El Ministerio de Trabajo quiere elevar al Consejo de Ministros de este martes la transposición de la directiva de condiciones de trabajo transparentes y fiables que no pudo sacar adelante en 2023 pero todo dependerá de cómo se gestionen en las próximas horas las discrepancias que mantiene con el PSOE, especialmente en lo relativo a la capacidad de las empresas para rebajar de manera unilateral la jornada a los trabajadores a tiempo parcial.
En declaraciones a la prensa tras reunirse con los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido que de momento "no hay acuerdo" con el PSOE en un punto que para el Ministerio es "fundamental": impedir que las empresas puedan rebajar unilateralmente a los trabajadores a tiempo parcial su jornada y, en consecuencia, su salario. "Para nosotros es esencial que en el marco de la transposición de esa directiva se incorpore una regla que, igual que se impide transformar unilateralmente por la empresa un contrato de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, impida rebajar la jornada o ampliarla con bajada del salario proporcional", ha indicado en rueda de prensa.
Desde Trabajo defienden que la garantía de los derechos de los trabajadores a tiempo parcial, en su mayoría mujeres, pasa por incorporar una regla que garantice que esta medida sólo se podría llevar a cabo mediante un acuerdo con los trabajadores "y no por una imposición unilateral de la empresa, por muy importante que sea esa empresa". Este es el principal escollo de una ley que se intentó aprobar el año pasado. En este sentido, Pérez Rey ha recordado que "es una regla firmemente defendida desde que hemos iniciado la tramitación de esta transposición y creemos que tiene que incorporarse necesariamente al texto final que finalmente traslademos a las Cortes Generales".
Según el secretario de Estado de empleo, "no hay motivo alguno" para que en el marco de una directiva que garantiza saber cuándo, cómo y en qué condiciones se va a trabajar, a los trabajadores a tiempo parcial "se les pueda someter a algo tan violento desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos como reducir unilateralmente su jornada con la bajada de salario proporcional".
Tres puntos fuertes de la norma
El Gobierno debe transponer al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1152 -pendiente desde agosto de 2022- que promueve unas condiciones laborales transparentes y previsibles. El argumento final es ampliar el derecho del trabajador de contar con una información completa sobre el puesto de trabajo que les indique "cuándo y cómo tienen que trabajar" y que deberán recibir a su debido tiempo y por escrito.
Uno de los puntos fuertes de la norma incluye el derecho a un periodo de prueba "con más garantías, sin que la negociación colectiva pueda ampliarlo más allá de los seis meses o los dos meses", ha recordado Pérez Rey. Este periodo de prueba se suprimirá en el caso de los contratos de muy corta duración, mermando la negociación por convenio.
La norma europea también otorga a los trabajadores el derecho a la no exclusividad, es decir, a poder aceptar otro empleo solapando ambos trabajos salvo incompatibilidad.
El plazo para transponer la norma europea se agotó el 1 de agosto de 2022. En junio, la Comisión Europea mandó su segundo aviso a España, Grecia y Luxemburgo (el primero fue en septiembre de 2022 y alcanzó a 18 países) ante la tardanza del Gobierno en incorporar la normativa de transparencia laboral, y dio dos meses al Gobierno para notificar las medidas a adoptar que también se incumplieron. El siguiente paso en la hoja de ruta del Ejecutivo comunitario apuntaría al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
