El sector de la distribución apenas ha alcanzado una cuarta parte de los 20.000 puntos de recarga que el Gobierno le exigía ya el 1 de enero de 2023. De hecho, solo Mercadona, que tiene 2.000, cuenta con un número de electrolineras superior a las 500. Lejos de lo que pueda parecer este incumplimiento no se debe a la dejadez de las grandes cadenas de distribución por impulsar la movilidad sostenible en sus centros, sino a la burocracia administrativa. Tanto es así que los trámites que los municipios exigen para la instalación de este tipo de infraestructuras provocan demoras de hasta dos años. Urge, por ello, terminar con las trabas burocráticas que impiden un rápido despliegue de puntos de recarga que es fundamental para impulsar la movilidad eléctrica.
