El diseño del nuevo Gobierno de coalición ha conllevado, como es natural, la entrada de nuevos ministros en el gabinete que preside Pedro Sánchez y la inevitable salida de algunos ministros que no seguirán en sus cargos.
Raquel Sánchez, Pilar LLop, Irene Montero, Ione Belarra, Héctor Gómez, Miquel Iceta, José Miñones, Alberto Garzón y Joan Subirats han sido los nueve ministros salientes que, por lo tanto, ya han dejado oficialmente su cargo con el traspaso de carteras a los ministros entrantes. Todos ellos tienen la opción de percibir una indemnización mensual que cubrirá la interrupción en sus ingresos.
Lo recogió, en su momento, la Ley de Presupuestos Generales para el año 1981 (puede consultarse en este enlace del Boletín Oficial del Estado), que reconoció "las pensiones causadas en su favor o en el de sus familiares por ex ministros del Gobierno y asimilados por el desempeño" de sus funciones.
Esta pensión es del 80% de la retribución de su retribución anual, es decir, una cifra de 5.294 euros brutos al mes. La indemnización se puede cobrar durante un máximo de dos años y es incompatible con "cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas", según informa el Portal de Transparencia en su página web.
El cobro de la indemnización no solo es válida para los ministros y ministras, ya que Transparencia informa de que está disponible para "las personas que forman parte del Gobierno, los Secretarios y Secretarias de Estado, la persona que ocupa el puesto en la Fiscalía General del Estado, los máximos responsables de los organismos reguladores, el Jefe o Jefa y Secretario o Secretaria General de la Casa de SM. El Rey".
La pensión de indemnización por abandono de cargo no es vitalicia (ya que tiene ese plazo de dos años) y, de hecho, no es obligatorio su cobro. Transparencia explica que cualquier cargo que no quiera cobrarla "puede renunciar en cualquier momento".