Madrid
Los nuevos planes de pensiones de empleo simplificados están agitando el negocio. Hablamos de aquellos vehículos hechos a medida para tratar de generalizar el ahorro a nivel empresarial y mejorar la cobertura de, especialmente, los trabajadores de las pymes y los autónomos. Así lo ideó el ministro José Luis Escrivá en su etapa en la cartera de Seguridad Social, cuando orientó al ahorro hacia estos planes colectivos y tanteó a varios sectores para convencerles de la posibilidad de generar una bolsa de ahorro a nivel empresarial que complemente la prestación pública. El aluvión de dinero que generaría atrae a bancos y gestoras.
El pistoletazo de salida ya se ha dado con el plan de la construcción, y hay más interesados en activar la palanca... aunque será en el medio plazo. El entramado de la negociación colectiva y el propio ecosistema empresarial de España son dos motivos de peso que, desde la óptica de la empresa y los sindicatos, lastran la puesta en marcha de estos planes. "En todo caso, será en dos o tres años mínimo", comenta Antonio Pérez, secretario general confederal de Fetico, con presencia en el sector de grandes almacenes.
El sector de grandes almacenes es uno de los interesados, además del metal o los hosteleros, en crear uno de los nuevos planes simplificados para sus 250.000 trabajadores. Cuando visitaron al Ministerio de Seguridad Social, se dieron cuenta que la normativa de que el reglamento apoya el desarrollo de estos vehículos de ahorro en la negociación colectiva. "Es muy complejo hacerlo con una negociación colectiva sectorial tan atomizada", explica Pérez.
En los convenios nacionales se definen las bases, y en los provinciales y de empresa las mejoras salariales y posibles aportaciones a la hucha de pensiones de cada sector. Negociar la parte del salario que se va a detraer para aportar a este plan sin definir la subida en las nóminas puede ser una barrera en la negociación para mejorar un dato: apenas el 10% de la población está cubierta por la previsión social complementaria.
La atomización del ecosistema empresarial en España no ayuda: la base de la pirámide la conforman pequeñas y medianas empresas, también autónomos, donde los productos financieros para complementar la jubilación están menos generalizados. Las consultoras y los gestores tendrán un papel "clave" en el asesoramiento, tanto para en la formulación legal del reglamento de cada plan sectorial, como en la información que faciliten a empresarios y trabajadores.
Puede suscribirse al Boletín Pensiones de elEconomista.es aquí
"Nosotros somos creyentes desde el día uno por dos motivos. Primero, la herramienta de negociación que supone y, segundo, porque creemos que favorece la permanencia en el sector", defiende Pérez. Su organización ya ha tenido reuniones con la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), trabaja mano a mano con Comisiones Obreras (CCOO) y ha recibido la visita de alguna consultora de pensiones para conocer más en detalle lo que supone el despliegue de estos planes. En su convenio colectivo se incluyó la posibilidad de desarrollar el proyecto.
"El ritmo de desarrollo dependerá principalmente de la implicación y el desarrollo de las conversaciones entre los distintos agentes, partidarios a priori de explorar y desarrollar estos instrumentos, pues las capacidades operativas, tecnológicas y de comunicación están culminando su desarrollo a la espera de la incorporación masiva de compañías vinculadas a estos y otros sectores, pudiendo comenzar las primeras adhesiones y aportaciones en el plazo de unos pocos meses respecto a la firma del acuerdo", explica Rafael Villanueva, Associate Director de Retirement de la consultora WTW.
Quien tiene también sobre la mesa este tipo de planes es el metal, y estaría dirigido a 1,5 millones de personas (o 1 millón de empleados, según el INE). Es un proyecto que puso sobre la mesa la patronal del sector, Confemetal, como ejercicio de estudio de viabilidad. Tal y como informó este medio, es CCOO quien actualmente muestra su postura de rechazo en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.
Mucho más ambicioso sería crear un plan de pensiones para hosteleros, dadas las condiciones laborales de un colectivo que sufre una elevada temporalidad con bajos salarios. Este proyecto, que también estudia en fase inicial la patronal, podría llegar a los casi dos millones de trabajadores que llega a tener el sector en temporada alta turística.
El proceso es complejo y abarca varias fases si se decide incluir en un convenio colectivo: desde la creación de un reglamento para el instrumento de ahorro colectivo, la elección de la gestora del fondo o la creación de una Comisión de Control que decida cómo invertir el patrimonio para generar rentabilidad y hacer crecer el patrimonio.
"Dadas las complicaciones de todo tipo que conlleva implantar un tal plan, por las novedades de la figura legal así como por su dimensión y sus proporciones, con miles de empresas y cientos de miles de trabajadores afectados, seguramente sería conveniente aprovechar la experiencia del único plan de este tipo que a la fecha se encuentra negociado e implantado, el del sector de la construcción", reflexiona Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de Ocopen que asesoró al sector en el nacimiento del plan de pensiones.
El aluvión de dinero que generaría la bolsa de ahorro de los trabajadores de cada sector no es ajeno a las gestoras de planes de pensiones. Las entidades financieras están pendientes del desarrollo de futuros vehículos para, en su debido momento, pujar para adjudicarse la gestión del patrimonio y alimentar su negocio.
Novedades: incentivos y movilidad
Los incentivos para el ahorro son la deducciones fiscales por aportaciones, reduciendo la base imponible del Impuesto de Sociedades (desgravación del 10% por el valor de aportaciones en favor de salarios de hasta 27.000 euros) y en cotizaciones sociales para la empresa, así como una deducción en el impuesto sobre la renta para el trabajador por una aportación máxima de 8.500 euros al año. Los autónomos también pueden desgravarse hasta 4.250 euros anuales en la renta por sus aportaciones al plan.
El término simplificado trata de hacer más fácil el ahorro colectivo, eliminando trabas burocráticas. Pretende que ahorren las pymes y autónomos (que previamente solo podían ahorrar en los individuales). Con la nueva Ley no solo las empresas podrán ofrecer planes de empleo sino también por asociaciones de trabajadores autónomos, por colegios profesionales o por mutualidades de previsión social. Quien maneja la inversión de los planes son entidades privadas de previsión social complementaria, gestoras de planes.
El reglamento de los planes de pensiones de empleo que se publicó el pasado verano recoge novedades que facilitan el ahorro. Incluye la obligatoriedad de adscribir a un trabajador con solo un mes de antigüedad -antes eran dos años- a un plan de pensiones de empresa en el caso de que la firma entre en el plan sectorial. Y esta obligación únicamente se aplica si el plan está recogido en un acuerdo colectivo.
Otro punto positivo es se permite la movilidad de la mochila de ahorro a otras empresas en el caso de cambiar a otra firma que esté dentro de plan de empleo sectorial cuando no se especifique lo contrario dentro del propio reglamento.