
El ahorro complementario para pensiones es una de las máximas a largo plazo para los autónomos. Históricamente, este colectivo tiene menores bases de cotización que resultan en una brecha superior a 500 euros de media entre la prestación de jubilación de los trabajadores por cuenta propia y los asalariados. Una de los desarrollos en materia de previsión social de la última legislatura han sido los planes de pensiones de empleo simplificados, diseñados para intentar atraer a las pymes y los autónomos. En resumen, para ampliar la cobertura a más trabajadores. Sin embargo, las aportaciones predominan entre las rentas más elevadas.
Los nuevos planes de empleo simplificados incorporaron como novedad la posibilidad de realizar aportaciones a planes de empleo, colectivos, para un empresario individual. La combinación de las aportaciones a planes individuales (1.500 euros) y los simplificados (otros 4.250 euros) permiten a los autónomos ahorrar para complementar su pensión, con deducciones en la actualidad en IRPF y cuotas a la Seguridad Social; aunque el rescate de los planes se tributa como capital en el IRPF al ser computados como rendimientos de trabajo.
El perfil facilitado por dos empresas financieras del sector de los planes de pensiones, Indexa y Cobas, además de la visión de la asociación de trabajadores autónomos, ATA, apuntan en esta dirección: predomina el ahorro complementario entre los que ya tienen mayores ingresos anuales, así como un patrimonio más elevado.
Entre los clientes autónomos de Indexa predominan aquellos que declaran ingresos considerablemente superior al salario medio en España, que ronda los 27.000 euros brutos, en el tramo de 40.000 a 60.000 euros anuales. Igualmente, están aportando a los planes de empleo simplificados aquellos cuyo patrimonio está entre 100.000 y 500.000 euros.

Esta misma sensación se observa en el plan de Cobas, que acumula unos 3 millones de euros. Este perfil está aportando la mayor cantidad posible, que está limitada en 5.750 euros deducibles en la renta y en cotizaciones sociales. A su vez, hay una mayor presencia masculina (80%) dentro de este producto.
Este producto está en desarrollo desde julio, cuando el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sacó adelante el reglamento de los planes y fondos de pensiones. Tras diversas reducciones del límite en aportaciones deducibles en los planes individuales, que bajó de 8.000 euros a 1.500 euros en tan solo dos ejercicios, se trató de potenciar el segundo pilar.
"El 40% de los autónomos tenía contratados planes de pensiones individuales antes de la reforma y eran aquellos que tenían mayor capacidad de ahorro o que los tenían por estar estos vinculados a otros productos bancarios", explica Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva ATA, la asociación de autónomos vinculada a la patronal empresarial CEOE. "Creemos que en un primer momento lo que se va a producir es un trasvase progresivo de ese 40% en planes individuales a planes simplificados. Estimamos que al menos un tercio de los autónomos se adhieran a planes simplificados en los próximos 5 años, pero podrían ser aún más si se incrementasen los incentivos", destaca.
Las previsiones que trasladan los autónomos al Ministerio son conservadoras. Mantienen su previsión de ingresos en los tramos bajos, por tanto cotizan a razón con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. La incertidumbre y volatilidad en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, señalan desde la patronal, dificultan la aportación a planes de empleo pese a tener expectativas de aumentar el número de partícipes en este nueva solución de ahorro.
"La contención general de los salarios por término medio deja poco o ningún margen al ahorro previsional, necesitándose los ingresos para los gastos corrientes u otras inversiones más acuciantes como la vivienda o la crianza de los hijos, lo que hace que en este panorama dicho ahorro, incluso aunque se incentivara, no constituya una idónea solución de recambio a los ajustes que, antes o después, va a haber que hacer en las pensiones del sistema público de reparto por factores demográficos y de longevidad entre otros. Pero es una cuestión de medio-largo plazo que puede conocer muy diversas evoluciones", reflexiona el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges.
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