
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE intentarán esta semana, de nuevo, llegar a un acuerdo de la reforma de la gobernanza económica. La reunión para llegar a un punto en común sobre los últimos flecos de la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se celebrará a escasos días de que la presidencia española de turno del Consejo de la UE llegue a su fin. También a pocas jornadas de que termine el año y vuelvan a aplicarse las reglas fiscales, con el vencimiento de la cláusula de escape que se activó por la pandemia.
Será el miércoles a las cuatro de la tarde. Y el encuentro será de forma telemática. La intención es cerrar los últimos flecos que quedaron por acordar en el Ecofin de principios de diciembre y que radicaban fundamentalmente en si incluir o no los intereses de la deuda en la senda de ajuste de 2025 a 2027.
Las posturas están divididas entre los que abogan por más flexibilidad, Italia y Francia, y por conceder un plazo de tres años para que los intereses de la deuda no computen a cambio de dar margen a incentivos y reformas. Todo ello teniendo en cuenta el contexto atípico de tipos de interés muy elevados.
Al otro lado, los que se podrían llamar pequeños frugales: Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Austria, Luxemburgo e Irlanda, que se opusieron a excluir los intereses de la deuda del cálculo de las sendas de ajuste estructural. Su postura es más estricta, consideran que los países deben atender a estos costes a la hora de dibujar sus sendas de gasto.
El punto de partida para estas reglas fiscales partía de la propuesta de la Comisión Europea que proponía sendas de ajuste individualizadas por país de cuatro años, ampliables a siete en caso de que se comprometan inversiones y reformas que lo justifiquen. Añadió a esta base la obligación de realizar un ajuste estructural del 0,5% para aquellos países que superen unos niveles de déficit del 3% sobre el PIB.
Porque los umbrales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento anterior no han cambiado. Los países no deberán superar un déficit del 3% sobre el PIB ni una deuda del 60% sobre el PIB. Desde que iniciaron las negociaciones, Alemania ha venido empujando por establecer ciertas salvaguardias que comprometan a los Estados miembro a reducir sus niveles de deuda. Un corsé que, inicialmente, rechazaba París o Italia.
El texto pactado hasta ahora establece una reducción anual de un 1% de deuda para aquellos países que superen niveles del 90% y del 0,5% para aquellos Estados miembro cuya deuda esté entre el 60% y el 90% del PIB. Una métrica que se traduce también al colchón fiscal, pues fija un objetivo de déficit del 1,5% para el primero de los supuestos y del 2% en el segundo de los casos.
Además, la normativa pactadapor los países, que luego pasará a ser negociada con el Parlamento Eurpeo, fija un nuevo parámetro para fijar la apertura de procedimientos por déficit excesivo. La Comisión Europea se fijará en el gasto y revisará que los países no acumulen desviaciones anuales superiores al 0,5% o del 0,75% en el periodo de ajuste de cuatro años. El procedimiento se iniciará si así lo considera el Ejecutivo comunitario tras abrir una investagación por rebasar tales umbrales.