El acceso a las prácticas necesarias no está garantizado para los alumnos de FP, especialmente de la rama sanitaria. La Comunidad de Madrid es el epicentro de un problema que se replica en otras autonomías porque la región concentra la mayoría de las reclamaciones de los estudiantes de centros públicos que no tienen acceso a una plaza donde poder concluir los estudios y dar el salto al mundo laboral o al ámbito universitario.
El aviso lo dio la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid en diciembre, cuando advirtió de las "dificultades" de los centros públicos de FP para encontrar una plaza en la que realizar sus prácticas ante la "diferente capacidad" entre estos y los privados "para pagar" a los hospitales la compensación económica que solicitan a cambio de las plazas: "los primeros no pueden hacerlo, los segundos, sí", indicó el sindicato en un comunicado lanzado el martes en el marco de la movilización estudiantil que tuvo lugar ayer frente a la Consejería de Educación.
En datos de CCOO, los 24 los centros públicos de FP sanitaria que hay en Madrid se encuentran en esta situación y casi la mitad están en huelga. El número de alumnos a la espera de poder acceder al módulo de Formación en Centro de Trabajo (FCT), de carácter obligatorio en todos los ciclos de FP para poder obtener el título, supera los 800, según las estimaciones.
Acusan al Gobierno autonómico de "abandonar al alumnado que estudia bajo su tutela en sus centros públicos" en un momento, además, de pleno auge de los grados sanitarios, "muy demandados por su empleabilidad", recuerdan. Piden las mismas condiciones, oportunidades y derechos para estos alumnos que para los de los centros privados, y así lo volverán a reivindicar el jueves en una nueva protesta, esta frente a la Asamblea de Madrid.
Desde la Consejería reconocen en declaraciones a Europa Press "algunas dificultades" para que los alumnos de esta rama puedan realizar sus prácticas y aseguran que están en reuniones tanto con los directores de centros educativos sostenidos con fondos públicos que las imparten, como con la Consejería de Sanidad para buscar fórmulas que permitan incrementar el número de plazas disponibles.
El Gobierno madrileño achaca el limbo en el que se encuentran estos estudiantes no sólo al "fuerte incremento en la demanda" de estos estudios sino también a que los hospitales tienen que compaginarlas con las de otros programas como el MIR.
La cotización a la Seguridad Social, el otro flanco
La falta de prácticas es el último pero no el único problema de la Formación Profesional en los últimos meses. La obligación de que los alumnos en prácticas formativas, remuneradas o no, coticen a la Seguridad Social que entró en vigor el 1 de enero, abre otro frente para los centros formativos y las universidades ante la avalancha de tramitaciones que se esperan.
A cierre de enero ya se han registrado más de 37.000 alumnos en el nuevo sistema de cotización en prácticas formativas pero se estima que se beneficiarán de la nueva norma casi dos millones de estudiantes entre universitarios y de FP, que verán reflejada en su vida laboral el tiempo de prácticas que hagan en las empresas, que será de al menos el 25 % de las horas lectivas. La normativa apunta a las empresas y las instituciones públicas y privadas como las encargadas de tramitar las altas, "salvo que los convenios digan lo contrario". Y es a esto último a lo que se están acogiendo las empresas, que están firmando convenios que derivan la obligación de dar de alta al estudiante y asumir el coste de la cotización (en principio suya) a la universidad o centro de FP.
El temor a que el alto volumen de tramitaciones colapse los servicios administrativos lo comparten los centros formativos y los gobiernos regionales. De hecho, las CCAA solicitaron al Gobierno -sin éxito- una segunda moratoria más allá de enero para la medida que en principio iba a implementarse en octubre por dudas técnicas y sobre la esencia del decreto. Si bien el Gobierno bonificará en 2024 el 100% del alta a la Seguridad Social durante el periodo de formación del alumnado, el procedimiento lo debe gestionar cada administración autonómica.
El procedimiento exige reflejar el día de alta y de baja por cada estudiante y el cómputo mensual de jornadas en las que desarrolle sus prácticas empresariales. Además, habrá una liquidación trimestral obligatoria. Las reticencias de CCAA, rectores y directores de centros de FP se basan en las dudas sobre si el sistema de gestión del alta en la Seguridad Social es fiable para tramitar el gran volumen de altas y bajas que se espera en los próximos meses.