del Gobierno con los funcionarios, junto con el propio fondo de promoción pública, se interpretaría como una señal de buena fe para desarrollar el ahorro complementario de cara a la jubilación.
Cae el patrimonio
El plan cuenta en la actualidad con medio millón de partícipes y tenía un volumen patrimonial de unos 566 millones de euros a cierre de febrero. Este patrimonio ha crecido en la última exclusivamente por el ahorro voluntario de los funcionarios y/o la rentabilidad de las inversiones. El ahorro por partícipe apenas supera los 1.100 euros.
Las aportaciones voluntarias de las personas partícipes en el año 2022 fueron de 758.000 euros, según datos facilitados por la Comisión de Control del Plan de pensiones de la Administración. Este balance implica que el patrimonio del fondo haya reducido su volumen desde de forma paulatina desde mediados de la pasada década.
La rentabilidad del plan de pensiones de los funcionarios acumuló un 6,92% durante 2023. Recuperó terreno positivo tras caer un 9,67% en 2022. El fondo acumula una rentabilidad anualizada del 3% desde el inicio en noviembre de 2004, tal y como recoge el último informe de gestión mensual que actualiza el banco gestor del plan de la Administración, BBVA.
La estructura patrimonial de la cartera está asentada en la renta fija, ya que supone el 49,92% del total. La renta variable, por su parte, es el 31,53% del patrimonio. Las inversiones alternativas el 12,6%, y la liquidez y activos monetarios son menos del 6%.