Alberto Garzón dejó la política tras no presentarse como candidato a las elecciones generales del pasado mes de julio y esta semana ha sido noticia por renunciar a formar parte de la consultora Acento dirigida por el exministro socialista José Blanco debido a las fuertes críticas recibidas ante la difusión de la noticia.
De esta forma, Garzón, que ya había solicitado a la Oficina de Conflicto de Intereses su fichaje por Acento, seguirá con sus "otros planes profesionales" y reorganizando su vida, tal y como ha informado en su perfil personal de X (antes Twitter).
Mientras lo hace, Garzón podrá cobrar la indemnización a la que tiene derecho tras su nombramiento como ministro de Consumo en 2020. Se trata de una indemnización regulada en la Ley de Presupuestos Generales de 1981 (que se puede consultar en este enlace), que reconocieron "las pensiones causadas en su favor o en el de sus familiares por ex ministros del Gobierno y asimilados"
El Portal de Transparencia explica en su página web que la cuantía de esta indemnización es del 80% de la retribución mensual durante un periodo máximo de 24 meses siguientes al cese. O lo que es lo mismo: 5.294 euros brutos al mes que son incompatibles con "cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas".
No se trata de una indemnización obligatoria y los exministros (así como los "secretarios y secretarias de Estado, la persona que ocupa el puesto en la Fiscalía General del Estado, los máximos responsables de los organismos reguladores, el Jefe o Jefa y Secretario o Secretaria General de la Casa de SM", explica Transparencia) pueden renunciar a ella o renunciar posteriormente a la pensión tras haber solicitado su cobro.
Irene Montero y Alberto Garzón, los únicos ministros que la pidieron
De hecho, no todos los ministros salientes optaron por solicitar esta indemnización cuando, a finales de noviembre, se materializó el cambio de Gobierno tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Tal y como informó Maldita, Irene Montero y el propio Alberto Garzón habían sido los únicos ministros que habían solicitado esa pensión antes del 30 de noviembre, fecha de la consulta.
Junto a ellos, tres exsecretarios de Estado fueron los únicos que pidieron la indemnización a la que tienen derecho por ley: Ángela Rodríguez 'Pam', Nacho Álvarez y Antonio Julián Rodríguez.
Actualmente, el Portal de Transparencia no ha actualizado los datos de las personas que perciben la indemnización por cese de alto cargo: los datos corresponden al 6 de octubre de 2023, fecha en la que todavía no se habían solicitado dichas pensiones por parte de las personas anteriormente mencionadas.
