Economía

Los convenios colectivos 'premian' la jubilación anticipada a 639.000 trabajadores, un 39% más

Acuerdo y firma de un convenio colectivo. Imagen: iStock
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El pasado 2023 fue el año con mayor actividad en materia de negociación colectiva de la última década. Los más de 3,7 millones de trabajadores cubiertos por convenios colectivos a cierre de diciembre así lo certifican: solo en 2013 hubo un número más elevado de personas cubiertas, más de 4,2 millones de empleados. El balance que dejan las Estadísticas del Ministerio de Trabajo también se puede hacer con la mira puesta en las pensiones, ya que hubo un importante incremento de los cotizantes cubiertos con acuerdos colectivos que estimulan la salida del mercado laboral antes de la edad ordinaria de jubilación, a los 65 años. En concreto, esta cifra aumentó hasta los prácticamente 640.000 efectivos, un 39% más respecto a 2022.

Sus implicaciones son complejas de analizar, ya que esos compromisos entre empresa y trabajador pueden variar. Lo que es seguro es que no es una buena noticia para la Seguridad Social. "Al sistema le conviene que se retrasen las edades efectivas de jubilación", reflexiona el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges.

Los esfuerzos del Gobierno a través de la legislación posterior a la crisis financiera han perseguido ese objetivo: elevar la edad media de jubilación y acompasarla, en la medida de lo posible, a la que será la edad legal de retiro en 2027, es decir, 67 años. Los datos más recientes de la Seguridad Social explican un cambio progresivo en la tendencia de los españoles. Por primera vez en la historia, los españoles se jubilan más allá de los 65 años, con una menor presencia de las desvinculaciones anticipadas y un peso mayor en las demoradas gracias a los incentivos (un cheque al contado de 4.000 euros o el 4% adicional sobre la prestación por cada año demorado).

Por su parte, el mayor número de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva también ha impulsado las cláusulas para impulsar el retiro más allá de la edad ordinaria (65 años), pasando de 114.000 a 244.000 acuerdos. "Los compromisos por jubilaciones con más de 65 años suelen ser firmes, mientras que en los anteriores a los 65 años el percibo de la prestación se condiciona a si el trabajador decide o no anticipar la jubilación", indica Méndez Baiges.

Es decir, el considerable número de trabajadores que acuerdan la salida temprana del mercado laboral con su empresa deberán ponderar si les merece la pena la penalización que recibirán en su prestación pública. En el caso más extremo, los trabajadores que deciden adelantar su retiro de forma voluntaria sufren un tijeretazo en su pensión superior al 20% por el efecto de los coeficientes reductores.

En total, son 685 convenios los que incluyen cláusulas de jubilación (frente a los 529 del pasado curso) y cubren a más de 1,9 millones de trabajadores (por 1,6 millones de personas en 2022). Un total de 142 convenios fuerzan la jubilación (42 más que en diciembre de 2022), y son 279 los acuerdos colectivos que estimulan o premian la jubilación antes de los 65 años (100 más que a cierre de 2022). Por su parte, 88 acuerdos colectivos proponen demorar el retiro más allá de los 65 años.

Las desvinculaciones voluntarias se formalizan esencialmente en empresas multinacionales, según se desprende un estudio de la consultora Mercer. "Las empresas han desvinculado de media un 6,05% de sus plantillas gracias a planes de rentas o prejubilaciones. Se trata de acuerdos entre la empresa y el trabajador con el objetivo de concluir la relación laboral con anterioridad a la fecha de jubilación prevista, a cambio de unas garantías económicas hasta la posible fecha definitiva", explican.

Los despidos colectivos a través del citado plan de rentas, como el ERE reciente de Telefónica (cuyo coste corre a cuenta de la teleco), son la segunda opción más común entre las empresas españolas para acordar salidas voluntarias de sus trabajadores.

¿Qué cambios afectarán a las jubilaciones y los trabajadores?

El Gobierno prepara modificaciones en varios aspectos que afectarán a la Seguridad Social, las jubilaciones y las cotizaciones de los trabajadores. El Ministerio de Seguridad Social, junto con los sindicatos y los empresarios, ha retomado la mesa de negociaciones y espera presentar un borrador a finales de enero con medidas concretas sobre:

  • Jubilación anticipada por motivos forzosos. Ralizarán cambios en el retiro anticipado por penosidad en el trabajo, donde tocarán los coeficientes reductores e introducirán "indicadores objetivos" para su determinación. Seguridad Social, previsiblemente, ampliará los sectores que se podrán acoger a este tipo de jubilación y suavizará las penalizaciones.
  • Jubilación parcial y contratos de relevo. Además, el secretario de Estado de Pensiones, Borja Suárez, pondrá sobre la mesa modificaciones en la jubilación parcial y el contrato de relevo (el más usado junto al parcial en este tipo de retiro). Esta jubilación hace compatibles salario y pensión bajo una serie de requisitos. Por tanto, aprovecha la fuerza laboral sénior. Son el 35% de los convenios, más de un millón de trabajadores.
  • Cotización del fijo-discontinuo. El Ministerio de Seguridad Social está abierto a modificar la cotización y protección social que recibe el trabajador con contrato fijo-discontinuo. Esta modalidad contractual solo abona cotizaciones cuando trabaja (activo) o cuando recibe prestaciones, pero no lo hace cuando pasa a fase de 'inactividad'. La elevada parcialidad de estos trabajadores afecta a su base reguladora y futuras prestaciones, por lo que se abre la posibilidad de aumentar las cuotas de este colectivo.
  • Cotización de los becarios e IMV. Doble tarea, mejorar la regulación de la cotización de los becarios que arrancará, previsiblemente, en marazo; y cercar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para evaluarlo.
  • Mutuas de Trabajo en enfermedades comunes. Las Mutuas médicas descongestionarán las listas de espera que hay en los servicios públicos de atención y se usarán para evitar un alargamiento innecesario de las bajas por enfermedades comunes, tal y como se desprende del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Estas empresas público-privadas podrán realizar tratamientos, pero no dar el alta o la baja al trabajador.
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