Bruselas
La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo ha fijado su posición negociadora respecto a la revisión de la gobernanza económica, en la que se inclina por más flexibilidad para las inversiones. Concretamente, los eurodiputados piden que a reforma de las reglas fiscales fije un margen a las inversiones en el marco de reducción de deuda excesiva y los planes de gasto.
Los eurodiputados han incluido disposiciones que permitan a los países tener un mayor control sobre sus finanzas de manera que puedan aumentar las inversiones, atendiendo a factores sociales y regionales, pero de manera que la sostenibilidad de la deuda no resulte perjudicada. El texto, que cuenta con el apoyo de los populares europeos, los socialistas y liberales, deberá ser ratificado por el pleno de la Eurocámara, previsiblemente el 11 de enero.
La propuesta incluye una excepción por la que la Comisión puede autorizar excepcionalmente a un Estado miembro a desviarse de su gasto durante un periodo máximo de cinco años, si este gasto se destina a inversiones estratégicas que aborden las prioridades comunes de la UE.
Han sido tres los textos que los eurodiputados de la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara han adoptado, con cambios en relación a la propuesta original de la Comisión Europea, que planteaba planes de ajuste individualizados atendiendo a las circunstancias de cada país, extensibles a siete si se justifica a través de reformas e inversiones. Además, establecía un ajuste mínimo del 0,5% para aquellos países que superen el límite del déficit del 3%.
En línea con el planteamiento del Ecofin, los eurodiputados introducen una cifra mínima que determine cuánto deben los países reducir su deuda cada año y cuánto puede superar el límite de gasto. Coincide en ambas posturas con de los ministros de Economía y Finanzas de la UE de la pasada semana, que fijaba una reducción mínima de un 1% anual para aquellos países con una deuda superior al 90% del PIB y del 0,5% para aquellos que se sitúen entre el 90% y el límite máximo del 60% que fijan las reglas fiscales.
Bruselas planteaba una desviación máxima del límite de gasto del 0,75% en el periodo de cuatro años, y 0,5% en el marco de un mismo año, como catalizador para abrir procedimiento de déficit excesivo a los países. En su lugar, los eurodiputados han propuesto que esta desviación sobre la senda de gasto sea del 1%.
Por otro lado, la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara ha considerado que se extienda a 10 años el plazo para cumplir con la reducción de la deuda para aquellos países que superen el umbral del 60% sobre el PIB, así como cláusulas para permitir más inversiones y aumentar la ampliación nacional en los planes. A nivel práctico, los países contarían con al menos 14 años, extensibles a 17 años para corregir su situación, reforzando las dimensiones sociales y de inversión del sistema. Y, en caso de cambio de gobierno, un Estado miembro puede presentar a la Comisión un plan fiscal nuevo o revisado.
Además, han demandado también que la Comisión Europea explique, en un nuevo texto legislativo, cómo se evaluará la sostenibilidad de la deuda. Una fórmula con la que se pretende dotar a la norma de mayor predictibilidad y que permita a los Estados miembro y a los eurodiputados llevar un escrutinio de la evolución de la deuda.
