Barcelona
La Generalitat de Pere Aragonès no está escatimando en sueldos para remunerar a los altos cargos de nueva creación que considera estratégicos, según los registros de la administración catalana consultados por elEconomista.es. El ejemplo más relevante es el del presidente de Aeroports Públics de Catalunya, Daniel Albalate, un cargo que ERC ha recuperado en 2023 tras más de una década, y cuyo sueldo bruto anual es de más de 96.250 euros.
Esta cifra es superior a la retribución del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en 2023 ha percibido 90.010,20 euros. Con todo, cabe recordar que el sueldo de Aragonès también está por encima, y es el presidente autonómico que más cobra, con 136.177,5 euros brutos anuales.
En cualquier caso, los honorarios de Albalate contrastan con su nivel de responsabilidad, como presidente y consejero delegado de una empresa que también dispone de un director general que cobra 92.259 euros anuales y que en 2022 contaba con solo 19 trabajadores y la gestión de tres instalaciones que sumaron menos pasajeros que el Aeropuerto de Badajoz.
Se trata los aeropuertos de titularidad de la Generalitat: Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu, así como el aeródromo de la Cerdanya, del que tiene encomienda de gestión. Su cifra neta de negocios en 2022 fue de apenas 532.955 euros, con un resultado neto de 61.000 euros de pérdidas. En este caso, la clave son sus aspiraciones de futuro.
Albalate, doctor en Economía por la Universitat de Barcelona (UB) y estudioso de las políticas públicas de infraestructuras y transporte, fue nombrado máximo ejecutivo de Aeroports Públics de Catalunya en febrero de 2023, aunque sus apariciones en medios de comunicación han sido contadas.
Se incorporó así a una empresa que se creó en 2007 durante el tripartito de PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya, con Oriol Balaguer como responsable de los aeródromos competencia de la Generalitat, si bien el cargo quedó vacante tras su destitución en 2011, después del retorno de CiU a la Generalitat.
Ya en sus orígenes, Aeroports Públics de Catalunya se constituyó para conformar la estructura autonómica necesaria para las aspiraciones de la Generalitat de participar en la gestión de los aeropuertos catalanes de la red de Aena, con el de Barcelona como pieza clave, y esta misma motivación ha ganado vigencia en la actualidad.
El desbloqueo de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona sigue pendiente desde verano de 2021, y es uno de los condicionantes que esgrime el PSC para dar su apoyo a los Presupuestos de la Generalitat para 2024, todavía pendientes de presentar porque ERC necesita el beneplácito de otros grupos parlamentarios para sacar las cuentas adelante.
De hecho, la ampliación de El Prat fue una de las exigencias fijadas por los socialistas para apoyar los Presupuestos catalanes de 2023, junto al desbloqueo de la autovía B-40 del Vallès (Barcelona) y del complejo de ocio y juego Hard Rock en la costa de Tarragona, todo ello pendiente todavía.
De momento, Aeroports de Catalunya ya forma parte del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas (CDRA) de Barcelona, que trabaja para conseguir nuevos destinos de largo radio para El Prat, y sus ambiciones de futuro se reflejan en que el sueldo de su máximo ejecutivo es igual al del director de la Agencia Tributaria de Cataluña, que aspira a asumir todas las competencias relacionadas con la fiscalidad en la región.
Asimismo, el sueldo del director general de Aeroports de Catalunya es el mismo que el de su homólogo de Ports de la Generalitat (que gestiona los puertos catalanes que no forman parte de la red de Puertos del Estado) y que el de Fira 2000, la empresa pública con mayoría de la Generalitat que se constituyó para levantar el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y que también se encargará de la ampliación y renovación de las instalaciones feriales.
Pero aún hay otros cargos todavía mejor remunerados, como el de presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), o los directivos de la radiotelevisión pública catalana (CCMA).
L'Energètica
Otra iniciativa estratégica de la Generalitat es la puesta en marcha a finales de 2023 de la energética pública catalana L'Energètica, cuyos máximos directivos tienen un sueldo (75.871 euros brutos anuales) que se acerca al de los ministros (79.415 euros brutos anuales).
Ello pese a que la compañía todavía está en proceso de asumir la gestión de instalaciones de la Generalitat de generación renovable, de comunicar el plan de empresa y de inversiones, y de sumar clientes (en octubre anunció el primero: la oficina central de la Agencia de Residuos de Cataluña).
Ingresos ligados a la amnistía
La Generalitat no solo tendrá novedades en el gasto por los nuevos directivos incorporados en 2023, sino que también espera tener novedades en los ingresos en 2024, de la mano de la ley de amnistía. Se trata de una cifra simbólica pero importante como señal política: los avales que la administración catalana depositó como fianza ante el Tribunal de Cuentas para los cargos investigados por los gastos de dinero público vinculado al procés.
Se trata de 4,26 millones de euros que el Institut Català de Finances (ICF) tiene retenidos para cubrir a una veintena de personas. La cifra inicial era de 5,36 millones, pero posteriormente se redujo el número de investigados y por tanto la cuantía de las fianzas y avales necesarios, han indicado a elEconomista.es fuentes del Ejecutivo autonómico.
La causa del Tribunal de Cuentas por presuntos delitos de malversación de dinero público ligados al referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 y a propaganda en el extranjero en años anteriores sigue abierta, pero decaerá en cuanto se apruebe la ley de amnistía, actualmente pendiente de tramitación en las Cortes. Y es que fue una de las exigencias de los partidos independentistas catalanes para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras las últimas elecciones generales del pasado verano.
De hecho, la ley de amnistía afectará a un número todavía indeterminado de procedimientos judiciales vinculados al independentismo.
A mediados de diciembre, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, concedió más tiempo a la Fiscalía de Cataluña, así como a las del Tribunal Supremo (TS) y la Audiencia Nacional (AN), para que le remitan la información que ha solicitado sobre las causas del procés que se verán afectadas por la futura ley de amnistía.
El objetivo es recabar toda la información tanto de procedimientos en trámite como de los archivados y los sentenciados, con el detalle del juzgado, estado procesal, objeto y personas encausadas.
