Cuatro de cada diez ayuntamientos no han presentado sus cuentas de 2022 dentro de plazo marcado por la Ley Reguladora de las Haciendas locales. El Tribunal de Cuentas (TCU) alerta, además, que hay todavía un 10% de los municipios que ni siquiera ha entregado los informes de los últimos tres años. Son los ayuntamientos de entre 50.000 y 100.000 habitantes los que presentan un mayor índice de incumplimiento, pues de un total de 38 entidades de 83 aún no habían rendido cuentas a finales de octubre del año pasado.
En el caso de los ayuntamientos de más de 500.000 ciudadanos, solo la mitad de los seis ha entregado sus cuentas en plazo, aunque el Tribunal de Cuentas destaca el hecho de que ninguno de ellos "cumplió con todas las obligaciones en el plazo legalmente establecido para cada una de ellas", teniendo en cuenta que también tienen que rendir cuentas por los convenios y contratos firmados. El TCU pone especial énfasis en los ayuntamientos de Sevilla y Barcelona, que a fecha de cierre del informe no habían presentado aún sus cuentas.
El Tribunal de Cuentas advierte en el informe que la no rendición de cuentas puede implicar quedarse fuera de las ayudas públicas en el caso de la capital catalana según se recoge en la normativa de esta autonomía. No obstante, desde el ayuntamiento de Barcelona han confirmado a este periódico que "aunque fuera de plazo, ya se han presentado las cuentas (o se están comunicando técnicamente, después de su aprobación plenaria)", y agregan que "cada año electoral la aprobación de la Cuenta General se retrasa . En 2023 se aprobaron definitivamente las Cuentas de 2022 en el Plenario Ayuntamiento de noviembre, y en diciembre se comunicaron los ficheros a la Sindicatura de Cuentas y otros. Aunque, des, reconocen que este retraso en la entrega de las cuentas "no pone en riesgo recibir ayudas públicas".
El caso de Barcelona
El caso de Barcelona es llamativo porque, según el TCU, "se da la circunstancia que, en todas las comunidades, junto a la de Madrid, que registran índices de rendición muy superiores a la media, su normativa prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades locales que no se hallen al corriente en la rendición de cuentas". El TCU insiste, de hecho, en "la efectividad de este tipo de medidas se revela en el impacto positivo inmediato que tienen en la mejora de los índices de rendición cuando se aplican las mismas".
En el caso del ayuntamiento de Sevilla, no están presentadas aún las cuentas, ya que "al parecer el momento de elaboración de la Cuenta General es tras el verano y con el hackeo se han visto afectados", explican desde el ayuntamiento a elEconomista.es, y agregan que "este año ha cambiado la normativa y hay que presentar también las cuentas consolidadas de los organismos autónomos y eso suponía implantar un nuevo sistema informático que se estaba poniendo en septiembre cuando el hackeo".
Ahora bien, si se pone el foco en todas las entidades públicas —incluyendo ayuntamiento, cabildos, comarcas y municipios, entre otros— casi la mitad no entregaron la documentación pertinente sobre sus estados financieros. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio son las que mayores carencias presentan y un 42% no ha entregado sus cuentas, a pesar de que se ha tratado de solucionar en numerosas ocasiones. No obstante, en estos casos, el elevado grado de incumplimiento se debe a "la ausencia de responsables que ejerzan el control interno". En relación con las diputaciones, cabildos y consejos insulares presentan un porcentaje de rendición en plazo algo mayor que el de los ayuntamientos. En concreto de un 50 %.
"Las diputaciones de Almería, Cádiz, Córdoba, Málaga, Teruel, Zaragoza, Ávila, León, Valladolid, Zamora, Cuenca y Lleida, así como los cabildos insulares de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, El Hierro y Tenerife no habían rendido la cuenta general de 2022 a 31 de octubre de 2023", confirma el TCU. Sin embargo, la situación más grave está en las mancomunidades, pues de las 832 censadas, solo rindieron cuentas en plazo 209.
Contratos y convenios
El Tribunal de Cuentas también ha resaltado la escasa información sobre los contratos públicos y los convenios. En lo que respecta a estos contratos, el TCU señala que todavía hay "57 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, seis diputaciones provinciales, 13 comarcas y otras 13 agrupaciones de municipios que no remitieron la información de los contratos correspondientes al ejercicio 2022". De hecho, el mismo documento alega que, en 2022, "no se han remitido los extractos correspondientes a 1.680 contratos, lo que representa el 32 % de los que debían haberse remitido".
Por otro lado, en relación con los convenios, las entidades públicas de Andalucía, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, son las que más han incumplido la normativa y no han entregado la información de sus convenios. En total, "70 ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes, entre los que se encuentran 27 ayuntamientos mayores de 100.000 habitantes, no cumplen con la obligación de remitir la relación anual de convenios del ejercicio 2022", explica el documento.
Aunque no todo es negativo, y desde el TCU se restalta de igual modo que "se aprecia una mejoría en la evolución de los tres últimos ejercicios, habiéndose incrementado en 11 puntos porcentuales el número de entidades locales que remiten las relaciones anuales de convenios de 2020 a 2023".