Barcelona
La Generalitat aprobará mañana en una reunión extraordinaria el proyecto de Presupuestos para 2024, de 43.700 millones de euros, 2.400 más que en 2023, después de que ERC y PSC hayan llegado a un acuerdo, si bien las cuentas requieren del apoyo de otro partido más para poder salir adelante.
En el pacto no aparece ninguna referencia al proyecto de ocio y juego Hard Rock en la costa de Tarragona, una de las condiciones que planteaba el PSC para apoyar las cuentas -y que da por encarrilada- pero que aleja un posible acuerdo del Govern con En Comú Podem, formación que se opone al proyecto.
Para las cuentas de 2023, el Govern pactó primero con los morados y luego con los socialistas, pero ahora aún no cuenta con los apoyos suficientes para aprobar las cuentas, ya que ERC y PSC, con 66 escaños, no llegan a la mayoría absoluta de 68 diputados del Parlament.
"Acuerdo insuficiente" para Podemos
Tras conocerse el pacto entre socialistas y republicanos, la presidenta de En Comú Podem, Jéssica Albiach, lo ha calificado de "insuficiente" y ha insistido en que su condición "indispensable" para negociar su adhesión es que la Generalitat descarte la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) para la implantación de Hard Rock, pues de lo contrario, desde el Govern deberán "buscar otros apoyos".
Ha argumentado que "no tiene sentido poner más dinero para seguridad y tener que combatir mayor delincuencia; poner más dinero en salud y tener que tratar ludopatías, y poner más dinero para la sequía y autorizar un proyecto que gastaría 8 millones de litros de agua diarios", a lo que se sumaría una rebaja del 50% del impuesto al juego, que actualmente ingresa 231 millones de euros en las arcas públicas catalanas.
Albiach ha remachado que Hard Rock es "una succionadora de recursos públicos" que sigue un modelo "que se parece más al Madrid de Ayuso que a la Cataluña que queremos ser".
Respecto al acuerdo entre el Ejecutivo catalán y el PSC, ha opinado que "se queda corto; hace política de parches y no va a la raíz de los problemas", y ha añadido que, si la Generalitat acepta renunciar a Hard Rock, desde En Comú Podem requerirán dar mayor protagonismo en los Presupuestos a cuatro pilares.
En educación inciden en la sexta hora, becas comedor y climatización de los centros educativos; en salud que el 25% del presupuesto sea para atención primaria y el refuerzo de salud mental y bucodental; en vivienda que las políticas públicas alcancen los 1.000 millones y regular los alquileres de temporada, y en "transición justa", dedicar 1.000 millones para la energética pública, para que la Generalitat pueda abastecer sus instalaciones con energías renovables, y movilidad sostenible, priorizando el tren.
La formación morada añade 60 propuestas más, entre las que se incluyen la regularización de las trabajadoras del hogar y reservar viviendas públicas para víctimas de violencia machista.
Distancia en Junts
Por su parte, Junts también está a la espera de que el Ejecutivo catalán dé respuesta al documento de 100 medidas que le entregaron para negociar los Presupuestos de 2024, y reprocha que republicanos y socialistas utilizan las cuentas como moneda de cambio política, con la "antesala" del pacto entre ambas formaciones por los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona.
Asimismo, la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha lamentado que el proyecto de Presupuestos catalanes no contemple medidas para reducir la presión fiscal, fortalecer el catalán y el mapa comunicativo, garantizar el equilibrio territorial y avanzar en soberanía, entre otras cuestiones.
El acuerdo ERC-PSC
Para el primer apoyo que dará inicio a la tramitación parlamentaria, los socialistas han forzado a los republicanos a incrementar el gasto ligado principalmente a educación, salud, vivienda, seguridad y medidas ligadas a la sequía.
Así, el acuerdo para los Presupuestos de la Generalitat de 2024 entre el Govern y PSC incluye destinar 7.435 millones de euros a la Consejería de Educación, un 10% más respecto a las cuentas 2023; subir en 144 millones la dotación de la Consejería de Salud y que el 25% del total sea para atención primaria, e incorporar 4.000 pisos nuevos al parque de alquiler social en 2024, informa Europa Press.
En Salud, el pacto establece la creación de un fondo extraordinario de salud de 800 millones para "normalizar el gasto desplazado y acercar el presupuesto al gasto real en este ámbito", y prevé destinar 320 millones a aplicar el III Acuerdo del Institut Català de la Salut (ICS), de los que 100 serán para mejorar "condiciones laborales de las enfermeras y técnicos de cuidados".
Las partidas de educación reservarán 50 millones para mejoras educativas para el próximo curso y dedicarán 67,5 al complemento salarial de los sexenios y la reducción de dos horas lectivas a los docentes mayores de 55 años.
Los recursos para la educación inclusiva aumentarán en 35 millones, se distribuirán 25 para equiparar el personal de los centros concertados al de la escuela pública, y el acuerdo define obras de mejora en 10 centros.
En vivienda se ha marcado el objetivo alcanzar los 1.000 pisos adquiridos por el Incasòl desde 2023, incorporando viviendas procedentes de grandes tenedores, y vehicular 500 millones a la construcción de 2.350 viviendas de alquiler con protección oficial.
El pacto aspira a incrementar en 47,7 millones el apoyo a la industria para consolidar los 165 destinados a este sector, considerando 100 millones de euros hasta 2026 para iniciar las obras del Catalunya Media City y 65 a ampliar la red de fibra óptica.
En investigación, se aumenta 52 millones la financiación para las universidades de cara a 2024.
Según el documento rubricado por ambas partes, a la sequía se prevé destinar 120 millones más en subvenciones para que los entes locales hagan inversiones para captar aguas subterráneas para el abastecimiento y 86,3 millones para mejoras del riego. En total, las medidas vinculadas a la sequía en 2024 superan los 1.000 millones.
Transporte y seguridad
El pacto entre socialistas republicanos incluye 57 millones de euros para financiar actuaciones en el Metro de Barcelona, entre las que destacan obras de accesibilidad en varias estaciones y renovar las vías en las líneas L1, L2 y L3.
También se prevé aumentar en 24,7 millones el dinero destinado a la red de autobuses interubanos y 41 millones para reformar la C-59.
El documento también trata la creación de 25 unidades judiciales nuevas para "paliar el déficit histórico existente en Catalunya", condicionadas a que la Administración del Estado adopte las medidas necesarias para llevarlas a cabo, como la financiación para el personal de la Administración de Justicia.
Además, se pacta la inversión en equipos para los Bomberos, incrementar los abogados en los turnos de oficio, y renovar cámaras y sistemas de videovigilancia en las comisarías de Mossos d'Esquadra.
También han pactado aumentar un 5,82% el Fondo de Cooperación Local, hasta los 154 millones, y aumentar hasta 36,6 millones el presupuesto del Conselh Generau d'Aran, un 5,5% más que el año anterior.
Aportación estatal
El acuerdo entre ERC y PSC para las cuentas catalanas de 2024 se ha hecho público el mismo día en que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la financiación de uno de los compromisos que permitieron sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat de 2023: la prolongación de la autovía B-40 entre Sabadell y Terrassa.
Así, el Gobierno autoriza a Transportes a financiar con 200 millones de euros la continuidad de esta vía, si bien será la Generalitat la que redactará los estudios y proyectos para definir el trazado, teniendo en consideración "el consenso político que expresaron los municipios afectados".
Después, el Ministerio realizará la aprobación definitiva de los proyectos, como titular de la infraestructura al estar tipificada como de largo recorrido, y la Generalitat licitará, contratará y llevará a cabo la ejecución, seguimiento y supervisión de las obras correspondientes, así como de las expropiaciones.
Otro de los puntos en negociación entre el Gobierno y la Generalitat es el futuro del Aeropuerto de Barcelona. Su ampliación tampoco aparece en el pacto presupuestario catalán de 2024, dado que ambas administraciones se han dado un año para elaborar una documentación técnica sobre la que alcanzar un consenso político.
