Bruselas
Tras una larga noche de negociaciones, los ministros de Economía y Finanzas de la UE se acercaron en la madrugada de este viernes a un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales. Quedan por desenredar son los últimos flecos: la divergencia entre países partidarios a excluir los intereses de la deuda en la senda de ajuste entre 2025 y 2027 y los que rechazan tal flexibilidad. Las conversaciones técnicas continuarán en un intento por cerrar un acuerdo antes de final de año, según la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. De resultar necesario, se convocará un Ecofin extraordinario para sellar la reforma en la semana del 18 de diciembre.
Uno de los principales escollos de la negociación radica ahora en si los intereses de la deuda computan a la hora de calcular las sendas de ajuste de cada país. Francia e Italia se inclinaron por la flexibilidad. La propuesta de París se topó con el rechazo de los pequeños frugales. Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Austria, Luxemburgo e Irlanda se opusieron a excluir los intereses de la deuda del cálculo de las sendas de ajuste estructural.
Las reglas fiscales, que fueron suspendidas por la pandemia, volverán a aplicarse en enero de 2024, es decir, en medio de un contexto de altos tipos de interés. Por ese motivo, París y Roma han defendido que, durante los tres primeros años, hasta 2027, no se incluyan los intereses de la deuda en el cómputo del gasto, a cambio de dar margen a incentivos y reformas.
Además, la última propuesta de texto sobre la mesa lleva un paso más allá ese objetivo de déficit por debajo del umbral del 3% del PIB que reclamaba Alemania. Después del encuentro de este jueves, el texto contempla que los países con una deuda superior al 90% deberán tener colchones fiscales del 1,5% sobre el PIB, mientras que aquellos cuya deuda se sitúe entre el 90% el máximo del 60% sobre el PIB, pueden fijar un objetivo de déficit del 2%. Un cambio respecto a la versión anterior, que establecía un 1,5% en ambos casos y que incomodaba a países menos endeudados.
Ese colchón fiscal era uno de los requerimientos de Berlín, igual que la salvaguardia para la deuda. La revisión contempla una reducción anual de la deuda del 1% para aquellos países que superen niveles del 90% del PIB, y del 0,5% en casos en los que el pasivo se sitúe por debajo del 90% pero por encima del umbral del 60% del PIB.
Las nuevas reglas fiscales establecen sendas de ajuste individualizadas para cada país que garanticen una trayectoria descendente y sostenida para la deuda, para los Estados miembro que superen los límites máximos del 3% del déficit sobre el PIB y el 60% de deuda sobre el PIB. La Comisión Europea vigilará que la senda de gasto de los países no acumule desviaciones superiores al 0,75% en el periodo de ajuste de cuatro años ni tampoco del 0,5% al año. De alejarse de estas directrices, y rebasar tales umbrales, la Comisión podrá abrir una investigación y, si lo considera, procedimientos por déficit excesivo a los Estados miembro que incumplan.
La cena informal del jueves por la noche prometía ser larga. Partía de la propuesta que España puso sobre la mesa, en calidad de presidencia rotatoria del Consejo de la UE y arbitro en las negociaciones, y se zanjó sin un acuerdo y a altas horas de la madrugada. Las discrepancias tras ocho horas de conversación se mantenían: Francia pedía más flexibilidad para el ritmo de reducción del déficit y, con Italia, rechazaban que se consideren los intereses de la deuda para calcular el ajuste del déficit estructural.
Entre esos puntos de tensión radicaba el ritmo de reducción de déficit del 0,5% anual, para países que superen el umbral del 3% del PIB, que figura en la propuesta de partida de la Comisión Europea. El ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire, reconocía en la mañana del jueves haber aceptado las peticiones de Alemania, pero requería más flexibilidad para las inversiones. Concretamente, para aquellos países a los que se abran procedimientos por déficit excesivo, Le Maire reclamó que se pueda realizar un ajuste del 0,3%, en lugar del 0,5% obligatorio que ya figura en la propuesta de la Comisión, si se ejecutan inversiones y reformas estructurales durante el periodo de ajuste de 4 años.
De hecho, Francia y Alemania, el motor de decisiones de la UE, han negociado en los últimos meses en paralelo a sus homólogos europeos en un intento por agilizar la reforma. A su llegada al encuentro el 90% del texto estaba acordado entre los dos países, sin embargo, quedaban todavía elementos por concluir.
El 2024 marcará la vuelta a la aplicación de las reglas fiscales después de que se suspendieran durante la pandemia, con la activación de la cláusula de escape. La revisión se planteó como necesaria después de que los años de crisis financiera probaran que la anterior gobernanza económica era poco realista en su aplicación.
En un intento por dejar atrás las políticas de austeridad, se planteó una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en búsqueda de una nueva fórmula más flexible, con espacio para las inversiones y no solo los ajustes como en la versión anterior. La propuesta de partida de la Comisión Europea partía de planes de ajuste individualizados para cada país, negociados con Bruselas, a cuatro años, extensibles a siete si se realizan inversiones. La vigilancia, que ejercerá la Comisión Europea, se focaliza en un límite al gasto.
La revisión, según defiende Calviño, simplifica la gobernanza económica porque los planes se centran en un único indicador de seguimiento: la senda de gasto. Además, asegura que el sistema permitirá espacio para las inversiones mientras se reducen los niveles de deuda pública.
