Madrid
En el tejido empresarial español, donde cada paso cuenta en la carrera hacia el éxito, los emprendedores se enfrentaban hasta el pasado año a un desafío significativo: los costos y la complejidad asociados con los trámites notariales. Un informe reciente de la gestoría Entre Trámites, con datos del Centro General del Notariado y la OCDE, ha arrojado luz sobre la magnitud de este desafío, revelando que durante el año 2022, los emprendedores del país gastaron una cantidad adicional de 132 millones de euros entre honorarios notariales y tiempo invertido, una cifra que planteaba interrogantes sobre la eficiencia y la accesibilidad de los procesos empresariales en España.
Para entender plenamente las implicaciones de esta cifra, es necesario adentrarse en los detalles detrás de estos números y analizar cómo afectan a los emprendedores. El informe ofrece una visión de los trámites empresariales relacionados con los notarios en España, destacando que 45 de los 72 tipos de trámites correspondientes a las entidades con personalidad jurídica podrían haber sido eliminados sin afectar la integridad o la validez de los procesos empresariales. Inciden que de los 737.535 procedimientos realizados en 2022, 694.142 (el 94,1%) se podría haber eliminado.
Imaginemos por un momento el impacto potencial que el ahorro de estos trámites innecesarios tendría en la economía y en la vida de los emprendedores. Según el informe, eliminar estos trámites habría generado un ahorro de 89,8 millones de euros en costos directos para los emprendedores, además de evitar la pérdida de 844.590 horas en colas y procesos burocráticos.
Este ahorro no solo tendría un impacto positivo en el flujo de efectivo de las empresas emergentes, sino que también liberaría un recurso invaluable: el tiempo, que los emprendedores podrían dedicar a impulsar la innovación y el crecimiento en sus negocios.
Sin embargo, los costos adicionales asociados con los servicios notariales no se limitan únicamente a los honorarios directos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que, en España, el costo promedio de una hora de trabajo es de 50,40 euros. Al considerar este factor, los 132 millones de euros adicionales gastados en notarios en 2022 representan un aumento significativo en los costos laborales para los emprendedores, lo que afecta aún más la rentabilidad y la competitividad de sus empresas.
Para comprender mejor la carga financiera que estos trámites representan para los emprendedores, es importante analizar algunos de los procedimientos más costosos. Por ejemplo, la constitución de sociedades limitadas es un proceso común pero costoso que enfrentan muchos empresarios. En 2022, se realizaron 97,983 actas de constitución de sociedades limitadas, con un costo medio de 426,89 euros por acta. Esto resultó en un gasto total de 41.827.857 euros, además del tiempo adicional invertido, que se estima en 119.219 horas, lo que representa un costo adicional de 6.008.675 euros en términos de horas de trabajo perdidas.
El nombramiento de miembros del órgano de administración, consejeros delegados y liquidadores es otro procedimiento costoso que enfrentan los emprendedores. En 2022, se realizaron 223.871 actas de nombramiento, con un costo medio de 54,09 euros por acta. Esto resultó en un gasto total de 12.109.427 euros, además del tiempo adicional invertido, estimado en 272.392 horas, lo que representa un costo adicional de 13.728.587 euros en términos de horas de trabajo perdidas.
Otro ejemplo es el proceso de disolución de sociedades mercantiles. En 2022, se realizaron 28.761 actas de disolución, con un costo medio de 305,94 euros por acta. Esto resultó en un gasto total de 8.799.003 euros, además del tiempo adicional invertido, estimado en 34.994 horas, lo que representa un costo adicional de 1.763.729 euros en términos de horas de trabajo perdidas.
Digitalizados desde 2023
Estos casos ilustraban claramente la carga financiera y de tiempo que los emprendedores que enfrentaban al realizar trámites notariales en España. Pero la situación no era solo una cuestión de costos directos y tiempo perdido. También había costos indirectos asociados con la estructura actual de los procedimientos mercantiles, que requerían que los notarios envíen la documentación preparada para su validación y centralización en los respectivos registros. Este proceso añadía más papeleo y tasas, lo que resulta en un costo adicional para los emprendedores.
La comparación con otros países europeos resaltaba aún más la necesidad de reformas en el sistema de trámites empresariales en España. Mientras que en países como Estonia, Dinamarca y el Reino Unido, los procedimientos empresariales se han simplificado y agilizado a través de la digitalización y la verificación gubernamental centralizada, en España, los procesos podían llevar mucho más tiempo y costar significativamente más.
En Estonia, el tiempo y los costos asociados con los trámites empresariales son significativamente menores en comparación con España. Mientras que en Estonia, una empresa puede estar en funcionamiento en un periodo medio de 26,6 días, con un costo total de 535 euros. En España, los procesos pueden llevar hasta 204,4 días más y costar 8.225 euros adicionales.
Desde el pasado 9 de noviembre, que entró en vigor de la Ley 11/23, en España se pueden realizar online todos los trámites o servicios notariales con las empresas, desde constituir una sociedad, al nombramiento de cargos, ceses, apoderamientos mercantiles, ampliaciones y reducciones de capital, modificaciones de estatutos, cambios de domicilio, liquidaciones, etc. Todo ello se puede hacer con el notario que se elija en la Sede Electrónica del Notariado, a la que se accede a través del Portal Notarial del Ciudadano.
Esta ley ha traspuesto la Directiva 2019/1151. Esta Directiva recomienda mantener los sistemas jurídicos propios de cada país y que, en aquellos como Alemania, Bélgica, Italia o España, entre otros, donde las sociedades se constituyen ante notario, se mantenga un modelo que es seguro y ágil y que permite lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.
"Antes de la entrada en vigor de esta ley, y desde hace años, cualquier empresario podía constituir una sociedad con la ayuda de un notario en 24 horas, si así lo deseaba, realizando el notario todos los trámites por vía telemática. El notario se encargaba de pedir por vía electrónica la denominación social, de tramitar telemáticamente el NIF y el pago de impuestos a Hacienda, y de presentar por vía online en el registro mercantil la documentación necesaria. Los socios debían solo aportar el certificado bancario de ingreso del capital social en la cuenta de la sociedad. Si era obligatorio un encuentro con el notario para la autorización y firma de la escritura pública de constitución de la sociedad", algo que ha dejado de serlo desde noviembre según explican los notarios a este medio.