
Moncloa y el Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) censuraron este viernes los ataques de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, contra el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el caso de la plataforma independentista Tsunamic Democratic. El magistrado rechazó este jueves el recurso de la Fiscalía contra su decisión de elevar la causa al Tribunal Supremo para que investigue al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo al considerar que fue éste quien instigó los movimientos de la plataforma.
La ministra, tras conocer la decisión de García Castellón de elevar la causa al Supremo (único órgano que puede investigar a Puigdemont puesto que como diputado europeo goza de la condición de aforado), atacó este viernes al magistrado durante una entrevista que concedió a TVE. Ribera dijo en referencia al instructor que "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles". "Hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial", añadió.
Tras estas declaraciones, fuentes gubernamentales apuntaron que "por supuesto" se respetará la decisión final que adopte la Audiencia Nacional sobre el caso Tsunami. Moncloa salió a rectificar a la ministra al asegurar que el Ejecutivo respeta al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor. "En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el Fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte", añadieron.
La Comisión Permanente del CGPJ emitió este viernes por la tarde un comunicado en el que señaló que las manifestaciones de Ribera son contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial. El CGPJ advirtió que estas declaraciones merman la confianza de los ciudadanos y reclamó al Ejecutivo "moderación, prudencia y mesura y responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad" de los jueces y los magistrados. El PP, por su parte, señaló que haría valer su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante la reprobación de la Cámara Alta a la ministra Ribera.