Madrid
La nueva obligación desde este 1 de enero de cotizar por los becarios no remunerados se ha convertido en un perjuicio para los propios alumnos. Universidades y centros de Formación Profesional (FP) ya trasladan en las matrículas los nuevos costes que le suponen toda la gestión con la Seguridad Social, que no es poca, ya que pasa desde conseguir el número de Seguridad Social para el alumno, comunicar cuándo va a iniciar las prácticas, informar de forma mensual si han realizado o no la formación y, de forma trimestral, enviar la cotización correspondiente. Cada año hay 2,4 millones de alumnos que tienen que hacer prácticas.
El Real Decreto-ley del 16 de marzo de 2023 que aprobó esta nueva obligación estipulaba que serían las empresas en las que se realizaban las prácticas las que asumirían la gestión y la cotización a la Seguridad Social. Sin embargo, el propio texto permitía una excepción: que universidades y centros de FP asumieran esta labor si así se fijaba en los convenios formativos entre empresa y centro.
El incremento de los costes para las compañías de asumir la cotización de los becarios ha hecho que muchas empresas suspendan los convenios de formación que tenían firmados con los centros educativos. Lo que implica, a su par, que si el alumno no hace prácticas no puede acabar su grado, licenciatura o formación. Por ello, muchas universidades han acabado por asumir los costes de gestión y cotización. De hecho, el propio Gobierno, impulsor de este Real Decreto-ley, está firmando convenios con las universidades para formación, trasladando a estas la gestión y cotización de los alumnos.
Precisamente, este viernes publica el BOE uno de los convenios del Ministerio de Educación con una universidad para que los alumnos realicen prácticas de educación infantil y primaria, en el que se fija que "en relación con las obligaciones en materia de Seguridad Social [...] la Universidad asumirá dichas obligaciones". El caso del Ministerio de Educación es solo un ejemplo más. También han traslado en los últimos meses el coste a los centros el Ministerio de Justicia, el de Interior, el de Hacienda o el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre otros.
Ni las secretarías de las universidades ni las asesorías a las que recurren los centros de FP para trasladar la gestión de Recursos Humanos están preparados para asumir una carga de gestión laboral tan grande como la que supone dar de alta a los alumnos y gestionar cualquier documentos o proceso, por lo que les supondrá unos gastos extra en contratación de personal o por aumentar los servicios requeridos a las asesorías. Cabe recordar que cada año hay en las universidades 1,3 millones de alumnos que necesitan hacer prácticas y en los centros de FP, 1,1 millón de alumnos. Según fuentes conocedoras de esta situación, hay centros que este mes de enero han visto que necesitaban dar de alta a 20.000 alumnos.
"Las empresas se están echando para atrás en la admisión de alumnos porque no quieren asumir el coste. Los centros tienen que derivar esa gestión a las asesorías y los costes extra que tienen que pagar son un imprevisto, por lo que los tienen que incurrir en la matriculación de los alumnos y encarecer los precios", explican fuentes conocedoras de la situación a este diario. Eso sí, matizan que lo que se traslada es el coste de la gestión, no la cotización, puesto que no sería legal que se incurriera a los propios becarios.
El coste por cotizar por estos alumnos es de 9,92 euros por mes o 29,76 por trimestre, puesto que el Gobierno bonifica el 95% de la cuota por contigencias comunes.
