
El Tesoro Público emitirá 55.000 millones de deuda neta en 2024, 10.000 millones menos que en 2023, cuando la cuantía fue de 65.000 millones. Así lo anunció este martes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde indicó que la estrategia de financiación del Tesoro Público para este año está marcada por la "prudencia" y la "flexibilidad".
Además, mandó un mensaje de "estabilidad" y "predictibilidad" a los inversores. Si bien la deuda neta se reducirá en 10.000 millones, la deuda bruta crecerá desde los 252.000 millones en 2023 a los 257.600 millones. Cuerpo también avanzó que la previsión de deuda pública sobre PIB es del 106,3% para el cierre de 2024, frente al 108,1% previsto para el cierre de 2023.
El ministro de Economía señaló también que la economía española creció "en el entorno del 2,4%" en 2023, con lo que superó "ampliamente" a sus principales socios europeos. Esta primera estimación de crecimiento del 2,4 % se basa, ha explicado, en la buena evolución del mercado de trabajo -con mayor calidad y un crecimiento "específico" en sectores de alto valor añadido- y del sector exterior, con "robustez" de las exportaciones, así como al efecto del plan de recuperación. Constituye, ha asegurado, una "mejora estructural" de la economía española que va a "permitir tener tasas de crecimiento más elevadas" a medio plazo.
Ley de desperdicio alimentario
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que se encontraba ya en el Senado al final de la pasada legislatura pero que decayó por la disolución de las Cortes. El relanzamiento de esta ley en cuanto arrancara la nueva legislatura era uno de los objetivos principales para este nuevo periodo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto a la ley de agricultura familiar y el desarrollo de la PAC. Con este proyecto de ley, España se dota por primera vez de un marco legal para el conjunto del Estado para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario.
La norma prevé que bares y restaurantes tendrán la obligación de facilitar al cliente que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables, si bien se le cobrará por el envase de plástico de un solo uso, como establece la Ley de residuos 7/2022.
La ley también articula medidas para fomentar la venta de productos imperfectos o 'feos', y prevé que los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados tendrán la obligación de suscribir convenios de colaboración con bancos de alimentos u ONG para la donación de productos, que deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.
En virtud de la norma, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario. Este plan, que se revisará cada cuatro años, definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito.
Tras el Consejo de Ministros, el ministro Luis Planas aseguró que esta ley "se resume con la idea gráfica de que aquí no se tira nada, y no es un eslogan, es un imperativo categórico muy claro". Planas celebró los últimos datos del estudio periódico que realiza su departamento que mide el desperdicio que se produce dentro y fuera de los hogares.
Durante el año 2022, los hogares españoles registraron un desperdicio total de 1.170,45 millones de kilos o litros, con una disminución del 6,1% en comparación con el año anterior y un notable descenso del 13,5% respecto al periodo prepandemia, en 2019. Durante el 2022, cada hogar español desperdició, de media, aproximadamente 65,5 kilos o litros de alimentos y bebidas.
Los productos sin elaborar siguen siendo los más desperdiciados, aunque en 2022 fueron un 9% menos que en 2021. Respecto a los platos cocinados, su desperdicio aumentó un 6,7% respecto a 2021. En cuanto al comportamiento fuera del hogar, aunque el consumo alimentario aumentó un 6,1% en el año 2022, se produjo una reducción del desperdicio del 11,3%, lo que supone una reducción en más de 4 millones de kilos o litros respecto del 2021.
Vuelta de empresas a Cataluña
Por su parte, la ministra portavoz Pilar Alegría aseguró tras la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que está negociando con Junts cómo propiciar la vuelta a Cataluña de empresas que salieron durante el 'procés', aunque los socialistas advierten de que cualquier medida al respecto debe respetar la Ley de Sociedades de Capital y "garantizar la seguridad jurídica".
En concreto, la formación de Carles Puigdemont reclama, como condición para apoyar estos decretos, que se multe a las empresas que no quieran volver a Cataluña tras haber salido de la misma durante el 'procés'.
López señaló que los socialistas están "abiertos" a negociar con Junts y que están "hablando de todas estas cosas", aunque apuntó que cualquier incentivo a las empresas para volver a la comunidad catalana tiene unos requisitos. En concreto, indicó que estas medidas incentivadoras para el retorno de compañías deben basarse en "tres asientos": "facilitar que las empresas vuelvan"; "cumplimiento de la ley de sociedades de capital", y "garantizar la segur jurídica".