Díaz llevará al Consejo de Ministros la reforma de los subsidios y la universalidad del permiso de lactancia a 28 días

El Ministerio de Trabajo y Economía Social está en proceso de finalizar junto al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la propuesta de reforma del subsidio por desempleo que será presentada este martes ante el Consejo de Ministros, según indican fuentes cercanas a Yolanda Díaz en el Ministerio. Esas fuentes explican que durante la tarde del lunes se cerrarían los últimos flecos entre Sumar y el PSOE para incluir la norma. La norma también recoge el decreto una transposición de directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles, y la universalidad del permiso de lactancia a 28 días.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social propone ajustes significativos al subsidio por desempleo. En contraposición con la propuesta del Ministerio de Economía, que busca reducir la duración y cantidad del subsidio, Trabajo propone incrementar la cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses (110% del Iprem) y a 540 euros en los seis meses siguientes (90% del Iprem), manteniendo luego el 80% del Iprem hasta los 30 meses de percepción.

Este enfoque se basa en porcentajes del Iprem, lo que significa que si el indicador aumenta, el subsidio también lo hará. Además, busca incluir a personas menores de 45 años sin cargas familiares y a eventuales agrarios fuera de Andalucía y Extremadura, eliminando el mes de espera para cobrar el subsidio y permitiendo compatibilizarlo con un empleo durante los primeros 45 días sin reducir su cantidad.

Este plan supondría un aumento del gasto, ya que incrementa tanto la cantidad de la prestación como el número de posibles beneficiarios, sumando aproximadamente 400.000 personas más a las 800.000 actuales que reciben el subsidio.

Esta reforma, parte del Componente 23 del Plan de Recuperación, representa un paso importante para el Ministerio de Trabajo y su diseño ha estado en marcha desde antes de la fecha límite de diciembre de 2022 establecida en el Plan.

La propuesta contempla revisiones trimestrales en lugar de mensuales, evitando que los desempleados estén constantemente preocupados por cumplir requisitos de renta y permitiendo considerar las rentas familiares si son más beneficiosas que las individuales.

Condiciones transparentes

Las fuentes también han revelado que, en conjunto con la reforma del subsidio, el Ministerio de Trabajo tiene la intención de establecer un permiso de lactancia de hasta 28 días, buscando así garantizar universalmente el derecho a acumular este periodo, independientemente de lo que establezcan los convenios.

Además, se pretende incorporar en la normativa una transposición de directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles.

España aún no ha transpuesto la Directiva Europea de junio de 2019 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. A pesar de existir un borrador de anteproyecto de ley, este proceso se interrumpió debido al inicio del ciclo electoral, a pesar de los plazos incumplidos previamente. Aunque hubo consultas con sindicatos y la patronal, y un dictamen favorable del Consejo Económico y Social en octubre de 2022, la norma no se aprobó.

El anteproyecto abarcaba varios aspectos de la directiva europea, incluyendo la no exclusividad laboral, la información contractual para el trabajador, permisos de conciliación, horas complementarias y cambios en el periodo de prueba. Para los contratos indefinidos, se mantenía lo establecido en la reforma laboral respecto a los periodos de prueba, dejando a los convenios cierta autonomía dentro del marco legal.

El cambio más significativo se enfocaba en los contratos temporales, reduciendo el periodo de prueba a un mes (salvo especificación en convenio) para contratos de hasta seis meses. Además, se establecía la proporcionalidad en contratos de duración inferior, excepto para aquellos que duran menos de siete días, en los que se prohibía establecer un periodo de prueba.

Endurecer el cobro del subsidio

En el último borrador conocido por este medio, Díaz endurecía el cobro de los subsidios por desempleo, poniendo especial atención a las ayudas para los beneficiarios mayores de 52 años, al contrario de lo que decían las voces dentro de su cartera ministerial.

Para acceder al subsidio de desempleo para los que hayan superado dicha edad los trabajadores deberán acreditar, en la fecha de presentación de la solicitud, que carecen de rentas propias, o que tienen responsabilidades familiares; además, "para mantener la percepción del subsidio para trabajadores mayores de cincuenta y dos años los beneficiarios deberán presentar ante la entidad gestora una declaración anual de sus rentas, acompañada de la documentación acreditativa que corresponda", reza el texto.

Pero el incumplimiento de los requisitos no solo se traduce en suspensión o retirada del subisidio. Si en los doce meses previos a presentar cada declaración anual se producen cambios en su situación que implican que ya no cumple los requisitos -como un incremento de las rentas familiares o la emancipación de un hijo- pero no se comunican, también se expone a una sanción, es decir, una multa, por ese tiempo cobrado 'indebidamente'.

De esta forma, Díaz pretende favorecer la transición para aquellos que no se encuentren en búsqueda activa de empleo, hacia el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El texto prevé que las entidades de gestión del IMV y el subsidio por desempleo tengan comunicación directa para poder trasladar las situaciones de extinción de los subsidios en los casos de agotamiento, renuncia o por superar el límite de ingresos previsto, sin haberse reinsertado en el mercado laboral", con el fin de favorecer un cambio "adecuado" hacia otros mecanismos de protección social, así como una buena coordinación de las prestaciones con carácter asistencial.

Estos suponen el 61,4% de los beneficiarios del subsidio por desempleo. Con la recuperación, por parte del Gobierno de Sánchez en 2019, sus beneficiarios han aumentado un 22,4% desde octubre de ese año al mismo mes de 2023. Es más: son los únicos perceptores de este tipo de ayuda que se han incrementado respecto a los niveles prepandemia. Y los únicos sin límite de duración, más allá de alcanzar "la edad ordinaria que se exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social".

En el borrador del texto que llevó Trabajo a la mesa de negociación, se añaden tres puntos por los cuales endurecen el control hacia todos aquellos beneficiarios de la prestación que incumplan el fondo de las políticas activas de empleo: la reinserción en el mercado laboral. Por ende, comprenden la supresión del subsidio cuando los beneficiarios no presenten los documentos necesarios para seguir recibiendo la prestación; cuando no figuran como demandantes de empleo; y cuando el servicio de empleo competente comunique "la no suscripción, el incumplimiento o la suspensión del acuerdo de actividad".

De esta forma se introduce una nueva causa de suspensión de la prestación por desempleo y del subsidio, con el objetivo de reafirmar la vinculación de las prestaciones por desempleo con el seguimiento de medidas de inserción laboral, pasando a ser falta grave el incumplimiento de los puntos anteriores.

Estas faltas supondrán la pérdida de la prestación durante tres meses, en el caso de la primera infracción. La segunda supondrá que se duplique la sanción y la tercera significará el fin de la prestación. Esta escala se aplicará "a partir de la primera infracción y cuando entre la comisión de una infracción grave y la anterior no hayan transcurrido más de los 365 días", con independencia del tipo de infracción.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky