Economía

Díaz plantea un subsidio por desempleo compatible con el trabajo durante 45 días

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a las vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. EP
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La guerra dentro del Gobierno por los subsidios por desempleo mantiene en ascuas a las responsables de Economía y Trabajo, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Fuentes del ministerio dirigido por la vicepresidenta segunda del Gobierno apuntan a que las competencias en este aspecto corresponden a la cartera de Trabajo y no aceptarán propuestas que supongan recortar las ayudas, sino ampliarlas. Destaca la compatibilidad del subsidio en hasta 45 días, en caso de que los parados encuentren un empleo. Este es el tiempo que, desde el equipo de Díaz, consideran que tarda en desaparecer la inestabilidad en un nuevo puesto, de modo que es necesario mantener la protección en las fases iniciales a la reincorporación al mercado laboral, sin perder la protección del subsidio.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda expresaron su descontento con las propuestas económicas que, según ellas, apuntaban a recortar un subsidio para desempleados que se recibe una vez agotada la ayuda contributiva. Sin embargo, negaron que se vayan a introducir medidas de ese tipo y destacaron que se implementarán acciones que aumentarán esta prestación durante el primer año.

Según estas fuentes, Economía habría planteado inicialmente elevar la edad para recibir el subsidio de 52 a 60 años, aunque posteriormente retiraron esa propuesta, y una modificación de la Ley de Sanciones e Infracciones del Orden Social (LISOS) para que las sanciones a los parados actúen como incentivos para la búsqueda de empleo y contra la economía sumergida, según han relatado las mismas fuentes. Sin embargo, siguen considerando reducir la duración del subsidio de 30 meses a 12 meses después de agotar la ayuda contributiva.

En cuanto al monto del subsidio, mientras el Ministerio de Trabajo propone aumentar la cantidad de 480 a 660 euros en los primeros seis meses y superar los 500 euros en el segundo semestre, Economía defiende mantener los 480 euros actuales. Además, proponen introducir reducciones progresivas en el tercer y cuarto trimestre de cobro. Según estas fuentes, Economía plantea que, durante los 12 meses de percepción, los primeros tres se cobre el 100% del Iprem (600 euros actualmente), para después bajar al 80% del Iprem (480 euros mensuales) en el segundo trimestre; al 65% del Iprem en el tercer trimestre (390 euros) y al 50% en el último trimestre (300 euros). La media del subsidio sería de 442 euros durante todo el año.

El equipo de Yolanda Díaz mostró su desacuerdo con estas propuestas y enfatizó que la reforma legal es responsabilidad de la Vicepresidencia Segunda. Afirmaron que la reforma ya ha sido discutida con detalle con la Comisión Europea, en más de 70 reuniones, como parte del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Critican los planteamientos del equipo de Calviño por contribuir, en su opinión, a estigmatizar a los desempleados que no logran encontrar trabajo. Consideran que aquellos que no trabajan es porque no pueden hacerlo y que nadie estaría satisfecho con percibir solo 480 euros al mes.

La reforma, originalmente programada para ser aprobada en diciembre de 2022, se pospuso debido a diferencias en el Gobierno y al adelanto de las elecciones generales. Ahora se busca implementarla en junio de 2024, aunque desde el Ministerio de Trabajo señalan que debido a su complejidad, podría introducirse de manera progresiva.

Que plantea el Ministerio de Trabajo

Actualmente, el subsidio por desempleo dura 30 meses a 480 euros mensuales, excluyendo a grupos como menores de 45 años sin cargas familiares (unas 150.000 personas) o trabajadores eventuales de la agricultura (cerca de 250.000).

Con la reforma propuesta por el Ministerio de Trabajo, se eliminarán estas exclusiones y se mantendrá la duración de 30 meses. Se establecerán tres niveles: durante el primer semestre, el subsidio será del 110% del Indicador Público de Efectos de Rentas Múltiples (Iprem), aproximadamente 660 euros, aumentando en 180 euros. En el segundo semestre, disminuirá al 90% del Iprem (540 euros), y luego se mantendrá en los 480 euros actuales, que equivale al 80% del Iprem.

En cuanto a la compatibilidad con el regreso al empleo, se permitirá durante 45 días sin limitaciones salariales, para que no existan preocupaciones si no se supera un período de prueba en un nuevo templeo. Además, en la propuesta de Trabajo los subsidios se revisarán trimestralmente y no de manera mensual para que los desempleados no tengan que estar diariamente pendientes de incumplir algunos requisitos de renta que les hagan perder el subsidio.

La reforma eliminará el mes de espera para recibir el subsidio y establecerá un período de revisión cada tres meses. También reforzará los servicios de apoyo y orientación para personas desempleadas. Si, a pesar de los servicios de empleo, la persona no encuentra trabajo al finalizar el subsidio, se facilitará la transición a la protección asistencial, especialmente al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Ministerio de Yolanda Díaz tiene la intención de llevar esta reforma legal adelante lo antes posible, aunque se espera negociar el texto con los agentes sociales en los próximos días.

Políticas de empleo, no sanciones

El Ministerio de Trabajo enfatiza que las políticas activas de empleo son las vías clave para alcanzar el pleno empleo, y no considera que las sanciones sean la solución. Insisten en que la mayoría de los desempleados desean trabajar y señalan que el 80% no agota sus prestaciones, principalmente porque consiguen empleo antes, en tanto que un 56% deja de cobrarla antes de agotarla porque encuentra un empleo; de estos, el 63% vuelven a cobrar subsidio debido a los flujos del mercado laboral español (el resto se jubila o emigra).

Desde el equipo de Díaz sostienen que su enfoque está alineado con las posturas defendidas por los sindicatos y la patronal. Consideran que la clave está en políticas que promuevan activamente el empleo en lugar de imponer sanciones.

El planteamiento del ministerio dirigido por Díaz implica un mayor gasto porque eleva la cuantía de la prestación y el universo de los posibles beneficiarios en unas 400.000 personas (actualmente, el subsidio lo cobran unas 800.000 personas).

El Ministerio de Trabajo resalta sus políticas destinadas a mejorar las prestaciones, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta actualmente con un superávit cercano a los 4.800 millones de euros. Por tanto, mantienen que esta reforma contaría con la financiación necesaria para acometer el cambio

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