La Junta de Andalucía intentará profundizar este año en sus dos recetas más exitosas en el ámbito económico: reducción de impuestos y eliminación de trabas burocráticas. Sería la séptima rebaja fiscal y el cuarto proceso de simplificación burocrática desde 2019. El ejecutivo andaluz siempre ha defendido que estas dos líneas aumentan el atractivo de la comunidad para inversores y para captar nuevos residentes con rentas altas.
El 24 de noviembre pasado el presidente Juanma Moreno aseguró que en 2024 ""continuaremos bajando impuestos a los andaluces, a pesar de Pedro Sánchez". El presidente andaluz reaccionaba así a la sentencia del TC que confirmaba la constitucionalidad del impuesto a grandes fortunas que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzó para contrarrestar la eliminación de Patrimonio en Andalucía. Los afectados por el 'impuesto a los ricos' pueden elegir si tributan finalmente en Andalucía o bajo ese nuevo tributo, pero Moreno insistió en una nueva bajada fiscal no prevista en los presupuestos.
Andalucía es ya la segunda comunidad española con menor carga fiscal, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal de Tax Foundation, sólo por detrás de la Comunidad de Madrid. En 2018, Andalucía aparecía en novena posición entre las comunidades de régimen común. La previsión para este año recogida en Presupuestos, en palabras de la consejera de Hacienda Carolina España, era "consolidar la revolución fiscal", una vez que se había eliminado Sucesiones, bonificado al 100% Patrimonio y aplicado fuertes deducciones en el tramo autonómico del IRPF.
Se está a la espera de que se concreten en medidas concretas las palabras del presidente andaluz en el primer trimestre para que las medidas se puedan aplicar ya durante 2024. En cualquier caso, el margen es ya escaso en los impuestos sobre los que la administración autonómica tiene competencias.
Menos burocracia
En las próximas semanas se conocerán además las medidas que recoge el cuarto decreto de simplificación administrativa cuyos detalles se están ultimando y que el consejero Antonio Sanz ha anunciado como "el mayor paquete que jamás se haya hecho en una administración", con alrededor de 400 reformas legales para acabar con trabas y evitar duplicidades; digitalización y automatización de procesos; mejor gestión de los fondos europeos; mayor coordinación con el resto de administraciones, y modificaciones legales importantes en materia medioambiental o de patrimonio.
Habrá foco en la gestión de subvenciones, para crear un único procedimiento común en la Junta, 100% digital y capaz de resolver el plazos de alrededor de un mes y medio.
Clamor empresarial
En su balance de final de año, la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, reconocía "cómo a lo largo de 2023 se ha continuado abonando un clima favorable a la actividad empresarial. Así, empresas y Administración han seguido trabajando por la simplificación administrativa y la generación de un marco regulatorio estable y claro para hacer de la región un destino competitivo y atractivo para el inversor".
Y para 2024 situaba entre los principales objetivos "ahondar en la ya mencionada simplificación administrativa será otro de los desafíos en el corto y medio plazo, consolidando una 'revolución' de la Administración pública aún en curso".
De hecho, la simplificación administrativa es la principal reivindicación empresarial y lo que los empresarios perciben como el principal obstáculo para la inversión.