Economía

Los expertos del Instituto Santalucía apuestan por la jubilación flexible para suavizar la salida del mercado laboral

Trabajadores. EE
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El avance implacable de la generación del 'baby boom' obliga a buscar soluciones en busca de la sostenibilidad y eficiencia de la Seguridad Social y de las pensiones públicas. Por esta razón, el Gobierno llevó a cabo un proceso reformista durante la pasada legislatura y aún quedan retoques: la jubilación parcial o la anticipada por trabajos penosos, entre las modalidades de retiro más destacadas. La jubilación demorada ya se está impulsando (ha crecido un 50% en 2023) mediante un cheque al contado de 4.000 euros por año demorado o un 4% adicional en la prestación; además, los expertos del Instituto Santalucía reclaman actuar para flexibilizar la salida del mercado laboral y aprovechar la mano de obra sénior.

Es la máxima que viene defendiendo el Foro de Expertos del Instituto Santalucía. El informe, realizado por Jesús Lahera y José Ignacio Conde-Ruiz, destaca la necesidad de una jubilación flexible y compatible que permita trabajar a los jubilados, a tiempo parcial o completo, sin topes de renta ni recortes en la prestación. Guillermo de la Dehesa, Rafael Doménech, Ángel de la Fuente, Mercedes Valcárcel, José Antonio Herce y Josefa Ros forman este grupo de expertos que dirige José Manuel Jiménez.

"La jubilación en España ha estado históricamente marcada por su rigidez, generando un doble muro entre el trabajo retribuido a tiempo completo y la pensión de jubilación. Este sistema ha llevado a una transición drástica y, en muchos casos, desaprovecha el talento sénior, afectando al bienestar material y emocional de los individuos", explican.

La edad real de jubilación en España superó por primera vez los 65 años durante 2023. Una evolución positiva impulsada por un menor peso de los retiros anticipados y un incremento de las personas que aplazaron su retiro más allá de la edad ordinaria. En juego también entra la jubilación parcial, a la que accedieron de media los trabajadores a los 62,5 años en 2023, una opción que permite una salida progresiva del mercado laboral y, mediante el contrato de relevo, formas a un trabajador similar para cubrir ese puesto.

Las conclusiones de este informe plantean una nueva jubilación flexible, que haga compatible el cobro de una pensión y la percepción de rentas del trabajo, también en beneficio de las empresas o la Seguridad Social para cubrir puestos vacantes y generar mayores ingresos fiscales. Bajo su propuesta inicial, permitirían el acceso al mercado laboral a estos jubilados a través de contratos de duración determinada o como autónomos.

"Ofrecer opciones que permitan a las personas mayores de 55 años mantenerse activas laboralmente es más que una necesidad; es una inversión en la experiencia y sabiduría acumulada a lo largo de los años. En un mundo donde la longevidad aumenta, estas recomendaciones proporcionan información esencial para construir un futuro donde la jubilación sea sinónimo de nuevas oportunidades y no de limitaciones", defiende José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía.

Yendo más allá, el Instituto Santalucía considera que las jubilaciones forzosas deberían desaparecer de la legislación española y de los acuerdos colectivos. "Los convenios colectivos deben tener prohibido suscribir jubilaciones forzosas, asegurando que la jubilación sea siempre voluntaria", indican. Prácticamente el 25% de los trabajadores cubiertos por acuerdos colectivos en 2023, 928.700 empleados, están condicionados por cláusulas de jubilación forzosa.

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